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Predistribución y reforma fiscal

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Dinero PIB

El PSOE y Unidas Podemos acaban de escenificar una guerra galana en el Parlamento a expensas de la  futura reforma fiscal. La formación que acompaña al PSOE en la coalición de gobierno estima que ya es hora de que se apliquen los criterios tácitamente adoptados al establecer la alianza entre ambos, y el PSOE, por su parte, cree que el asunto puede esperar a los resultados de la comisión de expertos formada al efecto, que no tardará en hacer públicas sus conclusiones.

El PSOE es partidario de una reforma más cualitativa que cuantitativa y en cambio UP propone ciertas medidas claramente ideológicas: una subida del IRPF en cinco puntos a las rentas superiores a 300.000 euros (actualmente se han subido dos puntos), un recargo de 10 puntos en el tipo de impuesto de sociedades a las compañías eléctricas que facturen más de 10.000 millones de euros durante cinco años, y un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, sobre el beneficio neto y no sobre la base imponible. De momento, le texto del acuerdo de 2019 es poco concreto —se habla de “estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”—, y es de todo punto lógico que, aunque la pandemia nos ha permitido a todos calibrar el valor de lo público en el bienestar social, el gobierno que gestiona la recuperación económica deje para el final los ajustes fiscales al alza, ya que lo más urgente es no dificultar ahora el crecimiento.

Dicho esto, conviene revisar las viejas convicciones progresistas de la izquierda democrática, que ligaban como un dogma la presión fiscal a la equidad. Y aunque el criterio es correcto en líneas generales, hoy este axioma merece revisión y requiere matices. Sobre todo después de la visita de Piketty a España, donde ha sido recibido por Yolanda Díaz con quien ha mantenido un creativo debate, y luego de la publicación de un resonante ensayo del “World Inequality Lab” titulado “Why is Europe More Equal than the United States?”, firmado por Blanchet, Chancel y Gethin.

Rocío Martínez-Sampere, formada en la London School of Economics, brillante directora de la Fundación Felipe González, comentaba a principios de año, en un artículo de situación,  “el análisis del nuevo estudio de Blanchet, Chancel y Gethin –escuela Piketty– que compara la desigualdad entre Europa y Estados Unidos. Y cómo demuestran que el hecho de que Europa sea menos desigual no es debido a mejores políticas de redistribución (de hecho, el sistema americano redistribuye mejor hacia los más vulnerables) sino a que la distribución antes de impuestos es mucho más igualitaria, resultado de años de inversiones públicas. No se trata tanto del sistema de bienestar, impuestos y gastos, sino de la economía social de mercado. No es tanto insistir en la redistribución para mitigar la desigualdad, sino en mejorar la predistribución, para generarla menos”.

En la predistribución está en definitiva el quid de la solidaridad. Se trata de que los ciudadanos disfruten de una sociedad igualitaria, con un salario mínimo razonable, con un sistema de pensiones que permita vivir con dignidad, con procedimientos de inserción social previsores y suficientes, con un sistema educativo capaz de preparar a los jóvenes para una vida laboral plena, con políticas públicas adecuadas en materia de vivienda, de dependencia y de medio ambiente.., capaces de dotar en fin a la sociedad de un sustrato institucional y previsor que evite apriorísticamente los grandes desequilibrios.

Desde hace tiempo, desde antes de la travesía del desierto de la izquierda democrática cuando Reagan y Thatcher consiguieron alienar a las muchedumbres del planeta con inquietantes cantos al individualismo y a la perfidia del Estado, los socialdemócratas sabemos que la igualdad de oportunidades se consigue realmente dotando a la colectividad de grandes servicios públicos universales y gratuitos. Son los sistemas sanitarios y educativos, y no las reformas fiscales aisladamente, los que reducen los índices de pobreza, los que permiten mantener en marcha ese ascensor social que debería garantizar a quienes ingresan en la vida que llegarán todo lo alto que permitan sus capacidades y sus ambiciones. Es obvio que semejantes prestaciones cuestan dinero que ha de ser previamente recaudado, pero es mucho más eficiente un sistema estatal poroso que proteja y ‘salve’ al individuo a lo largo de toda su vida de modo que el sistema fiscal sea apenas una especie de balance final de equidad, y no un modelo deshumanizado en que los recursos sirvan in extremis para subsidiar el fracaso.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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