Cómo prevenir y detectar el fraude en la gestión de fondos de la UE. Nuevas acciones y medidas es el título del seminario que ha comenzado hoy en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Organizado junto a Creatividad y Tecnología (CYTSA), su objetivo es concienciar sobre la necesidad de adoptar acciones oportunas que mejoren la gestión de los fondos reduciendo el volumen de irregularidades, así como enfatizar la importancia de poner en práctica controles eficaces para paliar el riesgo de fraude en la financiación de proyectos con cargo al presupuesto europeo en el ámbito de la gestión compartida.

El secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), José Javier Díez Roncero, fue el encargado de abrir la jornada y dar la bienvenida a los asistentes. En su alocución, hizo hincapié en que en Europa el imperio de la ley ha de ser la pauta de todas las actuaciones políticas y administrativas. Indicó que los episodios de corrupción sufridos en España “podían haberse evitado en parte si hubiera habido un control más estricto del gasto público” y subrayó la necesidad de introducir “las metodologías recomendadas por Bruselas para proteger los intereses financieros de la UE”.

Díez Roncero se refirió también a la Guía práctica sobre el papel de los auditores de los estados miembros en la prevención y detección del fraude en el caso de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE que ha elaborado la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Comisión Europea. Un documento no vinculante que proporciona directrices generales y recomendaciones a las autoridades de auditoría. “Entiendo que lo establecido en tal compendio normativo habrá de servir de base a las reglamentaciones estatales y autonómicas”, aseveró el secretario general del CICCP.

Asimismo, destacó que el Colegio acaba de firmar un convenio con Transparencia Internacional en el que hace alusión a la corrupción como “barrera a la eficiencia e integridad en la contratación pública, que perjudica a la sociedad, a la economía y a la leal competencia”, por lo que los dos organismos han decidido impulsar la creación de un Observatorio de Transparencia en la Contratación Pública en el que se involucren los actores de la contratación, las Administraciones Públicas y los empresarios. Además, el CICCP se ha comprometido a cumplir los estándares nacionales e internacionales de transparencia en la gestión colegial con el portal ‘Colegio Abierto y Transparente’.

De izquierda a derecha: Carmen de Andrés, Fernando Rojas y José Javier Díez Roncero

La presidenta de CYTSA, Carmen de Andrés, abundó por su parte en el trabajo que su empresa viene realizando con las administraciones para dar a conocer las publicaciones y guías metodológicas sobre fondos públicos y europeos. A continuación, un representante del Interventor General de la Administración del Estado destacó la importancia de que existan mecanismos para detectar, corregir y sancionar las irregularidades y clamó por una “actuación decidida” con “medidas eficaces y proporcionadas” contra la corrupción con el fin de recuperar la confianza de los españoles, que sitúan esta lacra como segunda preocupación según las encuestas.

El consejero de CYTSA, José Luis González Vallvé, encargado de moderar la primera mesa redonda de la jornada, recalcó el buen papel de España en la gestión de los Fondos Estructurales, que de otra forma no existirían. El director general de Programación Económica del Ministerio de Fomento, Juan Miguel Báscones, señaló la prevención como “la mejor forma de luchar contra la corrupción”, con tipificación en la legislación para que tenga efectos punitivos y disuasorios, sin olvidar la concienciación. Se trata de dos aspectos que han tenido mucho que ver, afirmó, en la mejora de las prácticas dentro del ámbito de la seguridad vial. También aludió a que es preciso mejorar procedimientos internos en la Administración que reduzcan el riesgo y ponderó la conveniencia de que el fraude se equipare en cuanto a su umbral económico si se refiere a subvenciones europeas –a partir de 50.000 euros sin lapso temporal– o nacionales –120.000 euros al año– y de aumentar la prescripción del delito, ahora establecida en cinco años, en nuestra legislación.

Por su parte, la subdirectora general del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –conocido como Séneca–, Pilar Sáenz de Ormijana, refirió que el organismo se creó en 2014 por mandato de la OLAF para canalizar las actuaciones entre ella y las instituciones nacionales y para llevar a cabo labores de intercambio de información. La responsable pidió una “estrategia global” para luchar contra el fraude y la formación en materia de prevención y de lucha. Se detuvo en las diferencias entre irregularidad y fraude –para cometer este último ha de existir intencionalidad, algo que debe determinar un juez– y glosó las dificultades halladas por el Séneca para actuar, entre las que destacó “la enorme fragmentación de la información” y su dispersión –dos extremos que impiden cruzarla al existir muchas bases de datos– y reveló la ausencia en España de un órgano de inspección administrativa como existe, en términos de aduanas, esfera fiscal, laboral y de medio ambiente, por parte de la Agencia Tributaria. La única investigación posible de la materia hoy en día se circunscribe, pues, al ámbito judicial penal.

Verificaciones sobre el terreno

El director general de Fondos Comunitarios del MINHAP, José María Piñero, se refirió al enorme efecto reputacional del fraude y recalcó el objetivo de generar procedimientos y acciones eficaces contra él de un documento que sistematiza un marco para la gestión de riesgos que ha sido aprobado en fechas recientes. Un texto que habrá de perfeccionarse en el futuro y que debería aumentar las verificaciones sobre el terreno y no hacia el final de los proyectos, así como poner en marcha un equipo específico de lucha contra el fraude y establecer cauces adecuados para las notificaciones de sospechas, detallando qué hay que notificar, cómo y cuándo y con las suficientes garantías para el que lo haga.

El seminario prosiguió con una segunda mesa redonda que, con el título Medidas de Prevención y Detección del Fraude moderó el catedrático de la Universidad de Salamanca, Nicolás Rodríguez García y contó con las intervenciones de la directora de la Dirección C de la Oficina Europea Antifraude (OLAF), Beatriz Sanz; del presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano y de la directora de la Oficina de Conflictos de Interés del MINHAP, Flor López.

El jefe de Unidad de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea, Juan José López dará mañana el pistoletazo de salida a la segunda y última jornada, que contará con la ponencia del responsable del Cluster de OOII de Emprendimiento del PO de Empleo Juvenil y del PO de Empleo de Formación y Educación del MEYSS, Adolfo Elena, quien hablará de la Prevención: herramienta de evaluación de riesgos de una Autoridad de Gestión. Tras su charla, se tratará El sistema de alertas, con especial atención a las alertas en contratación pública por parte del jefe de Unidad Adjunto en la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Rafael López. Antes de la clausura a cargo de Carmen de Andrés y del director de Gabinete de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos 2012-2016 del MINHAP, Pablo Arellano, tendrá lugar la conferencia del guardia civil de la Unidad Técnica de la Policía Judicial del GAC IV de delincuencia económica, Tomás Domínguez, que ilustrará a los presentes sobre la Investigación de casos de fraude. Herramientas y ejemplos prácticos.

En la fotografía destacada aparecen, de izquierda a derecha: José Mª Piñero, Fernando Rojas, Pilar Sáenz de Ormijana, Carmen de Andrés y José Javier Díez Roncero. Autor: J.C. GÁRGOLES.