Catar vive unos días extraños. Por un lado, sigue sufriendo las consecuencias de un bloqueo infame e injustificable por parte del gigante de la región, Arabia Saudí; por otra, el pequeño país sigue con su objetivo hacer que el Mundial de 2022 sea su escaparate mundial, su coronoación definitiva. Este evento deportivo ha centrado el foco internacional en Catar, donde todo se mira con lupa, especialmente algo tan sensible y delicado como los Derechos Humanos.

Ali bin Samikh Al-Marri, presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos de Catar, ha acudido al auditorio de Casa Árabe para dar una conferencia sobre los pasos que está dando el estado árabe para proteger y velar por estos derechos. El organismo que preside Al-Marri, fundado en 2003 tiene “la obligación de proteger y defender los Derechos Humanos en Catar. Además, asesora al Estado para que se adhiera a los convenios internacionales en este sentido”, explicó Al-Marri. Una de las funciones del Comité, comentó, es “dar su opinión sobre cualquier tema que afecte a los Derechos Humanos y estudiar las denuncias que llegan en este sentido. También colaboramos con el Alto Comisionado de la ONU e instituciones similares”.

El Comité Nacional de Derechos Humanos de Catar acata y obedece los Principios de París, elaborados en el primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, celebrada en la capital francesa del 7 al 9 de octubre de 1991. Además, debido a las continuas mejoras en su funcionamiento y las condiciones de independencia y pluralismo, el organismo ha recibido la categoría de estatuto A por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al-Marri, además de explicar estas cuestiones teóricas, quiso entrar de lleno en materia. En cuanto al papel de los inmigrantes en Catar, que suponen algo más del 80 % de la población total, “El Ministerio de Trabajo elaboró en 2016 una nueva ley para cambiar algunas cosas. Por ejemplo, antes, un trabajador no podía cambiar libremente de trabajo, en cambio, ahora existe un contrato que regula la relación entre el empresario y el trabajador; también se producían muchos retrasos a la hora de pagar los salarios –en metálico, por cierto–, pero ahora se ha creado un sistema de protección de salarios por el que se paga al trabajador en una cuenta bancaria; también se han realizado leyes de seguridad en el trabajo y se ha regulado el acceso a la vivienda de los trabajadores, que tiene que respetar los parámetros de la vivienda digna”, explicó Al-Marri.

Sin embargo, las últimas quejas que ha recibido el organismo se deben a la crisis del Golfo, promovida por Arabia Saudí. “Hemos recibido más de 4.000 reclamaciones o quejas y hemos hallado violaciones de los Derechos Humanos en educación, práctica del culto religioso, libertad de expresión, etc.”, recalcó.

Respecto a la posición tomada por Riad y el resto de países que apoyaron el bloqueo, Al-Marri aseguró que “no se ha respetado el derecho internacional” y que “es la primera vez que se implica a los ciudadanos de a pie en un conflicto político”. “Constatamos”, dijo el presidente del Comité, “que un primer paso fue bloquear los accesos terrestres, clave para nuestras importaciones. Esto no es otra cosa sino un intento de cercar al pueblo y empujarlo a la hambruna. También se ha expulsado a los cataríes residentes en estos países, con el insoportable dolor para las familias que esto supone. Nosotros, en cambio, no hemos tomado medidas contra los ciudadanos de los países promotores del bloqueo. Además, justo en un mes tan sagrado como el del Ramadán, han sido expulsados muchos ciudadanos cataríes de lugares sagrados de Arabia Saudí”.

A Catar le queda trabajo por delante, como a muchos otros países, sin duda. Y frente a las voces que surgen en Internet que critican la labor del Estado en materia de Derechos Humanos, Al-Marri sostiene que “hay organismos como la OIT [Organización Internacional del Trabajo] que son los encargados de medir los avances en materia de Derechos Humanos. Los datos ahí están, se pueden consultar. Lo que aparece en Internet no podemos cambiarlo, pero los instrumentos internacionales son los encargados de evaluar la situación”.