Acceder a una vivienda no es nada fácil en España, a pesar de ser un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ni adquirirla ni, en muchos casos, alquilarla. Los precios en las grandes ciudades siguen estando por las nubes. Con el Gobierno progresista y reformista de Pedro Sánchez se debería legislar para impedir que esta burbuja del alquiler termine en algo peor.

Es cierto que ya se está trabajando sobre ciertos puntos, pero quizá sea insuficiente. Esto es al menos lo que piensa Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, en una entrevista concedida a elDiario.

Una de las medidas impulsadas por el Gobierno de Sánchez es la prohibición de la venta de viviendas de protección oficial a los fondos buitre, “para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso asuman sus responsabilidades políticas y económicas”, como dijo en sede parlamentaria el líder socialista.

Hay que ir más allá

Para Palomera esta es una medida “básica”, pero apunta más allá: “El problema de los fondos buitre es que están penetrando en el mercado privado, sobre todo desde que se legislaron en 2012 las socimis que ya había creado el PSOE. Estos vehículos de inversión en alquiler no pagan Sociedades. Esto distorsionó totalmente el mercado de la vivienda, puso una alfombra roja a fondos oportunistas de todo el mundo para que empezaran a adquirir enormes paquetes de viviendas en todo el estado, especialmente en grandes ciudades, y destinarlo al alquiler”.

Como apunta el periódico digital, otra de las medidas es la puesta en disposición de 22.000 viviendas de alquiler social, “una cifra irrisoria”, en palabras del portavoz del sindicato, quien asegura que una cifra medianamente seria oscilaría en torno al millón.

Otro problema que pretende atajar Sánchez es el de la vivienda vacía. La secretaria general de Vivienda del Ejecutivo ya comentó a comienzos de agosto que “toda vivienda vacía es demasiada vivienda vacía”. En este sentido, Palomera afirma a elDiario que hay que forzar a los grandes propietarios y a la banca a poner viviendas vacías a disposición de la gente. “Y esto solo se consigue con multas contundentes”, apunta.

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