La reforma laboral ha sido un éxito objetivo porque los agentes sociales, haciendo caso omiso al mal ambiente reinante y a la riña generalizada y continua entre los partidos, han sido capaces de conseguir un dificilísimo consenso que mejorará las relaciones laborales, alejará la sombra de conflictividad que pudiera planear y contribuirá a la recuperación económica, tanto por la paz social que se genera de este modo cuanto por la mayor productividad de un sistema de relaciones laborales que funciona basándose en un acuerdo previo de los intereses que convergen en él.

Por ello, porque todo lo anterior es muy evidente, no triunfarán los manejos que todavía se traman para frustrar el decreto ley que ya ha sido promulgado y que ha de ser refrendado por el Congreso en el plazo de un mes (conviene recordar que la reforma de Rajoy de 2012 fue también promulgada por decreto ley, y que no se basó en pacto social alguno, por lo que carecen de sentido las objeciones del PP que afirman que la reforma debía haber sido objeto de una ley ordinaria).

Como es conocido, un sector del sindicalismo vasco trata de boicotear la reforma con el pobre argumento de que no prevalecen los acuerdos territoriales sobre los de sector. Y asimismo, un sector de la izquierda radical que incluye a socios habituales del gobierno pretende abortar este avance porque considera que no se ha llegado lo bastante lejos, cuando lo acordado en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos era la derogación integral de la reforma de Rajoy.

A los ultranacionalistas vascos, habría que decirles que, sin la unidad de mercado, el País Vasco sacaría bien escaso jugo del Concierto de que disfruta con la plena bendición constitucional. Y a quienes querrían ir mucho más lejos, hay que hacerles ver que el punto medio acordado en el tira y afloja que ha durado varios meses ha ofrecido un resultado que mejora claramente los derechos laborales de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad empresarial, de la que a fin de cuentas depende el porvenir material de este país.

Reforma laboral y derogación de aspectos perversos

Algunos —consúltense las hemerotecas— dijimos desde el primer momento, al conocer el pacto de coalición mencionado, que era un documento muy valioso con algunas salpicaduras de utopía, entre ellas la de la derogación de la reforma laboral. Las normas laborales están contenidas en el Estatuto de los Trabajadores —hasta anteayer por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores—, y no se puede proceder a una derogación absoluta de la norma para promulgar después otra porque se generaría un gran vacío inaceptable, previo a un salto normativo generador de graves ineficiencias.

Es como si para modificar determinada orientación del Código Penal se pretendiera derogar todo el Código y sustituirlo por otro. Estas normas evolucionan, cambian, mediante reformas sucesivas, que, en materia de relaciones laborales, y según las costumbres democráticas de Occidente, tienen en cuenta las opiniones y los pactos de los agentes sociales entre sí.

En cuanto a la levedad o no de la reforma, esta deroga los aspectos perversos, desde el punto de vista sindical, introducidos en la reforma de Rajoy con el pretexto de la excepcionalidad de la situación.

De un lado, la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector reducía a cero la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores, ya que siempre podía llegar el empresario, alegando el interés de la compañía, y revisar a la baja las condiciones pactadas (conviene recordar también que los sindicatos, como las asociaciones patronales, tienen plena consagración constitucional). Tras la reforma paccionada del Estatuto, de los Trabajadores. la prevalencia se mantiene… salvo en lo principal: los salarios y los complementos salariales. El empresario puede dirigir como hasta ahora los modos de organización pero no puede rebajar el salario pactado por los sindicatos. Todos contentos.

De otro lado, los empresarios han accedido a que se recupere la ultraactividad, es decir, a que se mantenga la vigencia de los convenios una vez caducados, hasta que sean sustituidos por el siguiente.

En definitiva, y como ha señalado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los más reivindicativos no pueden decir que la reforma no tiene contenido sustancioso que beneficie a los sindicatos.

El Partido Popular no dispone de argumentos para oponerse a una medida que es el resultado de un pacto social, es decir, del acuerdo de empresarios y trabajadores, tan solo arbitrado por el gobierno de turno; de momento, parece que Génova baraja la abstención, aunque no puede confiarse demasiado en un partido que mantiene durante más de tres años su negativa a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Y, desde luego, si algún grupo de izquierdas de la cámara ha pensado en no votar la convalidación de la reforma y quedarse por tanto con la normativa anterior, deberá pensarlo de nuevo porque no es razonable renunciar por prurito a un cambio tan progresista que beneficia además a toda la economía, a toda la sociedad.