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Cataluña: primero la ley, después el diálogo

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10N Cataluña elecciones

Poca duda puede haber de que el conflicto de Cataluña requiere una solución dialogada, que no sólo puede limitarse al plano político personal. Aunque el establecimiento de relaciones entre los representantes de ambas instancias es útil para el desbloqueo del problema, habrán de ser en última instancia las instituciones las que recompongan los consensos truncados y habiliten vías de futuro. En Canadá, por ejemplo, la solución del viejo contencioso (que ha desaparecido por cierto de escena) sobre la independencia de Quebec se resolvió mediante un espléndido dictamen del Tribunal Supremo (agosto 1998), que desembocó en la Ley de Claridad (el proyecto se presentó en diciembre de 199 y la ley se aprobó en diciembre de 2000), que conjuga los criterios de Derecho Internacional con un gran acuerdo político que ya es vinculante por su fuerza de ley.

Por ello, hay que relativizar la insistencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Torra (JxCat), al pedir reiteradamente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, diálogo sin condiciones. Pere Aragonés (ERC), aunque muy alejado de su jefe de gobierno autonómico, ha adoptado también esta demanda, quizá para dar sensación de unidad soberanista en estas vísperas electorales. Pero el jefe del Ejecutivo español se ha negado de momento a ‘retomar el Pacto de Pedralbes’, el evanescente acuerdo que suscribieron Sánchez y Torra hace diez meses en que se optaba por una solución negociada del conflicto.

Su negativa se basa en el argumento de que desde Moncloa no se ha percibido en las instituciones autonómicas catalanas un rechazo suficientemente claro a la violencia. Violencia física de un sector del independentismo pero también violencia institucional, expresada mediante conductas inaceptables en las estancias de un Estado de Derecho.

La idea de “diálogo sin condiciones” es perfectamente aceptable en democracia, pero con un sobreentendido que Sánchez ha tenido que explicitar: primero la ley, luego el diálogo

La idea de “diálogo sin condiciones” es perfectamente aceptable en democracia, pero con un sobreentendido que Sánchez ha tenido que explicitar: primero la ley, luego el diálogo. No tiene sentido alguno llevar a la mesa de negociación propuestas directamente ilegales o manifiestamente imposibles jurídicamente hablando. Quienes negocian, nunca son completamente adanes, primeros hombres sobre la tierra: en un estado de Derecho, quienes negocian políticamente parten siempre de lo establecido, que puede modificarse (por eso lo nuestro es una democracia) pero no ignorarse.

La división del soberanismo y la provocación al Estado

Las derrotas son siempre huérfanas, y no puede decirse que la alocada carrera del soberanismo hacia la independencia por la vía antidemocrática de la ruptura unilateral haya concluido felizmente: la intentona separatista del 1-O, en palabras utilizadas estos días por Sánchez pero ya muy antiguas, tan sólo ha provocado dolor. Dolor a quienes han visto su vida truncada por su delirante ruptura y dolor a toda una ciudadanía, la catalana, que ha visto enturbiarse sus relaciones sociales, empobrecerse su economía, desacreditarse a los ojos de quienes contemplaron hasta hace poco un país moderno, creativo y feliz.

No es, pues, extraño que las complicidades de ayer se hayan convertido hoy en desconfianza, de tal modo que la familia republicana (el ámbito de ERC), que es hoy claramente dominante en términos cuantitativos, mantiene una relación difícil con la colectividad posconvergente, que ha tenido que cambiar hasta de nombre y abandonar las viejas siglas para disimular el gravísimo escándalo de corrupción masiva capitaneada por el patriarca Jordi Pujol y toda su familia. No ha habido forma de disimular que Junqueras y Puigdemont tienen poco en común, de manera que, aunque soberanistas ambos, tampoco comparten criterios ni procedimientos ni objetivos al margen de la independencia misma. Por supuesto, el hecho de que Junqueras haya asumido sus responsabilidades personales en tanto Puigdemont disfrute de un exilio dorado con palacete y todo no ha ayudado a la convergencia, que se ha vuelto imposible en lo fundamental.

Pero el fanatismo obliga, y los movilizados contra la sentencia del Supremo a instancias de sus próceres no hubieran digerido una fractura demasiado evidente. Por ello, las formaciones independentistas, incluida la CUP, han coincidido en lo único que podía vincularlas: la provocación al Estado. Y, de hecho, Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP han registrado una propuesta de resolución ante la Cámara catalana que, en su apartado 11, afirma que  el Parlament “reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía de Cataluña para decidir su futuro político”.

Se trata –el lector ya lo habrá notado— de una burda provocación al Tribunal Constitucional, que ya había advertido de la improcedencia de regresar a estas posiciones; el secretario general de la cámara catalana, Xavier Muro, consultado al efecto, no ha visto elementos de inconstitucionalidad en el texto, excepto en la utilización del verlo “reiterar”.

En su opinión, de esa manera se podría estar desoyendo al Tribunal Constitucional, que el pasado día 16 apercibió al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al presidente del Parlament, Roger Torrent, entre otros altos cargos, de las posibles responsabilidades, incluida la penal, de desobedecer la suspensión de una resolución aprobada por el Parlamento autónomo el pasado 26 de septiembre en la que se insistía en el supuesto derecho de autodeterminación y en el objetivo de la independencia. Torrent ya ha dicho que si la declaración tiene consecuencias, él está dispuesto a asumirlas. Son palabras al viento. Aunque el martirio es, al menos declarativamente, un gozo para los fanáticos (a la hora de la verdad, hay sin embargo más retractaciones que confirmaciones).

Habrá que ver si las fuerzas políticas, que han relegado la aprobación –o no— de tal propuesta al 13 de noviembre, después de las elecciones generales, mantienen su intención de aprobarla

Habrá que ver si las fuerzas políticas, que han relegado la aprobación –o no— de tal propuesta al 13 de noviembre, después de las elecciones generales, mantienen su intención de aprobarla. Si lo hacen, ERC perdería la posibilidad de liderar una reconsideración racional del conflicto, que debería regresar, por el bien de todos, al terreno de la madurez y de la política. Y si persisten en el error, el Estado no podrá permanecer impasible, sea cual sea  la distribución de fuerzas tras el 10N.

Las dudas sobre la violencia en Cataluña

En otro orden de ideas, a la hora de  plantear el diálogo y la negociación hay que cavilar sobre la sinceridad del repudio a la violencia por parte —al menos— de Torra y de su sector neoconvergente, ligado al nacionalismo más reaccionario e identitario. Jaume Sobrequés, patético historiador enrolado en el particularismo, ha ideado el divertido pero aterrador oxímoron de la “violencia pacífica” y ha traído a colación aquello de Josep Fontana de que nunca un pueblo sojuzgado logró su emancipación sin algún grado de violencia… Otro ilustre miembro del soberanismo militante, Joan Canadell, elegido hace poco presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, ha realizado una declaración inaceptable: “Las imágenes de violencia a partir del pasado martes –declaró— seguramente se hubiesen minimizado si el Estado hubiera tenido una respuesta para dialogar”. Supeditar la paz civil y el orden público a las concesiones políticas de otra instancia no es admisible en un régimen de libertades como el nuestro.

Todo esto podría quedar en el terreno inane de la retórica si la Generalitat, en lugar de enaltecer a sus fuerzas de seguridad que han evitado males mayores en las algaradas violentas que los soberanistas habían organizado a través de un “tsunami democrático” cuyos promotores aún no han sido completamente identificados, ha iniciado una caza de brujas en el interior del cuerpo de los mossos d’esquadra, olvidando su obligación de intentar por todos los medios presentar al juez a los promotores de la revuelta organizada. Tiempo habrá después del día 13 de tomar decisiones, pero han de saber los soberanistas de todos los pelajes que, pase lo que pase el día 10, el Estado no quedará desarmado: permanecerá vigilante y atento, dispuesto a mantener intacto el imperio de la ley.

Iberia Alexa
Antonio Papell
Director de Analytiks

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