Parece conveniente racionalizar la hispánica manía de creer que un sistema público solo funciona mejor si se le inyecta mucho más dinero público, cuando pudiera ocurrir que el debate no deba ser tanto sobre recursos, sino sobre organización en general y eficacia/eficiencia en particular.

Kurt Gödel, el lógico matemático, formuló el llamado Teorema de la Incompletitud, que sencillamente podría expresarse como: “Ningún sistema es capaz de explicarse coherentemente a sí mismo” y, desde él, la cuestión planteada podría ser: ¿Es el sistema público de justicia español el más adecuado para autoevaluarse en cuanto a su dotación de medios o sería más pertinente que esa evaluación fuera externa e independiente?

Sirvan estas premisas como disculpa para que alguien que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la ingeniería y solo una pequeña parte al derecho, ose entrar en estos asuntos y en todo caso la razonable respuesta a la cuestión planteada, en un estado de recursos limitados y no infinitos, ni para ese sistema ni para ninguno parece deba analizarse comparando con otros países de nuestro entorno.

La CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia que, aun teniendo similar denominación, no es la propia Comisión Europea o Ejecutivo Comunitario) parece ser la única organización que evalúa los sistemas judiciales de los 47 estados miembros del Consejo de Europa y, basándose en esta evaluación, la Comisión Europea viene publicando periódicamente un Estudio del funcionamiento de los sistemas judiciales en los estados miembros de la UE. Hechos y cifras desde el Ejercicio de Evaluación del CEPEJ, pero referido a los 28 estados miembros de la UE, lo que podría conferirle una mayor homogeneidad.

En el primero, correspondiente a 2010, se observaba que el gasto público español en justicia era de 91,37 euros por habitante, notablemente superior a la media europea de 62,77 (un 145 %), a Francia (60,52 €/habitante), Italia (73,03 €/habitante) y Portugal (65,85) y próximo al de Alemania (99,96 €/habitante) y ello sin ajustar por PIB/capita, lo que situaría a España en cifras de gasto por habitante superiores incluso a las de Alemania.

En el informe de 2016 se dan para España cifras de gasto público por habitante que van de 87 euros en 2011 a 82 €/habitante en 2014, inferiores a las de Italia (95 €/habitante) pero superiores a Francia (72) y Portugal (48), todas correspondientes a 2014.

Y en el informe de 2016, con datos de 2011 a 2014, aparece que España dedica a la justicia un 0,4 % de su PIB, situándose en el segundo grupo de estados por gasto junto con Alemania e Italia, inferior al Reino Unido, que dedica el 0,5 % pero superior a Holanda, que dedica el 0,3 % o a Francia, que dedica el 0,2 %.

Aun con su dispersión, variabilidad y dudas sobre su homogeneidad, las cifras parecen indicar que España estaría en la zona media-media alta de gasto público en justicia entre los estados europeos.

¿Escasez de funcionarios?

Como muestra de la escasez relativa de recursos en España, se suele mencionar el dato cierto de que nuestro país cuenta con 11,2 jueces y 5,3 fiscales por cada 100.000 habitantes, un índice inferior a la media europea y a países como Alemania y Portugal y ligeramente superior al de Francia e Italia, de donde se deduciría que efectivamente hay defecto relativo en la dotación de jueces. Pero, jueces a parte: ¿Cuántos empleados públicos tiene la justicia en España?

El informe CEPEJ no dispone del dato en 2012 (en versiones anteriores aparecía la cifra de 42.780 empleados públicos) pero sí menciona por ejemplo la cifra para Francia: 21.758 empleados públicos que, para una población de 63 millones de habitantes supone 34,5 empleados públicos trabajando en la justicia por cada 100.000 habitantes. Y para Italia: 24.163 empleados públicos para una población de 60 millones, lo que resulta en 40 empleados públicos por cada 100.000 habitantes.

En España, según datos del Registro Central de Personal, en enero de 2015 trabajaban en la Administración de Justicia 64.267 empleados públicos, 24.859 en la Administración General del Estado (AGE) y 37.408 en las Comunidades Autónomas, es decir: 139 empleados públicos en justicia por cada 100.000 habitantes. De donde se deduciría, previa la necesaria homogenización, que la cifra de empleados públicos trabajando en la Administración de Justicia española sería del orden de cuatro veces la de Francia y de tres veces la de Italia.

Las diferencias son tan grandes que una primera reacción sería la de que nuestro enfoque pudiera no ser el más correcto y necesitaría ser completado y en su caso corregido desde otras perspectivas, pero si son ciertamente aproximadas, quizás convenga comenzar a relativizar el ‘mito’ de que los problemas de la justicia española, especialmente su lentitud y una cierta percepción de ‘abandono público’, con fotos que muestran archivos por los suelos de pasillos que tanta desazón social producen y más en estos tiempos en los que se ansía mucha mayor eficacia y rapidez en la lucha contra la corrupción, se deben esencialmente a sus escasos recursos. Por ello, habría que intentar buscar entre todos fórmulas organizativas y sobre todo compromisos para su mejora, sin que ello suponga necesariamente tener que consumir mas recursos públicos.

Dudas

Ciertamente, la cuestión es lo suficientemente compleja y trascendente como para requerir un análisis mucho más riguroso y exhaustivo y no despacharla con la brevedad de este artículo, pues ya a primera vista plantea bastantes dudas comenzando por la mayor o menor homogeneidad de las estadísticas europeas, especialmente al analizar modelos estatales institucionalmente muy heterogéneos y más concretamente en aspectos como:

-¿Están o no consolidados por ejemplo los presupuestos de todas las CCAA, teniendo en cuenta que unas sí y otras no tienen transferida la justicia, aunque en todas aparezca alguna partida presupuestaria relacionada con ella?

-¿Están recogidos o no por ejemplo los gastos de faraónicas ‘ciudades de la justicia’, por cierto, a nuestro juicio destierro erróneo del tejido urbano haciéndole perder vitalidad de servicios públicos al extrarradio en nuevas instalaciones, costosas de construir, conservar y mantener obligando a mayores desplazamientos en lugar de aprovechar tanto edificio singular o hueco urbano existente y desaprovechado?

-¿Qué gastos de la policía ligada a la justicia están o no recogidos, que suelen aparecer presupuestariamente en Interior o Seguridad?

-¿Están computados o no los gastos de por ejemplo de los Defensores del Pueblo que, en cierta forma, también parecen pretender impartir justicia, o los de los Consejos de Estado y Consultivos de las CCAA que, también, intentan mejorar la legalidad de la gobernanza?

-¿Cómo computan o no gastos ‘colaterales’ sanitarios, sociales, etc. que llevan anejos muchos incidentes judiciales?

En todo caso, y a salvo y pendiente de análisis más rigurosos y exhaustivos que parecen muy necesarios, no resultaría demasiado descabellado sugerir una cierta conclusión, que sería: No esta tan clara, ni mucho menos, la tan manida tesis de la escasez de medios de la justicia en España, ni en términos presupuestarios, con un gasto por habitante en la zona media-media superior europea, ni mucho menos en lo referido a otro dato clave, como es el número de empleados públicos que en ella trabajan, que parece exageradamente superior al existente en otros estados europeos.