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Afganistán: un fracaso político y moral

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Afganistan

George W. Bush, que acababa de tomar posesión de la presidencia en enero de 2001, decidió responder a los atentados terroristas de septiembre contra las torres gemelas con un ataque frontal contra el régimen talibán que había dado cobijo y medios a Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, autor intelectual de la masacre. Esgrimió para el ataque el criterio de legítima defensa, y la comunidad internacional se solidarizó con las víctimas y con la iniciativa. Afganistán era en aquel momento un califato islámico en manos del Mulá Omar que exportaba terrorismo, y en poco tiempo la operación “Libertad duradera”, de gran intensidad, provocó la caída del régimen islamista, creando un vacío que los norteamericanos llenaron con las menguadas elites locales, unas instituciones debilísimas y un gobierno títere que gestionaba la ocupación. Como acaba de decir con descarnada crudeza el propio presidente Biden, EE. UU. fue a Afganistán a combatir el terrorismo y no a implantar la democracia. Lo que no se entiende bien es qué hicieron los aliados en el país durante veinte años justos si su objetivo ya se había conseguido en los primeros meses. De hecho, cuando Osama Bin Laden fue eliminado físicamente el 2 de mayo de 2011, una década después de la invasión de Afganistán, con Obama en La Casa Blanca, el líder de Al Qaeda se encontraba en Pakistán.

Los Estados Unidos tuvieron desde el primer momento el apoyo de la OTAN y de otros aliados tradicionales, por lo que la aventura de Afganistán nos concierne a todos, por más que, al tratarse de una guerra remota, no suscitara demasiado debate en Occidente. Se sabía perfectamente que los Estados Unidos habían puesto gran parte de la acción militar en manos de mercenarios pertenecientes a empresas privadas; que nadie se preocupó demasiado ante la evidencia de que proseguía a toda máquina la producción de opiáceos, con los que Afganistán seguía surtiendo de heroína a todo el mundo en plena guerra; que, en consonancia con una visión prosaica de la realidad, los gobiernos afines a los invasores estaban formados por conocidos corruptos. Aunque las noticias son hasta cierto punto confusas porque provienen de fuentes rusas, parece ser que el último presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, huyó del país hace apenas unos días con un helicóptero y cuatro automóviles cargados de sacos de dólares en efectivo… Y una parte del tesoro tuvo que quedar en tierra para que no se desestabilizara el helicóptero por exceso de peso.

España formó parte de la coalición que posibilitó esta descabellada aventura de veinte años, en la que el número total de civiles afganos muertos a raíz de las actuaciones de los distintos actores llega, según datos de la ONU, a más de 38.000. Amnistía Internacional habla en total de 150.000 muertos entre civiles y militares, de los cuales 60.000 pertenecían a las fuerzas de seguridad de Afganistán. A cambio, hubo una cierta apertura política y social, simplemente discreta, que permitió a las mujeres estudiar, trabajar y prescindir del burka, y en que la comunidad LGTBI ya no era lapidada sino simplemente encarcelada. No había democracia, pero la informalidad del régimen distaba mucho de la rigidez de los gobiernos religiosos anteriores guiados por la sharía, el dogma coránico. Rigidez que volverá ahora, sin duda, con toda su intensidad.

El sentido de la dignidad de los gobiernos occidentales, empezando por el norteamericano, está padeciendo intensamente, puesto que todos ellos toleran el apremio de los talibanes, que “exigen” que los invasores y sus amigos afganos abandonen el país antes del 31 de agosto, y que si viola este compromiso “habrá consecuencias”. La amenaza de los desharrapados fanáticos parecería intolerable pero no lo es si hay que juzgar por la docilidad de los amenazados: todo el mundo corre, resignado a que los talibanes asesinen, por supuesto, a los “traidores” que no tengan tiempo de escapar. La huida de Occidente se ha acelerado aún más y se ha cerrado antes de tiempo porque el Estado Islámico, formado otros terroristas enemigos de los talibanes, ha lanzado anunciados ataques terroristas contra el aeropuerto de Kabul, con un centenar de muertos, bastantes de ellos soldados norteamericanos.

Habrá que ver cómo encajarán las opiniones públicas de los países que han intervenido en Afganistán cuando digieran estas penosas informaciones y cuando, después de la retirada, empiecen a llegar noticias de los abusos y las tropelías de los islamistas radicales, dispuestos a poner a la mujer “en su sitio”, a exterminar a los heterodoxos de cualquier signo, a arrasar cualquier signo de contaminante modernización, empezando por la peligrosa televisión.

La sensibilidad occidental no está muy aguda ni despejada, pero quizá el espectáculo de Afganistán nos resulte moralmente insoportable y haya que volver. No con un fin propiamente político sino, simplemente, por una razón moral: para preservar la libertad y la vida de más de la mitad de la población.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha confirmado que su oficina ha recibido “informes creíbles” de ejecuciones sumarias de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad afganas que se habían rendido, a manos de los talibanes, entre otras graves violaciones de derechos humanos. Y ha añadido que el trato que los talibanes dispensen a mujeres y niñas en Afganistán constituirá una “línea roja” en cuanto al cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de los insurgentes. Las denuncias a las que hizo alusión Bachelet han sido corroboradas por la presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, Shaharzad Akbar, que intervino desde Kabul. Akbar ha recalcado que la ONU debe ir más allá de las declaraciones de pesar o de buenas intenciones y crear un mecanismo para investigar y documentar las violaciones de los talibanes a los derechos humanos de la población afgana; Bachelet ha declarado que apoya la creación de un mecanismo preventivo en el seno del organismo que dirige para hacer un seguimiento de la evolución de los derechos humanos en Afganistán

Mujeres del mundo del periodismo, los derechos humanos y la cultura de varias nacionalidades han puesto en marcha la iniciativa denominada “Abrid las puertas a Afganistán y a las afganas”, un llamamiento internacional para que todos los países mantengan las fronteras abiertas y acojan a todas las personas que necesitan escapar de Afganistán, sobre todo a las mujeres, cuyas vidas y libertades están especialmente amenazadas. La iniciativa ha sido tan bien acogida en España, que en 10 días se han recogido más de 120.000 firmas que sus promotoras entregaron el 24 de agosto en la oficina en Madrid del Parlamento Europeo; encabezan la nómina un grupo de mujeres activistas, intelectuales y periodistas.

Está por ver, en fin, si el caso Afganistán está cerrado o si es necesario intervenir ante una violación de los derechos humanos que la comunidad internacional no pueda digerir. Y no estará de  más que, ante esta incertidumbre, demos un somero repaso a las causas del gran fracaso.

El fracaso de una simulación democrática

La democracia afgana se ha hundido en horas, por lo que parece muy oportuno traer una bibliografía relacionada directamente con el fracaso de las naciones. Como el lector sabrá seguramente, Daron Acemoglu es profesor de economía en el MIT y ha publicado junto a James A. Robinson varios ensayos de gran resonancia mundial sobre la salud de  nuestras democracias: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty  y The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. Ambos ensayos, —Por qué fracasan las naciones y El pasillo estrecho—, han tenido mucha resonancia en España y quien firma estas líneas se ha ocupado de comentarlos en otras ocasiones.

Pues bien: Acemoglou acaba de publicar en Project Syndicate un análisis / diagnóstico de lo sucedido en Afganistán que no deja lugar a dudas. El gran desastre la sido la consecuencia del descomunal error de intentar una institucionalización del país de arriba abajo para estabilizarlo. Quienes gestionaron aquella guerra —Bush hijo, Obama, Trump— pensaron que una pequeña estructura política artificial soportaría una normalidad aceptable y duradera en el complejísimo Afganistán.

Acemoglu cita al general Stanley McChrystal, quien en el período previo al aumento de tropas estadounidenses en 2009, señaló que el objetivo era que “el gobierno de Afganistán controlara suficientemente su territorio para apoyar la estabilidad regional y prevenir su uso para el terrorismo internacional”. Pero para ello se emprendió un camino equivocado, teóricamente aceptable pero inservible en la práctica.

Parecía lógico que para poner cierto orden en un territorio sin ley como era el Califato de Afganistán de 2001, en el que campaban por sus respetos las organizaciones terroristas del islamismo radical que consiguieron un statu quo con los ‘señores de la guerra’ y sus 14 etnias, era necesario dotarlo de instituciones sólidas. Pero EE. UU. —escribe Acemoglou—  “enmarcó este desafío como un problema de ingeniería: Afganistán carecía de instituciones estatales, de una fuerza de seguridad en funcionamiento, de tribunales y burócratas bien informados, por lo que la solución fue verter recursos y transferir la experiencia de los extranjeros. Las ONG y el complejo occidental más amplio de ayuda exterior estaban allí para ayudar a su manera (tanto si los locales lo querían como si no). Y debido a que su trabajo requería cierto grado de estabilidad, se desplegaron soldados extranjeros, principalmente fuerzas de la OTAN, pero también contratistas privados, para mantener la seguridad”.

Se construyeron las instituciones, y se pusieron en manos de oligarcas corruptos, como el grupo de Hamid Karzai y sus hermanos, o como el último presidente, Ashraf Ghani, quien no tenía prestigio alguno y ha salido corriendo cargado de dólares hacia Emiratos antes de que los talibanes llegaran a Kabul.

Acemoglu explica, invocando su libro El pasilllo estrecho, qué sucede cuando el Estado actúa de arriba abajo contra los deseos de la sociedad. En países maduros, puede existir “convivencia sin cooperación” como en el caso de los escoceses en el Reino Unido o los catalanes en España; pero en un tejido rudimentario en que las facciones están fuertemente armadas y compiten en negocios ilegales —la minería clandestina y el opio—, en un marco sacudido intermitentemente por la guerra civil, lo lógico es que se desate un nuevo conflicto.

Las fuerzas invasoras, en lugar de edificar una estructura de poder que no se tenía en pie si no se apoyaba sobre las bayonetas, debió haber intentado buscar consensos entre las catorce etnias afganas, entre los ‘señores de la guerra’ que forman una especie de taifas más o menos conectadas entre sí. Pero la inhibición política y social durante todo el periodo confiando en que la fortaleza económico militar bastaría para estabilizar a un país atrasado, analfabeto, imbuido de tradiciones y religiones medievales, era una locura que tenía que terminar como finalmente ha acabado.

Como dice Acemoglu, “quizás las cosas podrían haber sido diferentes si la agencia de inteligencia interservicios de Pakistán no hubiera apoyado a los talibanes cuando fueron derrotados militarmente, si los ataques con aviones no tripulados de la OTAN no hubieran alienado aún más a la población y si las élites afganas respaldadas por Estados Unidos no hubieran sido extravagantemente corruptas”. Pero la aventura planteada como una imposición extranjera no tenía futuro desde el mismo momento en que fue concebida. Por cierto, Europa tampoco se dio cuenta, por lo que ha de asumir una parte muy relevante de la responsabilidad por el gran fracaso.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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