El déficit público alcanzó en 2015 los 56.061 millones de euros, lo que representa el 5,16% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas. Un mal dato que complica los planes del nuevo gobierno y que, a la vez, enciende las alarmas en la UE.
España ha vuelto a incumplir el objetivo de déficit y lo ha hecho por un margen muy superior al que había adelantado el propio presidente del Gobierno. Rajoy había hablado a principios de febrero de un 4,5% del PIB, pero la cifra se sitúa finalmente en el 5,16%.
El desfase es especialmente preocupante porque se produce en un año de crecimiento económico y, por consiguiente, de aumento de la recaudación fiscal, lo que debería haber permitido acercarse al objetivo del 4,2%. Sin duda, los efectos del año electoral, comicios autonómicos, municipales y generales han contribuido al desajuste, unido a las fisuras en la financiación de la Seguridad Social, lo que, en conjunto, ha terminado de echar por tierra la consolidación fiscal.
El incumplimiento va a provocar un profundo malestar en la UE, que viene comprobando con muy malos ojos desfases de nuestra economía sucesivamente desde el año 2008 sin que las reformas llevadas a cabo hayan dado los frutos esperados.
El malestar de la Comisión se fundamente en que España ha incumplido los objetivos, incluso una vez rebajados, de forma recurrente durante los últimos años. Por décimas, pero lo ha hecho. Y el caso de 2015 parece colma todas las malas previsiones anteriores. En este caso concreto del año 2015, aunque la economía española creció un 3,2%, el mayor ritmo desde 2007 y la tasa más alta entre las principales economías europeas, el no ha intensificado su labor para alcanzar la meta de reducir el déficit hasta el 4,2% o, al menos, acercarse lo más posible, de una manera sustancia. Hasta ahora, el Gobierno situaba sus previsiones en el 4,5%, en tanto que la Comisión contemplaba el 4,8%.
Así las cosas, las autoridades europeas ya han manifestado su oposición a dar más flexibilidad a España en distintas ocasiones durante las últimas semanas.
En este momento y antes de que finalice el mes de abril España deberá remitir a Bruselas el Programa de Estabilidad en el que el Ejecutivo comunitario ha pedido incluir medidas para evitar desvíos no previstos de las cuentas públicas.
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