Economía

La crisis de las pensiones

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Pensiones y jubilados

Quienes afirman de buena fe que el periodo de provisionalidad política que vive este país desde el 20D resulta completamente inocuo (y se apoyan en los datos macro que se van publicando para justificar esta afirmación) deberían percatarse de que el actual gobierno en funciones no puede emprender reformas cuyo retraso produce perjuicios a la colectividad. Hay un ejemplo bien a mano que es el de las pensiones, cuyo déficit crece vertiginosamente hasta el extremo de amenazar a medio plazo la sostenibilidad del sistema. Porque, como es sabido nuestro modelo es de reparto, es decir, que lo que se ingresa de las cuotas de los trabajadores en activo se utiliza para sufragar las pensiones de los pasivos.

Como es lógico, la actual situación de provisionalidad hace impensable que se aborde ahora la reforma del modelo, o incluso que se acometa el debate que debe preceder a cualquier revisión. Y, de hecho, las propuestas que se formulan sobre este delicado asunto se manejan con extrema frivolidad. Así por ejemplo, cuando el socialista Jordi Sevilla declaró la pasada semana que es preciso sufragar parte de las pensiones con cargo a los impuestos – a los presupuestos generales del Estado-, Rajoy no tuvo más ocurrencia que manifestar que tal aserto era un “auténtico disparate”. Algunos desatinos del presidente del Gobierno en funciones resultan inquietantes, ideologías al margen.

Un informe reciente del Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE) y de la Fundación BBVA analizaba hace pocas semanas el papel de las políticas públicas en la mitigación de los efectos negativos de la crisis económica, y llegaba a la conclusión que habían sido fundamentales para paliar la desigualdad (el índice de Gini ha experimentado una reducción del 45,7% por efecto de tales políticas), con la particularidad de que el mayor impacto ha sido el causado por el sistema de pensiones, que ha producido el 46% del efecto total.

Quiere decirse que el sistema de pensiones no sólo responde a la obligación que tiene toda sociedad avanzada de ofrecer una retribución digna a quien por edad o por otra causa no pueda trabajar y ganarse la vida: también ejerce un papel nivelador que palia la desigualdad. Por todo ello, dicho sistema no puede ser escamoteado, ni rebajado, ni siquiera puesto en cuestión, como lo está siendo actualmente tras una reforma cicatera y de tapadillo que, en la práctica, congela las pensiones, algo inapreciable actualmente por las bajas tasas de inflación pero que podría tener un efecto devastador en el futuro, cuando la situación económica europea se normalice y las tasas de inflación se mantengan en el entorno del 2%, como prevé el BCE para cuando se salga la actual atonía y se recupere la normalidad.

La pervivencia y la integridad del sistema han de quedar, en fin, aseguradas por el Pacto de Toledo, un gran acuerdo de las fuerzas políticas y sociales suscrito en abril de 1995 y que fue una especie de valioso legado testamentario de Felipe González, ya en su última etapa de gobierno.

Pues bien: hoy por hoy, el modelo no es sostenible. Curiosamente, Rajoy dijo al llegar al poder en 2011 que se había encontrado el sistema “al borde del colapso” cuando el déficit de aquel año era de 487 millones; hoy, después de más de cuatro años de gobierno popular, el déficit anual es de más de 17.000 millones.

En efecto, desde 2012, el pago de las pensiones ha requerido recurrir al Fondo de Reserva, que llegó a 66.815 millones de euros a finales de 2011. En 2014, el déficit que hubo de subsanarse superó los 11.000 millones de euros; en 2015, pese a que ya había medio millón de trabajadores más, el déficit fue de 16.707 millones… La tasa de paro exorbitante, el desplome de los salarios, el envejecimiento creciente de la población y una política absurda de bonificaciones a la contratación (que no ha creado más empleo pero que ha arruinado el sistema) han tenido la culpa de semejante desviación, ya inmanejable. En concreto, una recuperación del número de afiliados del 3,2% apenas ha servido para incrementar la recaudación en el 1,3%. Y ello, según un análisis de Borja Suárez, “por tres factores concurrentes. Primero, la intensificación de la precariedad y el deterioro de las condiciones laborales (salariales, en particular) provocada por la ruptura laboral de 2012. Segundo, por la fuerte caída de las cotizaciones de los desempleados abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, reflejo de los recortes y del agotamiento de la protección por el agravamiento del paro de larga duración. Y, tercero, por las inútiles ‘tarifas planas’ y exenciones a la cotización que el Gobierno ha endosado a la Seguridad Social con un coste nada despreciable (casi 2.000 millones de euros)”.

En lo tocante a los gastos, las previsiones que se habían hecho sí se han cumplido, y el incremento del gasto, del 3,4%, se ha debido al incremento de tres elementos: el aumento del número de pensiones de alrededor del 1%; el ‘efecto sustitución’ debido a la cuantía más elevada de las nuevas pensiones con relación a las de los pensionistas fallecidos; y la ridícula revalorización del 0,25%, que permite al gobierno de turno alardear de que no existe ‘congelación’

Lo cierto ha sido que a finales del año pasado, ya sólo quedaban en el Fondo de Reserva 32.485 millones, menos de la mitad de los que había tres años antes… Nada se ha hecho desde entonces, por lo que hay que imaginar que las pensiones se siguen pagando gracias a detraer del fondo nuevas cantidades… Y cuanto más se tarde en tomar decisiones, menos reservas permanecerán disponibles y más inseguridad se abatirá sobre los pensionistas de este país.

En el pasado reciente, el equilibrio entre ingresos y gastos se ha tratado de conseguir reduciendo las prestaciones de los futuros pensionistas. Se ha retrasado la edad de jubilación, se ha calculado su importe tomando en cuenta toda la vida laboral del pensionista (y no sólo los últimos años, que es cuando mayor salario habrá percibido), etc. Pero no se puede proseguir por este camino si no se quiere debilitar todavía más un sistema que está en el límite, a partir del cual las pensiones serían insatisfactorias (bastantes de ellas ya son indecentemente bajas y por sí solas no garantizan ni siquiera la manutención física del pensionista). Por lo que, en efecto, se está abriendo paso tanto en la izquierda como en la derecha -a pesar del dislate de Rajoy- la idea de que una parte de las pensiones debe ser financiada con impuestos. En una primera aproximación, podría cargarse al erario público el paquete de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, así como otras prestaciones del tipo de orfandades, viudedades, salario social, etc.

La necesidad de recurrir a los presupuestos públicos es inapelable porque, según los expertos, en los próximos años, a causa del envejecimiento de la población y de los cambios en la estructura de la población, el gasto en pensiones no bajará del 15% del PIB cuando difícilmente se conseguirán ingresos superiores al 10% (José Ignacio Conde Ruiz, profesor de Economía de la Complutense, proporciona estos datos)

Lo curioso del caso es que bastante antes de que Jordi Servilla propusiera tal solución a la insuficiencia de nuestro actual modelo, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya había considerado públicamente la conveniencia de que los recursos fiscales del Estado atiendan el pago de pensiones… Como se ha dicho, la cuestión no es propiamente ideológica, aunque algún partido pueda enfatizarla más que los demás.

Es en definitiva urgente que se reúna el pacto de Toledo con el objetivo de impulsar las medidas pertinentes para que se consiga la sostenibilidad del modelo cuanto antes, se invierta la actual tendencia –el déficit pase a ser superávit- y el fondo de reserva pueda empezar a crecer para prevenir futuras eventualidades. Esta es sin duda una poderosa razón para que los partidos extremen su capacidad de pacto y consigan lo antes posible un gobierno estable y resolutivo.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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