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Las 5 reformas que harían de España un país competitivo

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Las 5 reformas que harían de España un país competitivo 1

España necesita con urgencia una ambiciosa agenda de reformas para transformar la economía española sobre tres pilares básicos: consolidación presupuestaria, saneamiento del sistema financiero para activar el crédito y la inversión y abordar un exigente plan de reformas estructurales.

De esta forma, se podrá recuperar la confianza de los mercados internacionales y ganar en eficiencia, flexibilidad, capacidad de competir.

La Unión Europea y el mercado único constituyen un ámbito esencial de actuación de la política económica. Esto es especialmente importante para los países euro por su pertenencia a la Unión Monetaria Europea (UEM) que requiere, para funcionar de forma eficiente y equilibrada, que estén presentes dos condiciones: mercados flexibles e integrados que la doten de capacidad de ajuste interno y aproximen el comportamiento cíclico de las economías de sus miembros; y un marco fiscal estable, que evite presiones sobre la moneda, y que cuente con mecanismos de corrección de los efectos asimétricos de los ciclos.

Banderas-UE-e1358888450979Si queremos construir un buen futuro para España debemos aceptar que el devenir no está escrito. Una de las pocas certezas que tenemos en este momento histórico es que solo aquellos que sean capaces de innovar, evolucionar y adaptarse al cambio en un entrono interdependiente y globalizado tienen posibilidades de éxito.

Tras la aprobación de la Constitución del 78, España protagonizó un cambio espectacular que ha permitido culminar con éxito sobresaliente un ejemplar proceso de Transición a la democracia después de salir de la larga y cruenta dictadura con que se había saldado la fratricida guerra civil que desangró a la sociedad y la sumió en el aislamiento, el retraso y el odio nacional, en parte aún no superado plenamente.

Este proceso de transformación que ha sido valorado como ejemplar en todo el mundo ha permitido el mayor avance y modernización para situar a nuestro país entre los más avanzados y valorados por su calidad de vida, mientras el siguiente paso se debe basar en la denominada Estrategia Europa 2020, adoptada en el Consejo Europeo de junio de 2010, y que constituye el nuevo marco de referencia para la coordinación de las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros de la UE.

Establece un ciclo que se extiende hasta el año 2020, a partir de dos instrumentos básicos: los Programas Nacionales de Reformas y las Directrices Integradas 2020, referencia para diseñar los Programas nacionales de reformas.

En este contexto, nuestro país presentó en Bruselas el avance de Programa Nacional de Reformas, de acuerdo con el calendario establecido en la Estrategia Europa 2020, que gira en torno a la consecución de cinco objetivos comunes que han de orientar la actuación de los Estados miembros y de la Unión en relación con el fomento del empleo, la mejora de las condiciones para la I+D+i, el cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático y el uso eficiente de la energía, la mejora de los niveles educativos y el fomento de la integración social avanzando en la reducción de la pobreza. A partir de dichos objetivos se han definido diez directrices orientadas a alcanzar un crecimiento “inteligente, sostenible e integrador”, alrededor de las cuales giran los programas nacionales de reformas.

Por ejemplo, en el campo de la educación, aproximadamente, el 42% de los residentes españoles de entre 30 y 35 años tiene estudios superiores. Esta tasa está por encima de la media europea, que se situaba a finales del pasado año en el 38%;e incluso supera el objetivo promedio puesto por la Comisión Europea para los países comunitarios en 2020 (40%).

Es más, si se toma un país como Italia, con una tasa de formación superior del mismo colectivo de edad del 24%, la superioridad española es aún mucho mayor. Sin embargo, esto no es garantía de una oferta adecuada de profesionales para el mercado laboral, lo que nos indica la necesidad de abordar reformas profundas tanto en educación como en el mercado laboral.

moncloaPrácticamente 40 años antes, España se embarcó en un gran acuerdo de reformas. En aquel momento los Pactos de la Moncloa permitieron la país salir de una dificilísima situación. La crisis petrolífera mundial de 1973 fue devastadora en todo el mundo occidental y terrible para España, que importaba el 66% de la energía. Los últimos Gobiernos de Franco nada hicieron para solucionar el problema, confiados en una absurda entelequia, la pretendida tradicional amistad entre España y los países árabes. Para fraternidades estaba la OPEP: el barril de petróleo pasó en 12 meses de 1,63 a 14 dólares. Para los españoles: el litro de gasolina subió de 7,8 céntimos de euro (12,98 pesetas) a 20,4 céntimos de euro (33,94 pesetas) de 1973 a 1977. No muy distinta fue la evolución del gasoil.

El paro alcanzó en 1977 el 5,7%, y subió hasta el 7,6 al año siguiente. Se superó por primera vez en la historia el listón del millón de parados. Una cifra que hoy se consideraría ridículas, pero preocupantes entonces, sobre todo porque la progresión era espectacular. La deuda exterior acumula 14.000 millones de dólares entre 1973 y 1977, un importe que superaba el triple de las reservas de oro y divisas del Banco de España y la inflación se movía en niveles inimaginables: del 20% de 1976 se pasó a mediados de 1977 al 44%. Para un mejor entendimiento del dato, el promedio de los países de la OCDE estaba en el 10%. Era habitual que los bancos aplicaran un interés cercano a ese 20% a los préstamos a particulares para adquirir un coche o una casa.

Además de garantizar una cierta paz social, los Pactos de la Moncloa supusieron , en realidad, todo un plan económico de muy largo alcance: reforma fiscal, control de gasto público, política de urbanismo, suelo y vivienda… reforma de la seguridad social y del sistema financiero, política energética.

imagesSolo unos años después, el gobierno de Felipe González aprobaría el llamado Decreto Boyer, sobre medidas de política económica, por la necesidad –se argumentaba entonces- de adoptar más medidas “en el sentido de potenciar la demanda interna, por cuanto la desaceleración de la economía internacional está siendo más profunda de lo esperado”. Parece que nos suena algo. En aquel momento, el decreto venía a liberalizar sectores enteros de la actividad económica, que permitirían aprovechar cuanto antes sus efectos sobre la capacidad inversora, la actividad empresarial y la generación de empleo.

Pues bien, la situación actual, como ocurriera en los comienzos de la Transición o en la década siguiente, antes de que España entrara en Europa, lo que necesita España es un programa de reformas que se pueden resumir en 5 fundamentales: 1) el pacto educativo, 2) el plan fiscal que impulse el mercado laboral y la creación de empleo, 3) la siempre pendiente reforma de la Administración, 4) el gran consenso por la unidad nacional y 5) el impulso de la cultura y la agenda digital.

Sin duda, hay otros campos de actividad que precisan programas de reformas, pero estos cinco grandes bloques permitirían que nuestro país alcanzara unos altos nivel de competitividad que relanzarían la creación de empleo y, al mismo tiempo, harían desaparecer el agujero fiscal que nos obliga a un endeudamiento permanente para garantizar el estado de bienestar.

1) El pacto educativo

El pacto educativo no ha sido posible gobernando PSOE o PP, pero no debe aplazarse más para establecer un marco que haga posible un consenso fundamental de mínimos que permita que, en el futuro, nuestro marco educativo alcance un prestigio similar al que ha alcanzado el sistema sanitario en España.

2008-10-22_IMG_2008-10-15_02.20.58__X0402ELCHE.jpgEl pacto debe revalorizar la profesión docente, de forma que el papel del profesor sea verdaderamente protagonista, como dijo Sarkozy “una escuela de autoridad y respeto, quiero una Francia donde el alumno se levante cuando entre el profesor”. Además, debemos tener en cuenta que no es en el BOE donde se mejora la escuela, sino en las aulas, en los centros y en los barrio, ya que la igualdad educativa no se arregla solo con una política generosa de becas, es necesario aumentar el ‘efecto escuela’, es decir, su capacidad para compensar las influencias socieconómicas.

El pacto hará posible una reforma para la calidad en la educación primaria, con medidas para detectar precozmente las dificultades en el aprendizaje, minimizar los riesgos de abandono educativo y mejorar el aprendizaje en competencias clave para el desarrollo académico.

La reforma para la calidad educativa en la nueva etapa garantizará que la Formación Profesional Básica amplíe sus contenidos respecto a los anteriores estudios para reforzar su orientación hacia

la inserción laboral. Al mismo tiempo, se establecerán nuevos incentivos para que las empresas incorporen a jóvenes en proceso de formación, complementando las políticas en materia de

educación e investigación con bonificaciones a la Seguridad Social para aquellas empresas que facilitan periodos de prácticas o contratan laboralmente a tales jóvenes, permitiéndoles enriquecer su proceso formativo con experiencia profesional retribuida.

2) El plan fiscal

El plan fiscal debe impulsar el mercado laboral y la creación de empleo cuyo eje central es el objetivo de estabilidad presupuestaria que exige situar el déficit de la administración pública por debajo del valor de referencia del 3 por 100 del PIB en 2016. El aumento del gasto social y la menor recaudación registrados durante los años más duros de la crisis fueron contrarrestadas con medidas de reducción de gasto público y de aumento de ingresos, todas ellas necesarias para el saneamiento de las cuentas públicas. Estas medidas ahora se combinan con medidas orientadas a favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo.

250px-Real_Casa_de_la_Aduana_(Madrid)_02Analizando la consolidación fiscal seguida los últimos años para la reducción del déficit público se han adoptado medidas por el lado de los gastos y por el lado de los ingresos, para lograr la contención del crecimiento del gasto por debajo del crecimiento del PIB nominal.

En todo caso, son necesarias reformas estructurales para incrementar la demanda, más inversión pública y, como ha recomendado el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, abordar recortes de impuestos.

Hay que bajar los impuestos si queremos recuperar el crecimiento y el empleo, no hay otra salida. Reducir el IRPF tiene un impacto evidente en el bolsillo de los contribuyentes, aunque se debe abordar una reforma fiscal de verdad, que implique cambios reales en todos los impuestos, en busca de aumentar la recaudación y elevar el ahorro, y un análisis en profundidad de la viabilidad del sistema de pensiones. El marco de estas tres decisiones es una negociación con Bruselas que amplía la capacidad de maniobra presupuestaria en España.

Por ello, se debe mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y la neutralidad tributaria, ambas como elementos para estimular el crecimiento económico, generar ahorro para favorecer el proceso de desendeudamiento y la recuperación de la inversión, de manera que se aprovechen las ganancias de competitividad surgidas de las reformas estructurales.

De esta forma, se profundizará en la modernización y simplificación de los principales tributos, para eliminar distorsiones y beneficios fiscales y ensanchamiento de las bases imponibles para mejorar la equidad.

El nuevo plan se basará en la progresividad: con más impacto en las rentas medias y bajas, para lo que se adoptarán medidas que permitan contribuir al crecimiento económico mediante una rebaja de la fiscalidad sobre el trabajo, en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas y una rebaja de la fiscalidad sobre el capital, en el Impuesto de Sociedades. Al mismo tiempo, es preciso incentivar las actividades industriales, las inversiones en I+D+i y las actividades culturales.

3) Reforma de la Administración

Parte del convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas modernas, transparentes y ágiles.

Por tanto, es preciso aplicar medidas que computen ahorros en la gestión de las tecnologías de la información como soporte para la prestación de servicios, en la transparencia y en la participación ciudadana y en el proceso de elaboración normativa.

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo integrará toda la regulación del proceso de elaboración normativa, lo que supone, por una parte, una profunda revisión para dotar de mayor eficiencia y agilidad a la actuación pública, potenciando la administración electrónica. Por otra parte, mejora el proceso de elaboración normativa, aportando mayor estabilidad y seguridad jurídica, así como transparencia.

Al mismo tiempo, es preciso promulgar una nueva norma de Régimen Jurídico del Sector Público

Destinada a dota de máxima claridad y coherencia a la regulación del sector público en España y regulará las relaciones entre Administraciones. La norma favorecerá la racionalización organizativa y establecerá los principios para la creación de cualquier nuevo organismo o entidad pública; así como lograr la plena incorporación de los medios electrónicos en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, con los consiguientes efectos en términos de eficacia y eficiencia.

Todo lo anterior se completa, a su vez, con la reforma de la Ley de Contratos, que responde a la necesidad de transponer las directivas comunitarias, lo que implicará un mayor peso de la calidad y la experiencia, primando sobre el precio, en las adjudicaciones públicas.

4) El gran consenso por la unidad nacional

El choque de trenes provocado con el proceso independentista de Cataluña exige un consenso que cierre definitivamente el debate territorial.

Puigdemont_SanchezSe ofrecer respuesta a la cuestión catalana, partiendo de una premisa clara: el actual problema “es político, no jurídico” y sólo se solucionará de forma acordada. Por ello, sede alcanzar un gran pacto de Estado que blinde competencias esenciales de Catalunya -lengua, economía, infraestructuras-, un pacto que posteriormente podría ser votado por los catalanes, con el apoyo de los votantes del resto de los territorios.

Ni una sentencia constitucional ni ninguna ley pueden negar la realidad nacional catalana, pero tampoco puede disolverse un estado desde el marco legal. La crisis presente requiere una solución política, necesariamente negociada. Está claro –llegados a este punto- que ninguna opción política, de un lado o de otro, podrá ser impuesta si se quiere llegar al mismo espíritu de concordia de la Constitución del 78, cuya reforma es muy compleja y sería difícil que se pudiera alcanzar por amplios consensos. Por tanto, acarrearía más problemas que soluciones. Es decir, es preciso un gran acuerdo y una fórmula jurídica que haga posible una mutación constitucional que no altere la Carta Magna. Al final, todos contentos. Parece un milagro, pero solo hace falta voluntad de pacto. Para ello, la fórmula se puede encontrar en una nueva disposición adicional que interprete el nuevo pacto que se alcance, una solución que ya apunto uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que calificó la idea como la vía navarra para el autogobierno catalán.

5) El impulso de la cultura y la agenda digital

Como dijo Umberto Eco “La cultura es la suma de las cosas que una determinada sociedad ha decidido recordar. Pero la cultura no actúa solo como un contenedor. Actúa también como un filtro. La cultura es también la capacidad de echar fuera aquello que no es útil o necesario”.

images-1Debemos colaborar activamente en el proyecto europeo de Mercado único digital, completando la regulación del Mercado Único de las Telecomunicaciones y abordar una profunda revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, así como desarrollar un marco regulatorio equilibrado para las plataformas digitales. Todo ello nos permitirá avanzar en la creación de un marco fiscal equilibrado; integrar a Europa en la economía digital mundial apoyándose en los tratados internacionales; revisar el mercado audiovisual europeo; adaptar los derechos de propiedad intelectual a la sociedad digital; fomentar la digitalización de la economía y garantizar los derechos de ciudadanos y empresas.

Además, en el contexto de la iniciativa de la Agenda Digital, se debe profundizar en el Plan de Desarrollo de Ciudades Inteligentes, para contribuir al desarrollo y la expansión de las TIC como herramienta básica para la transformación de los municipios y entidades locales españolas en entornos donde los servicios al ciudadano se prestan mediante sistemas de gestión inteligente. Además, se extender el acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles y dotar de conectividad a Internet mediante redes de banda ancha ultrarrápida a los centros docentes españoles no universitarios sostenidos con fondos públicos. Al mismo tiempo, se deben abordar medidas cofinanciadas con fondos estructurales de la UE.

En resumen, cinco reformas básicas, no las únicas, para hacer que nuestro país sea competitivo. O al menos para que comience a serlo.

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