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Tsunami democrático, Supremo y Constitucional: llega el cierre del 1-O

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Cataluña 1-O

Se da por hecho que la publicación inminente de la sentencia sobre el 1-O será el definitivo desenlace penal del caso, a partir del cual las partes en conflicto político deberían posicionarse para intentar –los que lo pretenden— encontrar una solución política al contencioso (los partidarios de la revolución, si hay realmente alguno, también deberían tomar como arranque este punto de partida). De momento, Sánchez ha manifestado este miércoles su voluntad de defender en Cataluña “un proyecto político plural y una España que se reconozca en su diversidad”, de forma que si logra gobernar después del 10 de noviembre se ocupará de las “urgencias, demandas y necesidades de los catalanes de a pie”. Paralelamente, las fuerzas independentistas han planteado desatar un “tsunami democrático”, basad sobre todo en acciones de desobediencia civil y que debería durar varias semanas, al menos hasta el cambio de año mediante una movilización permanente; el contenido concreto del ‘tsunami’ permanece en secreto para generar tensión y mantener polarizada la opinión pública.

“No está claro que la sentencia del Supremo sea realmente la definitiva”

Sucede sin embargo que no está claro que la sentencia del Supremo, el máximo órgano jurisdiccional, que será firme por propia naturaleza, sea realmente la definitiva. Hay en concreto síntomas que  permiten avanzar que habrá ruidosa polémica sobre el particular.

La violencia y los límites del derecho de manifestación

Los ‘delitos contra la Constitución’ del Titulo XXI del Código Penal vigente gozan, como es natural, de escasa jurisprudencia. Y por ello, ofrecen amplios márgenes interpretativos. Así, el Capítulo I, dedicado todo él a la Rebelión, define así este delito: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes”. Y se enumeran siete finalidades ilícitas, que van desde “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” hasta “sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”, pasando por, en quinto lugar, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

El Título XXII, dedicado a los “Delitos contra el orden público”, contempla en el Capítulo Primero la Sedición, que queda definida así: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Notoriamente, la diferenciación entre ambas figuras delictivas, la una mucho más grave que la otra, estriba en el concepto de “violencia”: los rebeldes se alzarían “violenta y públicamente”, en tanto los sediciosos lo harían “pública y tumultuariamente”. De forma que, para valorar donde está el límite entre rebelión y sedición, tendrá que aclararse primero el límite en que el derecho de manifestación deja de ser “pacífico” y se convierte en “violento”. En los casos extremos, es fácil el distingo; pero no así en una amplia zona gris en la que cabe la controversia y en que la interpretación que haga el espectador tendrá inevitablemente ingredientes subjetivos. También requerirá aclaración semántica el adverbio “tumultuariamente”, que hoy podría interpretarse como indicativo de “violencia de baja intensidad”.

Todos estos límites tendrán que ser trazados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Es claro que todos estos límites tendrán que ser trazados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la sentencia sobre el ‘procés’ que está, al parecer, a punto de publicarse, y que, según fuentes generalmente bien informadas, enmarcará la intentona separatista en la sedición más que en la rebelión. Pero en los prolegómenos de semejante acontecimiento, ha surgido un inquietante incidente en el seno del Tribunal Constitucional, que con toda probabilidad será invocado en amparo por las defensas de quienes sean condenados por su participación en el referéndum ilegal del 1-O.

Según se ha publicado, gracias a evidentes filtraciones del TC (que está en fase preelectoral ya que debería ser renovado antes de final de año y cuyos presidente y vicepresidenta, Juan José González Rivas y Encarna Roca respectivamente, deberían cesar con la renovación), el magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido habría redactado un borrador de resolución que concedería el amparo –es decir, absolvería de hecho— a los cinco condenados por el Tribunal Supremo en el caso del ‘cerco al Parlament’ el 15 de junio de 2011; como es sabido, la Audiencia Nacional absolvió en primera instancia a casi todos los acusados (salvo a uno declarado en rebeldía); pero la sentencia del TS, de la que fue ponente Manuel Marchena, estimó que los procesados habían paralizado el Parlament y que ello supone afectar al derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y sus votantes. De prosperar en el TC la tesis de Conde-Pumpido, prevalecería en el Constitucional la mayor flexibilidad de la Audiencia Nacional sobre el rigor del Tribunal Supremo.

Una sentencia “dura” del Supremo sobre los procesados en la causa del “procés” —rebelión o sedición— podría encontrarse con la oposición del Tribunal Constitucional

La tramitación del recurso mencionado sobre los hechos de 2011 se ha detenido, en teoría para no perturbar la sentencia del 1-O, pero después de la filtración ya se sabe que una sentencia “dura” del Supremo sobre los procesados en la causa del “procés” —rebelión o sedición— podría encontrarse con la oposición del Tribunal Constitucional… algunos de cuyos miembros se alinean con la posición de Conde-Pumpido, quien invoca —y aquí está el quid de la cuestión— la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ‘caso Atutxa’. Por supuesto, fuentes cercanas a Conde-Pumpido niegan absolutamente que el referido borrador de su autoría tenga esas aviesas segundas intenciones.

Lo que sí es seguro es que finalmente será esta instancia europea la que dirá la última palabra, tanto en el caso del cerco al Parlamento como en el caso del ‘procés’. Y aunque el Tribunal Europeo ya forma parte del ordenamiento jurídico español por la plena incorporación de nuestro país a las estructuras comunitarias, sería deseable para el prestigio de nuestra Justicia y para la buena gestión del conflicto catalán que hubiera concordancia entre nuestros tribunales y los europeos. Y si no la hay, el conflicto podría enmarañarse hasta extremos inquietantes.

Esperemos, pues, acontecimientos con el corazón encogido.

La respuesta al 1-O: el ‘tsunami’ democrático

Como los círculos independentistas se han cuidado de difundir con la intriga y el secretismo habituales, en estas vísperas de la publicación de la sentencia sobre el 1-O se prepara en Cataluña un “tsunami democrático”. Lola García, la periodista que mejor relata los entresijos de la cuestión catalana, ha dado cuenta de los preparativos de ese tsunami, que consistirá en acciones basadas en la desobediencia civil y en la lucha no violenta (de nuevo nos encontramos con el oxímoron la ‘violencia pacífica’ que postula el profesor Jaume Sobrequés).

La estrategia habría sido planeada en Suiza por Puigdemont, reunido con representantes de ERC, la CUP y las asociaciones ANC y Òmnium. En realidad, el tsunami es la activación de una red de activistas dispuestos a organizar las protestas, seleccionados entre los CDR y otros grupos a través de intermediarios. Las fuerzas de seguridad del Estado han indicado que la movilización eficaz de Cataluña requeriría 50.000 activistas, que el soberanismo está muy lejos de poder reunir.

Los preparativos de la respuesta soberanista a la sentencia no publicitan todavía el desarrollo previsto de sus actuaciones, ya que se supone que el efecto sorpresa potenciará su repercusión. Sí es público que la ANC ha preparado marchas que partirán desde Gerona, Vic, Berga, Tárrega y Tarragona, y que en tres días llegarán a Barcelona; y todo indica que se intentarán ocupaciones de infraestructuras críticas para paralizar Cataluña, a pesar de que ya se ha advertido que tales acciones serán perseguidas por la vía penal.

No habrá precauciones excepcionales que pudieran resultar de la aplicación de la ley de Seguridad Nacional de 2015, que proporciona al Gobierno una panoplia de recursos, y la acción policial seguirá el esquema utilizado con motivo del Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona: los Mossos estarán en primera línea preservando el orden público y la Policía Nacional y Guardia Civil custodiarán el interior de las instalaciones… También los soberanistas han planteado la posibilidad de llevar a cabo una huelga general de varias horas, pero de momento los sindicatos de clase no han mostrado su aquiescencia a la medida. En todo caso, los independentistas planean que la presión crezca con el paso de los días y que llegue hasta el mes de enero. Parece un deseo vano y muy difícil de colmar.

El futuro del conflicto

Es pronto para iniciar las especulaciones de por dónde se desarrollará el futuro del conflicto que lógicamente debe arrancar del conocimiento de las sentencias, aunque todo indica que serán condenatorias y graves puesto que varios de los imputados están a punto de cumplir dos años de prisión provisional; sin embargo, quien creyese que con la decisión del Tribunal Supremo se resolverán toda las incógnitas puede estar equivocado, a la vista de la aparente división existente en el Tribunal Constitucional. La provisionalidad de la sentencia del Supremo en este sentido —sentencia firme, hay que insistir en ello, pero que no cabe adoptar como definitiva hasta que se pronuncie Estrasburgo— dilatará el proceso negociador, ya que no parece que ni los condenados ni sus hipotéticos interlocutores —el Gobierno español particularmente— puedan/quieran entrar en el fondo del asunto sin conocer cuál es exactamente la situación real de partida.

Estas evidencias, que auguran que el conflicto judicial se prolongará en el tiempo más de lo imaginado, deberían ser recibidas con prudencia ya que es suicida mantener en tensión a Cataluña durante meses e incluso años. Es posible que no sirva de nada reclamar al Tribunal Constitucional una rápida tramitación de los recursos de amparo que con seguridad se interpondrán y puede que no valga la pena pedir moderación a todos, pero valdría la pena intentar todo aquello que permita abrir cuanto antes un escenario de diálogo que destense la situación, impulse la actividad y devuelva la tranquilidad social a los catalanes.

Iberia Alexa
Antonio Papell
Director de Analytiks

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