Europa

El futuro de las pensiones pasa por Europa (y puede que no sea una buena noticia)

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Pensiones y jubilados

Los pensionistas españoles han ganado una batalla esta semana. El miércoles se anunció que, tras dos años de negociaciones, el Pacto de Toledo acordó volver a ligar las pensiones al IPC real para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. Así se enterraba la reforma del PP del año 2013 y se volvía al consenso de 2011. Pero este modelo es insostenible. Bruselas quizá tenga la solución… y eso puede ser un problema.

El Gobierno, a través del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio José Granado, afirmó el pasado miércoles que el actual modelo de pensiones “solo tiene arreglo para los próximos diez años” y que después se deberá buscar uno nuevo. ¿El motivo? Granado asegura que la llegada a la edad de jubilación de la generación del babyboom elevará la presión del sistema considerablemente.

Como cuenta Javier Jorrín en El Confidencial, ligar las pensiones al IPC es una buena noticia para los jubilados, pero no para la Seguridad Social, cuyas cuentas están muy maltrechas. En España, explica el periodista, los pensionistas prácticamente mantienen el mismo nivel de vida que mantenían cuando trabajaban. Nuestro país es el más generoso con sus pensiones: cuando un trabajador se jubila, “el Estado le garantiza un 78,7 % de su salario (nivel contributivo), una cifra que es casi el doble que la media de la UE, que se sitúa en el 46,3 %”, escribe Jorrín.

¿Estamos pagando unas pensiones demasiado altas? ¿No debería el Estado asegurar una jubilación cómoda para los pensionistas del mañana? ¿Tiene la respuesta Europa? Quizá, pero puede que no sea una solución al gusto de todos. La Comisión Europea parece que tira la toalla a la hora de exigir a los Estados miembros la existencia de unas pensiones públicas suficientes. ¿Qué propone a cambio? Que abracemos el sistema privado. Un golpe más al estado de bienestar.

Dentro del marco de los trabajos de la UE para construir la Unión del Mercado de Capitales (CMU, por sus siglas en inglés), desde Bruselas ya se han diseñado los planes privados de pensiones a nivel europeo, también conocidos como PEPP (pan-European personal pension product). Las opiniones a favor de este sistema asegura que ha sido diseñado para complementar las pensiones personales estatales, ocupacionales y nacionales existentes, pero que no sustituirán ni armonizarán los regímenes nacionales de pensiones personales, como explican desde el blog de Bankinter.

Actualmente, el mercado europeo de pensiones es pequeño, según las entidades bancarias. La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) estima que 67 millones de personas, el 27 % de los europeos de entre 25 y 59 años, tienen un plan de pensiones privado.

Las opiniones contrarias a los PEPP son muchas. Juan Laborda escribe en Vozpópuli que su verdadero objetivo “no es mejorar la protección social, sino alimentar los mercados financieros canalizando hacia ellos más ahorros de los hogares”.

¿Es más seguro el sector privado? Laborda no lo tiene nada claro: “(…) Los esquemas de sistemas de pensiones completamente privados como los existentes en países como Chile no solo no suponen en realidad una protección real de las rentas futuras a obtener, sino que, en determinados episodios de exuberancia irracional, la explosión de una burbuja o la inflación de activos financieros como la actual implicaría un empobrecimiento masivo de los pensionistas”.

La Comisión Europea apuesta por los planes de pensiones dada la evolución demográfica del continente. En el próximo medio siglo se podría reducir la proporción de trabajadores y pensionistas hasta dos a uno frente al cuatro a uno actual. Aún falta un poco para que el PEPP sea una realidad, pero según varias fuentes consultadas, quizá a partir de 2020 o 2021 ya podamos acceder a estos planes privados.

Según Cinco Días, los proveedores de estos productos tendrán que cumplir ciertas condiciones: garantizar el capital, ofrecer al cliente cinco opciones de inversión basadas en una cartera de bajo riesgo y la posibilidad de cambiar de opción de inversión una vez cada cinco años abonando una comisión que no podrá superar el 1,5 % del balance del plan.

 

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