Nadie lo sabe exactamente, pero si los analistas de un fondo de inversiones se ponen a calcular su impacto, seguro que el resultado es aterrador para las cuentas públicas, es decir para el bolsillo de todos los españoles, especialmente para los que viven en Cataluña

La independencia no sale gratis, tiene un coste, no solo en credibilidad y en cotización de la imagen de marca país. Si es cierto, que lo es, que el dinero es temeroso, es fácil comprender que los inversores huyen cuando no ven certidumbre y seguridad.

Pero además, en números contantes y sonantes, la independencia tiene un coste elevadísimo. Cuando en septiembre de 2015, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentó el programa de Junts pel Sí, que incluía la creación de una agencia de seguridad social catalana para garantizar las pensiones, anunció los gastos que Cataluña debería asumir, que sumarían 39.507 millones.

El dato tiene su prolongación, ya que el nuevo Estado, según los defensores del llamado procés, estaba llamado a nacer con una deuda muy grande porque tendría que asumir parte de la deuda española. Aún así, se defendía entonces que el beneficio fiscal de la independencia, fruto de ingresar todos los impuestos, alcanzaría los 11.500 millones.

Según estos planes del procés, sin tocar el nivel impositivo, los ingresos adicionales de una Generalitat independiente subirían en 45.317 millones y los nuevos gastos serían de 39.507 millones. Esta cifra incluye la asunción de nuevas competencias, la creación de estructuras de Estado, el pago de intereses sobre la deuda o el refuerzo de la actual estructura administrativa. El beneficio fiscal neto sería pues de 5.810 millones. Si a esta cifra se le descuentan otros gastos como el pago de la amortización de la deuda española y se le suman gastos como el eventual pago de cuotas para formar parte de organismos como el FMI o la Unión Europea el cálculo de los independentistas indicaba un beneficio fiscal neto de 11.591 millones, un 5,95% del PIB.

Según estas cuentas, la independencia es rentable, pero evidentemente nadie ha calculado las aportaciones del Estado para que Cataluña pudiera hacer frente a sus obligaciones ni tampoco el daño que representa en huida de empresas y, lo que aún es más importante, el rechazo de la inversión.

La visión en la esfera internacional es vital. Así, según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el Estado español, realizado después de una visita de sus especialistas, se pide ‘mano dura’ contra las comunidades autónomas y, entre otras cosas, insta a las autoridades estatales a suprimir el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que colocaría a las finanzas de la Generalitat de Catalunya en una posición muy delicada, prácticamente de quiebra técnica.

Para el FMI, la autonomía regional en materia fiscal y financiera supone un retroceso y un riesgo evidente para el cumplimiento de los objetivos de déficit. En consecuencia, el organismo internacional pide un marco disciplinario más duro para las autonomías que no cumplan los objetivos de austeridad y déficit, con un aumento de la fiscalización y de la condicionalidad para las comunidades que no cumplan. También se refiere a la necesidad, en su opinión, de aplicar mecanismos coercitivos y correctivos a las comunidades incumplidoras. Nadie ha preguntado al FMI por el caso de una autonomía que se independice, pero es fácil imaginar la respuesta.

Cuando recientemente el senador de Esquerra, Santi Vidal, aseguró que la Generalitat ha obtenido ilegalmente los datos tributarios de los ciudadanos catalanes, la preocupación de los inversores ha aumentado hasta el infinito. No es el mejor marketing para atraer dinero y generar actividad, empleo y riqueza. El senador llegó a afirmar “esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos, son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal”. La frase es una joya si lo que se pretende es hundir un país.

Los analistas aseguran que las regiones estables y con capacidad de generar riqueza no se independizan ni se meten en procesos ilegales e inciertos, sencillamente porque el principal riesto es alcanzar un nuevo estadio que desemboque en un ‘corralito’, una situación desgraciada que nadie desea y de la que solo se sale con un durísimo ajuste. Es evidente que, en caso de una independencia unilateral que pudiera convertirse en realidad, acabaría con la salida automática de Cataluña de la UE y del euro, sin una perspectiva temporal garantizada de vuelta.

Los efectos inmediatos y a medio plazo serían devastadores para Cataluña al generar un descenso de los ingresos fiscales, con consecuencias irreparables para el estado de bienestar y para la viabilidad del propio proceso. Mientras, se sigue haciendo política de gestos y tierra prometida como si llegar a la nueva situación de independencia supusiera el final de todos los problemas, recaudación, aumento galopante del déficit, encarecimiento de la financiación, en el caso de que alguien estuviera dispuesto a financiar a un nuevo estado en quiebra sin nadie que le respalde. Es decir, una huida hacia adelante o, más bien, hacia ninguna parte que, en realidad, supone un auténtico suicidio.