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España baja a segunda división

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España democracia

España pasó de ser una “democracia plena” a una “democracia defectuosa” en 2021, según el último Índice anual de Calidad Democrática publicado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU), considerada la publicación de análisis político y económico más prestigiosa del mundo.

Nunca antes en este informe anual se había catalogado a España como una “democracia defectuosa”, aunque, desde el cambio del signo del gobierno con la moción de censura, había descendido seis décimas en este ranking anual que analiza la calidad democrática de los países. En el último año, la bajada de 0,18 puntos en la calificación de España ha sido suficiente para que el país descendiera del primer nivel al segundo, algo que no había sucedido ni siquiera cuando en 2017 su puntuación sufrió un bajón debido al referéndum ilegal del 1-O. Las vicisitudes de España ya la aproximaron a la segunda división democrática tras aquella consulta —explica el informe de la revista—, y las medidas legales adoptadas por el Gobierno contra los líderes independentistas. La revista ha criticado en otras ocasiones con dureza el juicio del procés y, en general, una aproximación “legalista en exceso” al desafío independentista; a su juicio, la solución hubiera debido ser más política que judicial.

Los ciudadanos que seguimos la actualidad con el cansancio de demasiados episodios frustrantes y de una clamorosa pusilanimidad en la batalla política, cualitativamente pobre y moralmente vacía de valores, estamos curados de espantos.

En definitiva, España ha pasado de los 8,12 puntos de 2020 a los 7,94 de 2021, y esta caída de 18 centésimas supone abandonar la primera división encabezada por Noruega con una puntuación de 9,75 sobre 10 (seis centésimas menos que el año anterior). Además, España se convierte así en el único país de Europa que ha bajado de rango en 2021; en el resto de mundo, sólo Chile ha experimentado una caída semejante a la española.

Según esta revista inglesa, el declive en España se debe a cuatro motivos: la crisis de la independencia judicial, la fragmentación parlamentaria, la corrupción y el creciente nacionalismo catalán. En el primer capítulo, The Economist menciona las “divisiones políticas” a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como una de las principales razones que han llevado a España a perder la categoría, situándose por detrás de Francia e Israel y equiparándose con países como Sudáfrica, Estonia, Botsuana, Chile o Estados Unidos… La revista explica que actualmente “el CGPJ está trabajando de forma interina, ya que su mandato expiró en 2018 y no ha habido acuerdo sobre el nombramiento de nuevos magistrados (que necesitan una mayoría de tres quintos en el Parlamento)”. Y en estas circunstancias, no se pueden realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que mantiene a algunos tribunales al borde del colapso y retrasa todavía más la premiosa maquinaria del Poder Judicial español (nada dice sin embargo en informe de UIE de que los jueces tampoco han presionado para que los otros poderes del Estado cumplan con su obligación: la dimisión de los titulares del CGPJ bastaría para poner en evidencia a la clase política, y de hecho el mero amago de una acción así ya resolvió el problema en una ocasión anterior).

Entre líneas de este diagnóstico, se entiende que la clase política está cometiendo una grave arbitrariedad, democráticamente inaceptable, que es la incapacidad para generar el necesario consenso que la Constitución exige para renovar los órganos institucionales, y en concreto el CGPJ, pero estaríamos ciegos si no viéramos que este hecho es uno más de una compleja decadencia en la que hay asimismo bastantes otras fallas que han contribuido a la devaluación de nuestro régimen a los ojos de los otros.

No puede haber pasado inadvertida la designación –por consenso, esta vez detestable— de miembros de Tribunal Constitucional que no son apropiados en absoluto para el cargo y cuyo nombramiento desacredita el organismo y pone en evidencia a las fuerzas políticas que han premiado de este modo la mediocridad y la servicialidad. Asimismo, la provisión de la fiscalía del Estado no está bien resuelta, y hay una zona gris inaceptable en este estadio del poder judicial que impide que la acusación pública, hoy desempeñada por una exministra del actual gobierno, tenga la debida transparencia. Por otra parte, el abuso del decreto-ley, sin respetar el espíritu constitucional al respecto que lo reserva para casos de urgente necesidad, es otra falla del estado de derecho, que se manifiesta con frecuencia en forma de una mala calidad técnica de las normas… Y no puede dejar de citarse la excesiva politización que los partidos hacen de la política —y de la que el tratamiento de El Procés es un ejemplo—, de forma que numerosos conflictos que deberían ser resueltos mediante la dialéctica terminan convirtiéndose en contenciosos que embarcan a los jueces en ámbitos que no son propios de la judicatura.

En definitiva, nada nuevo nos ha revelado la bofetada que nos ha propinado The Economist. Los ciudadanos que seguimos la actualidad con el cansancio de demasiados episodios frustrantes y de una clamorosa pusilanimidad en la batalla política, cualitativamente pobre y moralmente vacía de valores, estamos curados de espantos. Pero conviene que tomemos nota de que estos rifirrafes entre clanes políticos no son en absoluto inocuos: degradan la imagen exterior de España, lo que nos resta agresividad comercial y capacidad diplomática, y agrava nuestra inferioridad europea, ya que los grandes países de la UE, aunque tengan unas políticas internas agitadas y ruidosas, ya no dudan sobre los engranajes funcionales del sistema, bien afinados y servidos puntualmente por una clase política que conoce el oficio y que, en su tramo central, no osaría poner en cuestión los principios básicos del modelo refinado de convivencia que está —no deberíamos olvidarlo— en la cima de unas civilizaciones milenarias. Es, en fin, un escándalo descalificante que, por mera estrategia, políticos de tres al cuarto pongan el sistema en almoneda.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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