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De la República a la Monarquía. De una democracia a otra

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El régimen del 78 fue una creación original en cuya elaboración se utilizaron mimbres antiguos pero fundamentalmente ideas nuevas, algunas de ellas ensayadas en las grandes democracias de nuestro entorno. Salíamos de una cruenta dictadura que ganó una guerra civil y que, tras la victoria, asesinó brutalmente a 50.000 derrotados, a la sombra de los totalitarismos europeos (cuando los totalitarismos perdieron la segunda guerra mundial, Franco viró, pero la crueldad autoritaria permaneció intacta), pero la pulsión predominante que movió montañas y consiguió el gran éxito de la Constitución de 1978 fue el empeño común y conjunto de que se no se repitiera la experiencia guerracivilista. Había que hacer políticamente —la historia nunca puede cambiarse— borrón y cuenta nueva, legalizando a los partidos históricos de izquierdas, dando cabida a la derecha conversa procedente de la dictadura y extendiendo un generoso manto de olvido que planteaba el grave problema, hoy que se ve que no resuelto del todo, de una total impunidad sobre una parte inconfesables del pasado.

Aquel esfuerzo, impulsado por Juan Carlos de Borbón y por Adolfo Suárez que lograron convencer al conjunto de los actores políticos predominantes de todas las tendencias, se plasmó en una hermosa Constitución, en la que participaron juristas de gran talla y mentes preclaras, que ya nos ha entregado más de cuarenta años de vida democrática intensa, en que la alternancia entre partidos de ambos signos ha impulsado una modernización innegable, nunca completa pero sí digna de reconocimiento y hasta de exaltación. Somos, en cierto sentido, los héroes de una proeza que no podríamos destruir impunemente.

Lo que quizá no hemos meditado suficientemente es que con el alarde de 1978, lo que hemos conseguido es vincular dos etapas históricas, ambas esplendorosas aunque muy desiguales, que han perfilado la médula actual de nuestra entidad como país, que han escenificado el gran salto hacia delante de un país que no experimentó en su momento revolución burguesa y que ha tenido que ganarse a pulso la modernidad. La República y la etapa democrática actual  han establecido ya un nexo evidente de continuidad, superador de las tinieblas de la guerra civil y la dictadura, y apenas ahora, al hilo de un debate prolijo y poco pertinente sobre la forma de Estado, ha salido ostentosamente a la luz.

El 3 de noviembre de 1940, acaban de cumplirse 80 años, moría en Montauban, en el exilio, don Manuel Azaña, quien, en los últimos estertores de la guerra, siendo el Presidente de la República en retirada, había dejado el poder en manos del general Miaja, presidente del Consejo Nacional de Defensa, para que oficializara el fin de la cruenta contienda que acabaría consolidando el golpe militar del general Franco y abriendo paso a la ominosa dictadura de casi cuarenta años. Azaña había sido el fundador en 1926 —en plena dictadura de Primo de Rivera— de Acción Republicana, partido democrático, izquierdista y anticlerical, que durante la República se convirtió en Izquierda Republicana, y que participaría en el Frente Popular. Aquel mismo año 26 obtuvo el Premio Nacional de Literatura con “Vida de Juan Valera”.  Fue presidente del Consejo de Ministros entre 1931 y 1933 (también asumió la cartera de la Guerra), un periodo de gran fecundidad en el que se realizaron reformas educativas, económicas, militares, sociales e institucionales, entre las que destacan la reforma agraria, la reforma militar, la creación de un estatuto de autonomía para Cataluña, y la laicización del Estado. Azaña ha pasado a la historia como un gran intelectual, y desde luego como el principal dirigente de la Segunda República, que la presidiría desde el 11 de mayo de 1936 hasta el final. Es decir, Azaña representó la legalidad constitucional durante toda la guerra civil.

En esta ocasión del octogésimo aniversario de la desaparición del prócer, el Estado español ha querido rendir homenaje a este ilustre personaje, enamorado de España, reformista de prosa limpia y clara, impulsor de los grandes cambios que trajo consigo el frustrado régimen que trató de enmendar la decadencia de la monarquía de Alfonso XIII, que naufragó estrepitosamente por su incapacidad y falta de altura de miras. Y esta vez, el homenaje ha estado cargado de sentido porque las máximas instituciones del Estado, incluido el Rey Felipe VI, han participado en las honras a aquel gran español que murió en el exilio y que soñó con gran anticipación las libertades de que algún día disfrutaríamos.

El simbolismo de la presencia regia en la inauguración en el Prado de la gran exposición sobre Azaña no requiere demasiadas explicaciones. Lo que el monarca ha querido subrayar es que el régimen actual ha interiorizado la mayor parte del programa republicano que la exigua clase intelectual de los años treinta pretendía implementar en este país, atrasado y lúgubre todavía.

Dicho de otra forma, Felipe VI ha contestado sin palabras a la izquierda republicana que le censura aquí y ahora explicando que aquella República y esta Monarquía no son en absoluto antagónicas. Si en 1931, el advenimiento de la República supuso una radical transformación encaminada a democratizar el poder, a mitigar las abismales diferencias entre clases, a formar a un país analfabeto, a resolver añejos problemas territoriales, a crear una industria inexistente, etc., hoy el concepto de republicanismo no significa en España más que lo que ya tenemos, a excepción de la forma de designación del jefe del Estado. Se entiende perfectamente que se prefiera una República parlamentaria como la italiana a una Monarquía parlamentaria como la española, pero, dicho con la mayor honradez, la diferencia real en la práctica es inexistente.

En el último tramo del siglo pasado, Maurice Duverger escribió un famoso libro de politología, “La monarquía republicana”, que versaba… sobre la V República Francesa, desde De Gaulle a Mitterrand, depositarios del principio monárquico, verdaderos monarcas en el estilo, la solemnidad y la auctoritas, aunque elegidos democráticamente y con poder ejecutivo real. De aquella enseñanza se desprende que en la Europa actual la forma de gobierno no sólo no es determinante sino que pasa de un modelo a otro con fluidez porque lo relevante es la existencia de poder arbitral y simbólico que contribuya a organizar el sistema representativo. Propongan, pues, reformas de calado los republicanos, en lugar de perder el tiempo con reformas formales, que desencuadernarían la Constitución y nos dividirían en lugar de apiñarnos hacia el objetivo común.

Bateragune, una inoportunidad

La Audiencia Nacional ha ordenado la repetición del juicio por el ‘caso Bateragune’. Seguramente, la decisión es impecablemente ortodoxa en Derecho pero constituye hoy una completa inoportunidad. Y cuando el Derecho colisiona con el sentido común, algo falla en el sistema institucional.

La lucha contra ETA tuvo un hito relevante en 2002, cuando Baltasar Garzón, el juez estrella que organizó el definitivo desmantelamiento judicial de ETA, decretó el cese total de actividades de Batasuna, el brazo político de la organización terrorista, esgrimiendo la tesis de que tanto los propios terroristas como quienes actuaban a la luz en su nombre eran la misma organización, sin distinción posible. En 2003, se promulgó la Ley de Partidos, a partir de la cual el Tribunal Supremo decretó la ilegalización y disolución de Batasuna por sus relaciones con ETA desde su origen. Y Garzón, desde la Audiencia Nacional, vigiló los movimientos de la izquierda abertzale para evitar que Batasuna se reconstituyese. Gracias a esta vigilancia, en octubre de 2009 se llevó a cabo la detención de un grupo de diez personas, encabezadas por Arnaldo Otegi, que pretendía supuestamente reconstruir la Mesa Nacional de Batasuna. Según el auto del llamado ‘caso Bateragune’, estos individuos, entre los que había militantes del sindicato LAB, estaban tratando de convencer a ETA de que declarara una tregua parcial para llegar a acuerdos con otros partidos, como Eusko Alkartasuna, y presentar una candidatura conjunta en las elecciones municipales y forales de 2011. Ocho de los detenidos fueron encausados y el 27 de junio de 2011 se inició el juicio en la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Ángela Murillo. En septiembre de 2011, la Audiencia Nacional condenó a diez años de prisión y a diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos a Arnaldo Otegi y a Rafa Díez, acusados de pertenecer a ETA en grado de dirigentes, y a penas diversas a otras personas. Ningún recurso posterior prosperó y todos los condenados cumplieron sus penas.

Murillo había sido recusada por Otegui en un proceso anterior porque en la propia vista la magistrada mostró ideas preconcebidas con respecto al encausado. Sin embargo, la recusación no prosperó en el juicio del ‘caso Bateragune’, y por esta razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dio en noviembre de 2018 la razón a Otegui y los otros cuatro acusados condenados al considerar que tenían razones para dudar de la falta de imparcialidad del tribunal de la Audiencia Nacional que los juzgó. Ante esta circunstancia, el Tribunal Supremo no tuvo más remedio que declarar nulo el juicio. Y ahora, la Fiscalía ha instado la repetición de mismo, que la Audiencia Nacional ha aceptado.

ETA y sus acólitos han formado una organización criminal repugnante que, además de asesinar a casi un millar de personas, aterrorizar al pueblo vasco y amenazar a todo un país durante décadas, ha dificultado nuestro desarrollo democrático. Sus miembros merecen que todo el peso de la ley caiga sobre sus cabezas, pero estos juicios morales inapelables y la dureza de la ley frente al crimen no deben impedirnos ver la realidad.

Otegui y los demás condenados en el caso Bateragune tuvieron un pasado siniestro, pero no es esto lo que en esta concreta ocasión se juzgaba. Y los hechos han acabado demostrando que su voluntad de conseguir que ETA dejara de matar y abandonara las armas, que es lo que siempre alegaron, era cierta. Muchos no creemos que Otegi se moviera por filantropía o por simple humanitarismo: el objetivo de la izquierda abertzale representada por Otegi era precisamente evitar la débacle final, que finalmente se produjo: después de su último asesinato, ETA quedó reducida a ceniza, y fue fácilmente desmantelada por las fueras de Seguridad del Estado, ni siquiera la historia sesgada del nacionalismo disimulará sus absurdos excesos cuando España era ya una democracia consolidada y la organización etarra se había convertido en una banda de asesinos. No era la piedad sino el cálculo político el que llevaba a Otegi a recomendar a sus conmilitones que abandonasen las armas. Pero no es cierto –y así debería reconocerse— que los movimientos de Otegi y sus seguidores en las fechas anteriores a 2008 estuvieran encaminados a reconstruir ETA y su brazo político. Entre otras razones, porque ETA ya estaba exhausta, a punto de la consunción. Por esta razón, el propio Garzón, hoy expulsado de la judicatura, no cree que sea buena idea repetir aquel juicio, que hoy es un anacronismo.  Quizá el aparato judicial podría en este caso administrar justicia por otro camino.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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