Francia ha marcado un hito histórico al convertirse en el primer país en incluir el derecho al aborto en su Constitución. El Parlamento aprobó la modificación de la Constitución de 1958 para garantizar la «libertad garantizada» de las mujeres para abortar, con un amplio respaldo popular, que ronda el 85%.
El primer ministro, Gabriel Attal, argumentó que el derecho al aborto estaba en riesgo y vulnerable a las decisiones políticas, justificando así los esfuerzos del gobierno para protegerlo. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron fue criticado por presuntamente aprovechar la medida con fines electorales, lo que llevó a algunas personas a cuestionar la necesidad de la modificación constitucional.
Aunque el derecho al aborto está legalmente garantizado en Francia desde 1975 y se ha actualizado en múltiples ocasiones para mejorar el acceso, algunos juristas sostienen que ya era un derecho constitucional, basándose en la noción de libertad consagrada en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789.
El impulso para este cambio en la Constitución fue influenciado por los eventos recientes en Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo revocó el derecho al aborto en 2022, dejándolo a discreción de los estados, lo que generó preocupaciones sobre el futuro del aborto en el país.
La decisión de proteger el derecho al aborto en la Constitución francesa ha sido recibida con elogios, considerándola un mensaje importante para el mundo, según Anne-Cécile Mailfert, activista de derechos de la mujer. Sin embargo, el Vaticano y los obispos católicos franceses expresaron su desacuerdo, argumentando en contra de lo que consideran un «derecho» a terminar con una vida humana.