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El Constitucional retira la amnistía a Montoro

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Varapalo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la amnistía fiscal de 2012 con la que el Gobierno de Mariano Rajoy permitió a numerosos defraudadores regularizar su situación tributaria. La decisión la ha aprobado el pleno del tribunal por unanimidad.

De hecho, el alto tribunal recoge que una regulación fiscal de este tipo debe realizarse por ley, no por decreto ley. Lo argumenta en la importancia de la medida y recuerda que no se puede usar una iniciativa legal de este rango para facilitar la evasión de rentas en contra del principio de justicia social.

Además, el texto contiene una crítica durísima al Gobierno al que acusa de “abdicar” en su obligación de contribuir para sostener los gastos públicos: “La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.

El alto tribunal viene a decir que el indulto de Montoro legitima el fraude fiscal. La amnistía, bautizada eufemísticamente como Declaración Tributaria Especial (DTE), fue diseñada por el Gobierno del PP para que aflorara, en uno de los peores momentos de la crisis, el dinero que los defraudadores habían ocultado al fisco. En ese momento, la recaudación se desplomaba, el déficit público estaba descontrolado y el país sufría los ataques de los mercados disparando la prima de riesgo a máximos históricos, lo que le abocó al rescate.

Algunos de los protagonistas de los principales casos de corrupción que se investigan en los tribunales se beneficiaron en su momento de la amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo.

La resolución, sin embargo, no tendrá apenas consecuencias prácticas sobre los 30.000 contribuyentes que se acogieron a aquella amnistía siempre que las regularizaciones sean firmes. Solo tendrá efecto sobre las que aún no sean firmes, como pudiera ser el caso Rodrigo Rato u otras personas implicadas en procedimientos judiciales por delito fiscal.

En España ha habido tres amnistías fiscales previas a la que aprobó el Gobierno popular en 2012: en 1977, en 1984 y en 1991. La primera se hizo a través de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes para la Reforma Fiscal. En el capítulo V, dedicado a la regularización voluntaria de la situación fiscal, se contemplaba la posibilidad de que los sujetos pasivos del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas regularizaran su situación tributaria por las rentas percibidas en 1976, mediante la presentación de declaraciones complementarias. En el caso de las personas jurídicas, la ley les ofrecía regularizar sus balances sin sanciones ni recargos, y eximiéndoles también del pago de impuestos, gravámenes o cualquier otra responsabilidad frente a la Administración.

Ocho años después, con Miguel Boyer como ministro de Economía y Hacienda, se aprobó la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros. Entre las medidas que incluía la norma había una que permitía que los defraudadores con rentas ocultas pudieran adquirir pagarés del Tesoro Público. Por las rentas puestas en estos activos no sufrirían ningún tipo de penalización fiscal y, además, se salvaguardaba su anonimato.

En 1991se puso en marcha otra amnistía cuando ocupaba la cartera de Economía el también socialista Carlos Solchaga. Las disposiciones adicionales 13ª y 14ª de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, contemplaban diversas medidas. Entre ellas, se permitía a los titulares de pagarés del Tesoro canjear sus activos financieros por activos de Deuda Pública Especial con un tipo de interés inferior al mercado. El objetivo que se perseguía era conseguir que afloraran las rentas no declaradas invertidas en pagarés del Tesoro u otros títulos similares.

En el terreno estrictamente político, la gran lección que el Tribunal Constitucional da al Gobierno se centra en determinar que el objetivo de alcanzar la estabilidad presupuestaria debe acometerse desde el conjunto del sistema tributario y no con una medida concreta que vulnera la Carta Magna. El. objetivo de Hacienda cuando puso en marcha la amnistía era recaudar 2.500 millones de euros (en torno al 3% del PIB) en un momento en el que los ingresos de la Agencia Tributaria estaban hundidos y el Gobierno había subido el IRPF y preparaba el incremento del IVA. Sin embargo, los números no cuadraron desde el primer momento, por lo que se permitió regularizar bienes prescritos sin tributar.

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