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Renzi culmina la modernización política

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Renzi culmina la modernización política 1

España, prisionera de su pasado, ha sacralizado la Constitución de 1978 y cuanto de ella se deriva. Es para nosotros tan excepcional disponer de una Carta Magna democrática en cuya génesis ha sido más relevante el consenso que el conflicto, que cualquier transformación parece una montaña subjetiva, sin que acabemos de ver que aquella obra jurídica no estaba en realidad completa al ser promulgada –el Título VIII explica cómo se construye jurídicamente el Estado de las Autonomías, y ahora habría que consolidarlo normativamente, suprimiendo la parte procesal que ya ha rendido sus frutos- ni que la eliminación de los anacronismos y la modernización de los aspectos envejecidos de su parte dispositiva es el mejor homenaje que se le puede rendir.

Este pasado martes, 12 de abril, el Congreso italiano aprobaba la reforma constitucional propuesta por el primer ministro Matteo Renzi, líder del Partido Democrático, de centro izquierda. El joven jefe gobierno, que llegó al cargo en febrero de 2014 tras arrinconar a su correligionario Enrico Letta que había ganado las elecciones, ha ultimado con ella una serie de reformas políticas de gran calado encaminadas a culminar la salida de la crisis y, sobre todo, a modernizar el sistema político y a facilitar la gobernabilidad de un país que, tras la segunda guerra mundial, había vivido sumido en una perpetua inestabilidad hasta el punto que ha habido 63 gobiernos en los 70 años de historia republicana. En Italia, no hace tanto tiempo, y gracias a la proporcionalidad pura del sistema electoral, los gobiernos estaban soportados por ‘pentapartitos’.

Renzi, de solo 41 años en la actualidad y con un ímpetu y una creatividad notables, llegó al poder con tres grandes reformas en cartera: la laboral, la de la ley electoral y la constitucional. La reforma laboral –por alguna deriva anglófona denominada allí la ‘Jobsact’- simplificó y abarató el despido e hizo posible la no readmisión en caso de despido improcedente (se sustituyó por una indemnización); además, favorecía la contratación liberando al empleador de tener que abonar las cuotas de la seguridad social en los tres primeros años de los contratos indefinidos. La norma iba en definitiva en línea de la evolución española y de otros países europeos, e Italia, como Francia, se había quedado muy atrás en esta materia clave de la competitividad.

Con respecto a la reforma electoral, Renzi, pocos días antes de llegar al gobierno, pactó con Berlusconi una reforma acordada, ya que la ley de 2005 –la ley Calderoli-, impuesta a la desesperada por Berlusconi para reforzar las mayorías y tratar así de imponerse en las elecciones de 2006 –empeño frustrado porque Romano Prodi fue el siguiente jefe de gobierno- había sido declarada inconstitucional en 2013; el nuevo pacto también favorecería la formación de mayorías, con el fin de otorgar mayor estabilidad da los gobiernos y de desincentivar la fragmentación política, pero de forma ajustada a la sentencia que había invalidado la norma anterior.

En mayo del año pasado, el Congreso aprobaba la nueva ley electoral –la ‘Italicum’-. La nueva ley otorga un premio de mayoría –el 55% de los escaños— a la lista que supere el 40% de los votos. En el caso de que ninguna de las listas alcance tal umbral, las dos más votadas irían a una segunda vuelta. Además, las listas tendrán que estar formadas por un partido –o por varios que decidiesen de antemano concurrir juntos-, y no por una coalición. Los partidos que no logren un 3% de los votos quedarán fuera de la cámara. Italicum también prevé la división del territorio italiano en 100 circunscripciones. En cada una de ellas, los electores podrán elegir a sus representantes a excepción del número uno de la lista, que será impuesto por el partido. La ley entra en vigor en julio.

En lo tocante a la reforma Constitucional, esta fue tramitada primero por el Senado en octubre pasado, y, pese a que la oposición se ausentó en bloque durante la votación, fue aprobada por 178 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones. La reforma establece que la Cámara Alta contará con 100 senadores en vez de los 350 actuales; cinco de ellos podrán ser elegidos de forma directa por el presidente de la República, y los demás representarán a regiones y ciudades, con atribuciones limitadas en cuestiones nacionales. Por ejemplo, el Senado no podrá impulsar una moción de censura contra el Gobierno italiano, y las regiones no podrán vetar proyectos importantes de transporte, energía e infraestructura de interés nacional.

Este pasado martes, la reforma constitucional era aprobada por el Congreso, con 361 votos a favor y siete en contra en un parlamento de 630 miembros, ya que también toda la oposición se ha mantenido fuera de la sala durante la votación. Y como no ha conseguido los dos tercios de la cámara, tendrá que ser sometida ahora a referéndum popular, que sin duda resultará favorable a la propuesta. En síntesis, la nueva Constitución pone término al “bicameralismo perfecto” que regía en el país, y que era tan garantista que dificultaba grandemente la tarea legislativa (el constituyente, que mantenía en la cabeza el recuerdo de Mussolini, quiso otorgar el papel de potente contrapeso al Senado para prevenir nuevas dictaduras). La nueva norma elimina el poder de veto del Senado, y lo convierte en cámara de representación regional “·casi decorativa” según diversos analistas.

El ímpetu de un dirigente político con ideas claras y conciencia de sus objetivos ha logrado, en fin, modernizar Italia en dos años, reformando a fondo incluso una Carta Magna todavía más venerable que la española por su mayor longevidad. Habrá que ver el resultado en la práctica de los cambios introducidos en el sistema italiano, pero todo indica que será mucho más funcional que antaño… Todo lo cual pone de manifiesto que nuestro país debería perder sus miedos ancestrales al cambio, dejar de sacralizar normas que requieren una puesta al día y desmitificar reformas que son sin duda necesarias.

No se trata de emular a los italianos en la construcción de modelo sociopolítico, entre otras razones porque aquí el régimen autonómico tiene más entidad y está más arraigado que la Italia de las regiones. Tampoco es seguro que el modelo electoral qe han elegido sea el que aquí encuentre más y mejor apoyo. De lo que se trata es de adquirir nosotros también el empuje y la fuerza necesarios para proceder a los cambios que dicta el sentido común y que son capaces de suscitar apreciable consenso. Un consenso que aquí, quizá por la memoria –todavía- de la guerra civil, tiene más peso en España que en los países de alrededor.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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