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Los pensionistas, primero

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Nurse consoling senior woman holding her hand

No ha llegado Rajoy a la investidura, y mucho menos al gobierno, y ya tiene enfrente a toda la oposición, con la excepción servicial y razonable de Ciudadanos, que piensa cumplir el papel de báculo del poder que le corresponde, aunque de momento se niegue a entrar en el equipo ministerial.

El primer asunto de alguna relevancia tratado por el parlamento en esta nueva tesitura y que ha saltado a la actualidad, a instancias de las organizaciones sindicales pero con el rápido apoyo de todos los partidos –el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), el PNV y la antigua Convergència–, ha sido la revisión de las pensiones para el próximo año. Como es conocido, el gobierno del Partido Popular reformó el sistema unilateralmente para desvincular la revisión del IPC: la subida anual dependerá ahora, si no se modifica el sistema, de la coyuntura económica, y puede oscilar entre el 0,25% y el IPC+0,5%. Y los firmantes de la propuesta de reforma exigen, como es natural, que la subida sea la del IPC. El Gobierno prevé un alza de los precios del 1,2% para el año próximo, y esta debería ser también la de las pensiones, sin perjuicio de revisarla a alza si finalmente los precios suben más de lo pronosticado.

La propuesta puede no prosperar pese a que cuenta con la mayoría absoluta del Congreso porque el Gobierno tiene derecho de veto cuando las propuestas representan una merma de los ingresos o un incremento del gasto presupuestado. Sin embargo, la negativa a acceder a esta demanda que es hoy por hoy razonable –la crisis queda atrás– sería un mal comienzo para el gobierno en ciernes, que debe buscar un rostro amable para conseguir por las buenas los apoyos que necesita para no quedarse anclado en la parálisis.

El pacto de Toledo se firmó precisamente para sacar del debate político –o, mejor, de la demagogia electoralista– un asunto muy serio que requería un tratamiento estable y sin altibajos. Los firmantes de la propuesta han reclamado también la rápida convocatoria de esta instancia parlamentaria, que es donde debería darse respuesta a la cuestión. Porque aunque el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas es un objetivo plausible, lo que debe perseguirse a toda costa es la sostenibilidad del modelo, ya que en la actualidad está claramente desequilibrado, como lo prueba el hecho de que haya habido que acudir tan reiteradamente al fondo de reserva.

Tal sostenibilidad no se logrará mediante simple voluntarismo: hay que optar entre varias soluciones que van desde establecer una tasa específica o un nuevo impuesto –del tipo de la Contribución General Francesa-, hasta cargar el déficit en los Presupuestos Generales del Estado, pasando por una serie de opciones intermedias.

Lo cierto es que el nuevo modelo parlamentario multipolar que se ha creado y que parece que ha llegado para quedarse –va a ser muy difícil a medio plazo que alguien gobierne respaldado por una mayoría absoluta- llega con un claro ímpetu social y humanitario. De momento, los pensionistas están a punto de librarse de un sistema cicatero que posibilitaba la pérdida de poder adquisitivo, algo impensable en un modelo basado en pensiones modestas que rozan el umbral de pobreza y no admiten recortes.

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