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Golpe de mano en la policía catalana

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Cataluña diálogo soberanismo
Manifestación en cataluña

Está depurándose policialmente el “caso Kitchen”, en el que se acusa al exministro del Interior Fernández Díaz y a su equipo ministerial de haber puesto el aparato policial al servicio de su partido.

Según el instructor, los imputados son responsables del operativo policial habilitado con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel que podía comprometer a la cúpula popular o al propio partido.

Inexplicablemente, el juez no ha inculpado a los altos cargos del PP que por razones obvias pilotaban la operación, aunque tales exculpaciones no son todavía definitivas. Los acusados deberán responder de supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación. Como se sabe, Fernández Díaz ha sido además señalado como inductor de la ‘policía patriótica’, que inventó falacias torticeras para desacreditar al independentismo catalán.

La degradación de las instituciones para supeditarlas a intereses particulares es aberrante, pero el PP no ha estado solo en esta deriva. Porque eso es lo que ha hecho asimismo el independentismo catalán, en un sentido distinto al ejemplificado más arriba pero igualmente denigrante y destructivo.

Este comentario se basa en la larga trayectoria manipuladora del soberanismo del Principado pero ha saltado de nuevo a la actualidad con la depuración a que se ha sometido a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica que como es lógico es gobernada por la Generalitat y que, como todas las policías democráticas, es el brazo ejecutor del poder ejecutivo, que ha de tratarla con neutralidad y en el marco de un exquisito respeto a la ley, sobre todo cuando tal fuerza está en funciones de policía judicial.

Injerencias políticas

El actual consejero de Interior, Joan Ignaci Elena, un réprobo del PSC transfugado a ERC, destituyó en diciembre como major de los Mossos a Josep Lluis Trapero, a quien la mayoría nacionalista no ha perdonado que en su defensa judicial por el 1-O manifestara que tenía todo dispuesto para detener en aquella fecha infausta del referéndum ilegal al presidente Puigdemont y a los miembros del Gobierno si la autoridad judicial se lo hubiera ordenado.

Aquel relevo, en el que fue designado major de los Mossos Josep Maria Estela, fue completado por este el pasado día 10 de enero con una renovación integral de la cúpula del cuerpo que implica hasta 31 cambios de nombres, 14 de ellos provenientes de la estructura territorial y 17 destinados a los servicios centrales y de coordinación.

Rápidamente, los medios más inquisitivos han detectado que dicha renovación ha interrumpido diversas investigaciones que mantenían abiertas el major Trapero y miembros de su equipo, como el intendente Toni Rodríguez, que afectaban a diferentes políticos de Convergència, Junts o simplemente situados en la órbita nacionalista.

Los dos policías mencionados tuvieron que protegerse de injerencias políticas para indagar sobre casos como el 3% o de presunta malversación de dirigentes como Miquel Buch y Laura Borràs. Rápidamente, el PSC ha reclamado este lunes la comparecencia del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, y del conseller Elena para explicar los relevos, pero las respuestas han sido tan vulgares como increíbles: se ha querido rejuvenecer y feminizar la cúpula; cualquiera que tenga ojos verá que ninguno de los objetivos se ha cumplido.

Es claro que este cambio en un terreno sumamente sensible permite dudar de la buena fe del actual gobierno, en el que ERC parecía empeñada en acogerse al principio de legalidad y en abandonar la vía unilateralista que todavía defiende Junts. Una purga funcionarial basada en lealtades partidistas y, en este caso, independentistas no es compatible con un Estado de Derecho en el que no existe ni puede existir patrimonialización de lo público.

Y a estas alturas, conviene no olvidar que lo más grave del 1-O no fue la convocatoria de aquella consulta en cierto modo pintoresca sino la previa depravación jurídica del Parlament, que escenificó aquellos inquietantes plenos del 6 y 7 de septiembre, en los que se aprobaron las llamadas leyes de desconexión: la del referéndum de autodeterminación de Cataluña (19/2017) y la de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana (20/2017). El artículo 1 de esta última ley determinaba constituir Cataluña «en una República de Derecho, democrática y social». El primer borrador de aquellos bodrios fue obra de Carles Viver Pi-Sunyer, quien había sido miembro del Tribunal Constitucional español entre 1992 y 2001.

48 horas que cambiaron Catalunya

Fueron 48 horas que cambiaron Catalunya, en palabras de Carles Castro en La Vanguardia: «A un lado, se situaba la legalidad constitucional y estatutaria que exige el apoyo de una mayoría de dos tercios del Parlament para abordar cualquier cambio en el nivel de autogobierno de Cataluña; al otro, una propuesta de ruptura y cambio de régimen político —la república catalana por la vía del referéndum unilateral— impulsada por la mayoría absoluta soberanista de la Cámara.» Una mayoría de sólo 72 escaños en un Parlamento de 135.

Aquel hubiera sido el momento oportuno de aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero Rajoy, siempre pusilánime, creyó oportuno eludir la vía expeditiva y responder al desaguisado mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional previamente avalado por el  Consejo de Estado, y el 12 de septiembre el TC suspendía el desafuero.

El resto de la historia es conocida, se le puede aplicar el calificativo de tragedia —aunque el episodio fuera incruento—, y la sociedad catalana está intentando a duras penas regresar a la normalidad (varias encuestas ponen de manifiesto que la ciudadanía desea ocuparse de gestionar la realidad antes que seguir abonando la utopía, que ha tenido consecuencias nefastas para la socioeconomía catalana).

Tales infracciones a la legalidad española no eran, además, neutras. La ley de transitoriedad jurídica era además un dislate jurídico que dibujaba una sospechosa república provisional en que el poder ejecutivo controlaba en la práctica al parlamento y a la judicatura. Con la excusa de la soberanía, se pretendía someter a la sociedad catalana a un tránsito autoritario de desenlace incierto ya que los puntos de llegada imaginados por ERC, por Junts y por la CUP no había apenas coincidencia (ni la hay aún, en las lucubraciones y teorizaciones de los distintos partidos nacioanlists).

Nuevas inquietudes

Todo estos episodios deberían ser ya agua pasada, cuando empieza a parecer que el conflicto se aplaca y que la cordura vuelve a reinar. Pero hechos como el de los Mossos levantan nuevas inquietudes, nos ponen en guardia a todos y acaban dando al menos una parte de razón a quienes, extramuros del sistema, no solo disienten de la independencia de Cataluña —un sentimiento mayoritario también en Cataluña— sino que querrían arrasar el Estado de las Autonomías para regresar a la castradora uniformidad del pasado no tan remoto.

Sea como sea, el soberanismo catalán debe saber que el que ellos llaman conflicto tiene difícil solución y, desde luego, no tiene ninguna fuera del marco constitucional y democrático.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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