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El precio de la gran pandemia

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Cuentan sus biógrafos que Josep Pla, al llegar a Nueva York a mediados de los cincuenta en compañía de Néstor Luján y en el trasatlántico Guadalupe, se quedó observando atentamente el skyline de Manhattan con sus espectaculares rascacielos iluminados y preguntó con infantil curiosidad: “Y todo esto, ¿quién lo paga?”. El pragmatismo excéntrico de aquel ilustre epígono descreído y escéptico de la generación del 98 salió a la superficie al ver aquellas luminarias de la legendaria escenificación del capitalismo y comprender que tal alarde no era gratis: el sistema debía haber previsto los retornos que permitían mantener el atractivo espectáculo como señuelo.

Aquí, cuando la pandemia ya ha superado el punto de inflexión, Mariano Guindal, un veterano periodista económico, discípulo (como quien firma estas líneas) del gran Manu Leguineche, ha publicado en La Vanguardia un artículo inquietante que parte de una interrogación parecida: “¿Y quién paga todo esto?”.

El artículo de Guindal advierte, como ya ha hecho también el Gobierno, azuzado por las instituciones internacionales, de que hay que actuar con rigor, tratando de recuperar lo antes posible la actividad económica siempre que quede asegurada la salud de los ciudadanos. Las últimas prospecciones del FMI aseguraban que cada semana de confinamiento —y parálisis— representaría una caída del PIB de 0,8 puntos, lo cual, unido al carácter poco dispendioso de Bruselas, debería cargarnos de prudencia. No podemos hacer  “como si a España le hubiese tocado el euromillón y pudiera satisfacer todos los deseos sin ningún sacrificio. Nos están diciendo que todo el dinero que necesitaremos vendrá de fuera, que no habrá que devolverlo y que no nos pondrán condiciones. ¡Esto es Hollywood!“. Este mensaje nos induciría sin duda a error.

Efectivamente, es difícil, con la experiencia que ya tenemos del funcionamiento de la Unión Europea, no detectar algunas dosis de bien intencionado voluntarismo en el planteamiento que realizan algunos sectores del área gubernamental, que contrastan con el realismo pragmático y riguroso de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Pablo Echenique, por ejemplo, se esforzaba hace poco en convencernos de que esta crisis no tiene que ver con la de 2008, cuando se rescató a los bancos y se nos impuso la austeridad; ahora se trata de rescatar a las personas, y Bruselas no se atrevería a imponernos condiciones rigurosas a la hora de habilitar recursos para tal fin. Bella hipótesis pero poco segura de momento.

De momento, el último Consejo Europeo, consciente de que no podía responder con una negativa frontal a la demanda de un ‘plan Marshall’ reclamado por los países del Sur, se ha mostrado condescendiente. Todo el mundo ha registrado el cambio de clima, el distinto lenguaje utilizado por los Países Bajos —la bestia negra de los países meridionales—, pero lo único que se sabe a ciencia cierta de momento es lo que comunicó el belga Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, al término de la reunión virtual: “Hemos acordado establecer un fondo de recuperación que es necesario y urgente”, que  “tendrá una suficiente magnitud y se dirigirá a los sectores y áreas geográficas más afectadas” por esta “crisis sin precedentes”, sin especificar más detalles.

Es obvio que hay, por tanto, incertidumbre en lo fundamental, como lo expresaba la crónica de un periódico económico al día siguiente de aquel histórico Consejo: “Las discrepancias [en el seno del Consejo Europeo] no se refieren tanto a la potencia del bazuca como al carácter de las ayudas. Mientras que países como España, Italia o Portugal defienden un esquema de subvenciones no reembolsables (es decir, transferencias directas de fondos), los halcones del norte, con Alemania y Países Bajos a la cabeza, insisten en que esa ayuda debe canalizarse vía préstamos, aunque sean a muy largo plazo”.

El mismo periódico recordaba a continuación que “Pedro Sánchez defiende la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 1,5 billones de euros y financiado con deuda perpetua, que se repartiría en forma de transferencias a los países más golpeados por la pandemia, entre los que sobresale España, y que, por tanto, no engrosaría sus niveles de deuda pública, que el coronavirus amenaza con catapultar a niveles astronómicos, ni ampliaría aún más la brecha que existe entre países ricos y pobres”. La hipótesis es ciertamente atractiva, y, de confirmarse, Europa habría cumplido sobradamente su misión de paraguas solidario y protector.

Las noticias que llegan después de aquella reunión, y mientras la Comisión Europea está preparando su propuesta para cumplimentar el encargo que recibió del Consejo Europeo, son ambiguas todavía. Alemania ha dicho que está dispuesta a incrementar temporalmente su aportación a la UE para estos fines, mientras llegan los ecos de un debate solapado sobre la legalidad de las subvenciones no reembolsables en el marco de los Tratados. En cualquier caso, de este pequeño detalle depende que España salga de la crisis con una de deuda del orden del 95 % al 100 % del PIB o del 115 al 120 %.

Po otro lado, y como Guindal recuerda, seguimos con los presupuestos prorrogados. Los últimos que se aprobaron en tiempo y forma fueron los de 2016 (con Montoro de ministro de Hacienda) y los de los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020 se basan en aquellos. El Gobierno ya ha desistido de intentar aprobar un presupuesto para 2020 —entre otras razones, porque le sería muy difícil conseguir mayoría a estas alturas— y se ha centrado en lograrlos para 2021… Una tarea ardua porque los apoyos externos del gobierno son muy onerosos, la oposición conservadora esta poco cooperativa y habrá que ordenar y racionalizar todos los compromisos contraídos por causa del coronavirus.

En efecto, Guindal refiere en su artículo el recuento que un responsable económico europeo le ha dibujado en relación al papel eminente del Estado esta difícil coyuntura: “tres millones y medio de trabajadores acogidos a un ERTE cobrarán subsidios públicos; más de un millón recibirán la renta mínima vital; dos millones y medio cobran el desempleo. Si a esto se suman los cerca de nueve millones de pensionistas y los más de 2,6 millones de funcionarios tenemos que el Estado tendrá a su cargo más de 19 millones de personas. Una losa demasiado pesada para un país con tal alto endeudamiento y tan baja productividad. Si a esto se le añade el incremento de gastos sanitarios y el desplome de la recaudación fiscal, el panorama es desolador…”.

Por fortuna, tenemos al frente de Economía a una experta de primer nivel, que ha aparcado su carrera de alta funcionaria internacional para prestar un gran servicio a su país, y es bien posible que consiga el prodigio de la solidaridad europea en términos favorables a España, semejantes a los que ha planteado este Gobierno. Pero en cualquier caso, los presupuestos de 2021 deberán contemplar tales compromisos de gasto que será inexcusable una reconsideración completa del sistema fiscal que haya de sostener la nueva situación. Y no está claro que el centro-izquierda en el poder consiga respaldo suficiente para semejante propuesta, que difícilmente podrá contar con el apoyo de la izquierda independentista catalana, y menos en vísperas electorales en Cataluña. Con la derecha, presionada por Vox, no se puede contar.

¿Cómo se sale de esta?: no hay opción alternativa

Un sector del sistema mediático y la oposición conservadora al gobierno mantienen públicamente la tesis de que el plan de desescalada que ha publicado el gobierno y que ahora hay que desarrollar estableciendo los marcadores que permitan evaluar el progreso de desconfinamiento es imposible de aplicar. Algunos argumentos que se exhiben para llegar a tal conclusión parecen convincentes.

Hay, por ejemplo, quien dice que es absurdo imaginar que los negocios de restauración que hayan de reducir el aforo a un 30% del habitual y que además tengan que invertir algunos recursos en modificar la infraestructura pueden soportar esta carga y mantenerse abiertos. No faltan quienes aseguran que las limitaciones a la movilidad que se han establecido y que no cesarán hasta que se alcance la “nueva normalidad” al final del proceso frustrarán la revitalización del turismo interior, que es el único que puede experimentar cierta recuperación, después del colapso del turismo internacional, que nos proporciona el 70% del negocio.

Diversas voces aseguran que numerosas industrias culturales, como las asociadas al cine o al teatro, no son viables si tienen que limitar también el aforo de forma que se pueda mantener la ‘distancia social’ entre los espectadores. Y analistas acreditados reconocen que no volverá a ser lo que era la industria del automóvil si se mantienen tanto tiempo límites a la movilidad e incluso se establecen fórmulas de teletrabajo que van en contra del inveterado hábito hispano de vivir muy lejos de la fábrica o del despacho.

La racionalidad nos muestra las grandes dificultades del desconfinamiento sin disponer todavía de un remedio para el Covid-19, pero el problema no se debe al diseño del proceso sino a la complejidad del mismo: sin disponer de una vacuna o de un antiviral eficaz contra el coronavirus, no es posible restablecer íntegramente las actividades anteriores a la pandemia en el comercio, la restauración, la hostelería, los espectáculos e innumerables actividades más, guardando al mismo tiempo las precauciones sanitarias que impidan el contagio interpersonal y por tanto la extensión de la pandemia.

La “nueva normalidad” es mucho más delgada y endeble que la “vieja normalidad” puesto que existe una contradicción probablemente insoluble entre el retorno a la actividad y la prevención sanitaria

Dicho de otro modo, la “nueva normalidad” es mucho más delgada y endeble que la “vieja normalidad” puesto que existe una contradicción probablemente insoluble entre el retorno a la actividad y la prevención sanitaria. Dramatizando la polarización, la vieja normalidad sería la enfermedad y la muerte, en tanto la salvaguardia de la vida pasa por unas medidas estrictas que no pueden relajarse si no se quiere revitalizar la epidemia y agravar el ya insoportable número de muertos a causa del maldito virus chino.

Los sectores empresariales afectados por esta insoluble contradicción se quejan del gobierno, que no ha negociado con ellos —sería difícil negociar una restricción de un negocio que lo hace inviable— y que tampoco ha tenido a bien negociar con sus adversarios políticos para buscar una zona de consenso como se ha hecho en otros (pocos) países. Quizá Sánchez debía haber manejado el asunto con más diplomacia, buscando ciertos consensos que sus adversarios no le hubieran podido negar.

Pero la situación es la que es y el problema que se plantea amenaza con sumergirnos en el absurdo: si hay que creer en las amenazas del PP, peligraría la prolongación del estado de alarma, que requiere la convalidación del congreso de los diputados, y sin el cual no puede mantenerse el confinamiento ni limitarse la movilidad de las personas. ¿A alguien le puede caber en la cabeza que la lucha sanitaria contra el coronavirus se venga abajo por el irreconciliable enfrentamiento entre el centro-derecha y el centro-izquierda?

¿A alguien le puede caber en la cabeza que la lucha sanitaria contra el coronavirus se venga abajo por el irreconciliable enfrentamiento entre el centro-derecha y el centro-izquierda?

No se trata, en definitiva, de que el gobierno tenga un modelo de desconfinamiento y la oposición otro, sino de que las minorías, que no tienen opción alternativa que presentar, no están dispuestas, por principios, a secundar por más tiempo las propuestas del gobierno. Un modelo que efectivamente es ingrato para todo el mundo pero que, con los cambios y modificaciones que se quiera, es el único medio de contener la infección. Si alguien conoce un sistema de parar la pandemia que no pase por el confinamiento y el control de la movilidad, que lo diga porque habrá descubierto la panacea universal.

Así las cosas, ¿qué quieren decir quienes hoy amenazan con oponerse a prolongar el estado de alarma? ¿Que, por prurito, por enemistad política, van a eliminar todas las limitaciones legales al contacto social y a la movilidad? ¿Esta es la propuesta del PP, de VOX, de ERC? Cuando hay tantas vidas en juego, resulta indignante que nos encontremos en esta tesitura, que la clase política no sabe gestionar.

El pacto de Estado

Así las cosas, no es difícil de ver que el futuro del país requiere unos consensos fundacionales —de nuevo— que nos faciliten la obtención de recursos para llevar a cabo la recuperación económica en el menor tiempo posible y minimicen el coste de tales ayudas. Parece evidente que la posibilidad de que España consiga ayudas imputables a un fondo no reembolsable depende también, en buena medida, de que el Gobierno español pueda mostrar ante Bruselas tanto una mínima cohesión interior en este sentido cuanto la capacidad de elaborar unos presupuestos generales del Estado que faciliten la aplicación de tales recursos, sin querellas intestinas que hagan dudar a nuestros socios benefactores del buen fin de la aportación.

En estas circunstancias, la susceptibilidad extrema de los líderes, que se irritan sobremanera si el adversario no muestra con ellos tal o cual delicadeza, es indignante para la opinión pública, que no consigue entender como PP y PSOE no están en este momento hechos una piña, luchando por sacar delante a este desvencijado país, que está pagando con decenas de miles de vidas el precio de una catástrofe natural de la que nadie es realmente culpable pero que, de seguir las cosas como hasta ahora, pondrá de manifiesto nuestra escasa solidez como nación.

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Antonio Papell
Director de Analytiks

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