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Donald Trump y su ‘hachazo’ final a la inmigración

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Donald Trump impeachment

A principios de julio de este año, Donald Trump anunció que se llevarían a cabo redadas masivas en grandes ciudades y que afectarían a cerca de 2.000 extranjeros con órdenes de deportación. Pasaron los días y la amenaza no se materializó. Hasta el 7 de agosto, cinco días después de la matanza de El Paso, cuando los cuerpos del ICE, la policía migratoria, detuvo a 680 trabajadores en Misisipi, la mayor redada de la última década. Trump ahora ha lanzado otra amenaza: un cambio en la legislativa vigente para poder encerrar a los menores inmigrantes de forma indefinida.

Donald Trump y el fin del ‘Acuerdo Flores’

Esta es una nueva estrategia para disuadir la llegada de indocumentados a terreno estadounidense. Trump quiere acabar con el Acuerdo Flores, una medida adoptada en 1997 para responder a los abusos que el Gobierno estadounidense cometió cuando afrontaba una avalancha de inmigrantes entre las que había centenares de menores no acompañados. Un acuerdo que, por cierto, ya ha afrontado varios intentos de modificaciones o interrupciones en el pasado, todos sin éxito. Trump quiere que la reforma entre en vigor en dos meses, pero es probable que se enfrente a una batalla judicial que retrasará e incluso imposibilitará su implementación.

El Acuerdo Flores es para la Administración Trump el gran causante de la ola de familias inmigrantes que han decidido cruzar la frontera estadounidense, según informa El País, ya que utilizan a los niños para quedarse en el país. Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, asegura que se “cierra una laguna legal” y que todas las familias retenidas serán trasladadas a centros donde se garantizará que todos los niños sean tratados “con dignidad y respeto”.

El presidente estadounidense y los suyos afirman que los menores contarán con espacios educativos, con servicios médicos, instalaciones recreativas y tres comidas calientes diarias. Sin embargo, el desprecio con que a menudo se ha dirigido Trump a esta parte de la población levanta lógicas sospechas. Vanita Gupta, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, asegura al diario de PRISA que “el cambio de reglas permite al Departamento de Seguridad Nacional encarcelar a niños y familias indefinidiamente, en instalaciones donde existen antecedentes demostrados que los pone directamente en peligro. La norma debe ser revocada inmediatamente”.

También contra los inmigrantes legales

El director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, Ken Cuccinelli, anunció a mediados de agosto una medida, llamada regla final de Carga Pública, con la que la Administración pretende negar la residencia a aquellos inmigrantes legales que utilicen servicios públicos. Por decirlo de otro modo: Trump se centra ahora en los inmigrantes en situación regular que utilicen fondos públicos.

Esta nueva regla se basa en la Ley de Inmigración de 1882. Aquella legislación permitía al gobierno estadounidense denegar una visa a cualquier persona que pueda convertirse en una “carga pública”. De media, casi medio millón de personas solicitan la residencia legal cada año, de los que 382.000 entrarían dentro de esta nueva revisión legislativa.

La medida perseguirá a aquellos inmigrantes que hayan realizado un uso prolongado del programa de asistencia médica Medicaid o reciban cupones de alimentos, subsidios para la vivienda, dinero en efectivo y otras prestaciones sociales. Incluso quienes paguen impuestos, aunque usen programas de ayudas, pueden verse afectados. Estados Unidos quiere cerrar la puerta al inmigrante pobre definitivamente.

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