Madrid está de elecciones, como es bien sabido, convocadas por un rapto defensivo de la presidenta de la Comunidad, quien temía, probablemente con razón, que Ciudadanos y el PSOE le presentasen una moción de censura. El precedente de Murcia, que ha conducido a una aberración política por la venalidad de los unos y la falta de principios de los otros (el propio PP), así lo hacía presagiar. En cualquier caso, la opinión pública tiene razones para irritarse por el hecho de que se celebren unas elecciones innecesarias cuando la principal ocupación de toda la clase política debería ser la lucha contra la pandemia.

Dicho esto, no sólo la pandemia es el trasfondo dramático de este proceso electoral, cuya campaña ya ha comenzado de facto hace semanas (Madrid es importante, y el futuro de la oposición depende de los resultados que se obtengan en el ámbito capitalino), sino que también será la estrella del debate. Y en Madrid se están desahogando las más bajas pasiones políticas por esta causa.

Como es bien evidente, el gobierno popular de la Comunidad, presidido por Díaz Ayuso, que cabalga a lomos de Miguel Ángel Rodríguez y se ha convertido sin duda en una estrella de la derecha, capaz de competir ventajosamente con Casado, está jugando desde hace tiempo a un negacionismo discreto pero igualmente peligroso, con el ánimo de conseguir la mayor popularidad posible por el procedimiento de permitir la actividad económica y de no obligar demasiado a los jóvenes a recluirse en odiosas cuarentenas. El hecho de que Madrid se haya convertido en el destino de miles de jóvenes europeos, franceses y de otras nacionalidades, que han venido a la capital de España a emborracharse y divertirse porque se lo prohíben en sus países de  origen, generando de paso un suculento negocio hostelero, demuestra la falta de escrúpulos del poder madrileño ante la pandemia, que ha sido mucho más dura en la comunidad de Madrid que en el conjunto del Estado (la posibilidad de morirse ha sido en la CAM un 54% mayor que en el resto del Estado, según el candidato socialista Ángel Gabilondo, quien no ha sido contradicho en su cálculo). Estas cifras no pueden salir gratis en las urnas.

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Ese negacionismo, convenientemente manipulado, ha servido para señalar a los demás mediante el imaginable derroche de demagogia: siempre el frívolo consigue más popularidad que el reflexivo y el sensato. Pero la ligereza de Madrid ha molestado profundamente a las demás comunidades autónomas, es decir, al resto del Estado, ya que Madrid, por su situación estratégica, ha irradiado alegremente el virus a toda la península. Mediante la espléndida red radial de transportes de que disponemos, que conducen a las segundas residencias de los opulentos madrileños.

Madrid no quiere pagar impuestos, dicen Ayuso y su séquito, en lo que constituye una manifiesta inequidad: Madrid, que se beneficia objetiva y subjetivamente de la capitalidad, tiene tantos recursos que puede permitirse impuestos bajos

Este agravio se ha superpuesto a la bonanza de que hace gala Madrid, sobre todo desde que ha conseguido desbancar a Cataluña en el ranking de comunidades. Madrid no quiere pagar impuestos, dicen Ayuso y su séquito, en lo que constituye una manifiesta inequidad: Madrid, que se beneficia objetiva y subjetivamente de la capitalidad, tiene tantos recursos que puede permitirse impuestos bajos, con lo que atrae todavía más actividad de la periferia en un movimiento centrípeto claramente insolidario. No sólo es nocivo el nacionalismo étnico allá donde se practica: también lo es el nacionalismo económico de que hace gala la gran metrópoli, Madrid y su gigantesca área metropolitana.

Ayuso, que se ha convertido en musa de los liberales del Estado mínimo (a pesar de las carencias de la sanidad madrileña, que se han puesto de relieve cuando ha estallado la gran pandemia) es en sentido económico tan dogmática como Puigdemont o Junqueras en lo político. Porque lo público es lo que, en estos momentos de grave dificultad, ha hecho posible auxiliar a los más desfavorecidos, frenar el derrumbe de la estructura productiva, encontrar en la solidaridad europea la fuente de recursos que ha de sacarnos del agujero a que nos ha arrojado el virus chino. Madrid, en definitiva, empieza a generar recelos en toda España porque muchos de sus ciudadanos, alegremente, han viajado sin tasa con el virus en la mochila, ante la complacencia más o menos disimulada de quien hubiera debido impedirlo. Así las cosas, la pandemia, además de los muertos ya irreparables, dejará secuelas imprevistas en el sistema de relaciones de nuestra desequilibrada estructura cuasi federal. Y quién sabe si alguna vez habrá que hacer balance de los muertos que hubieran podido ser evitados.

Azar frente a partidismo

Con este mismo título, Emilio Albi, miembro de FEDEA, publicó hace tiempo en “El Cronista”, nº 65, (2017) un sugestivo trabajo sobre las ventajas de recurrir al azar en la designación de cargos públicos si realmente se quiere renunciar en ciertos casos a los intereses partidistas y conseguir nombramientos neutrales, sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad de los cargos vitalicios (la mayor independencia de criterio se logra cuando quien ostenta la capacidad de decisión la posea de por vida, como es el caso por ejemplo de los miembros del Tribunal Supremo norteamericano, que actúa también en funciones de tribunal constitucional).

Albi no es ni un chisgarabís excéntrico ni un ‘moderno’ con ideas sin contrastar: es Catedrático emérito de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad Complutense, y tiene sobre sus espaldas una intensa labor investigadora en España y fuera de España, así como una vasta bibliografía. Albi plantea las cosas de este modo: “Los partidos políticos tienen la decisión final en la elección de altos cargos, desde el Tribunal Constitucional, o el de Cuentas, hasta la CNMV, o el Banco de España. El problema surge si los partidos, atendiendo a sus propios intereses, deciden colonizar las instituciones del Estado, seleccionando a candidatos afines. La política, en lugar de mejorar el bienestar social eligiendo a los mejores expertos, persigue intereses de partido. Esto es lo que la experiencia nos hace sospechar que ha ocurrido a menudo en España”.

“Una pregunta inevitable en este asunto –continúa diciendo Albi- es si resulta factible el cambio en el comportamiento de los partidos, que se confirmaría por su admisión del incentivo del azar a tal cambio y no por meras declaraciones de buenas intenciones. No creo que los políticos cedan con facilidad su capacidad de decisión sobre los puestos directivos de las altas instituciones del Estado. Además, estas nuevas ideas suponen cambios constitucionales y de las leyes orgánicas que crean casi todas las instituciones, lo que requiere mayorías considerables a favor. Sin embargo, la imprescindible regeneración institucional que se intenta en estos momentos, la mayor competencia entre los partidos por el voto y una presión decidida de la sociedad civil, ofrecen buenas posibilidades a ese cambio en el comportamiento partidista”.

Hace más de dos años que ha caducado el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y también están pendientes de renovación otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, en lo que constituye una dejación inaceptable. Y en medio del barullo generado por estos incumplimientos, se ha recordado que el Constitucional, que convalidó la elección parlamentaria de los doce miembros del Consejo de procedencia judicial del CGPJ, ponía como condición que las fuerzas políticas no se repartieran los cargos de acuerdo con su representación parlamentaria. Pues bien: esto es precisamente lo que se hace mediante el vigente sistema de cupos: se efectúa primero el reparto de plazas, proporcionales a la dimensión de cada grupo parlamentario, que después se cubren con incondicionales de los respectivos partidos, que ya cuentan con el apoyo de todos los confabulados.

Para evitar esto, sólo hay un medio que es recurrir al azar. Hay infinidad de procedimientos para utilizarlo y Albi propone uno de ellos, que sería por ejemplo de aplicación a la elección del CGPJ: para designar a 12 miembros del CGPJ de procedente judicial, se abriría un concurso para que se presentaran quienes lo desearan y cumplieran determinados requisitos. Después, se formaría una comisión de evaluación formada por cinco miembros, elegidos por sorteo de un conjunto de personas de reconocida valía propuestos por los grupos parlamentarios y que aceptaran formar parte de semejante jurado. Albi ofrece dos procedimientos distintos para que dicha comisión, con intervención de las cámaras, obtuviera los doce electos, fruto del azar. Es evidente que por este medio, los designados no aparecerían como abanderados de un partido concreto, lo que facilitaría que llegaran a estas instituciones magistrados y juristas que no aceptan identificarse con una organización oolítica determinada.

De este modo, en definitiva, los miembros del Consejo no llevarían ya a las espaldas la etiqueta partidaria de quien los ha designado, ni cabrían demoras en su elección ni en su relevo por falta de acuerdo entre los partidos. Evidentemente, el nuevo método exigiría una reforma constitucional, por lo que debería exhumarse el procedimiento cuando llegue la hora de actualizar a Carta Magna. El azar podría ser en estos casos una garantía de imparcialidad y un antídoto contra la venalidad y el partidismo enfermizo en cualquiera de sus formas habituales.

Ensayo contrafactual sobre la pandemia

Yanis Varoufakis es un conocido economista grecoaustraliano que fue elegido en 2015 diputado de SYRIZA, la coalición de izquierdas capitaneada por Alexis Tsipras que ganó las elecciones  en el país heleno y en cuyo primer gobierno figuró Varoufakis como ministro de Economía, que debió enfrentarse al durísimo rescate de Grecia, país que tocó fondo en la crisis global 2008-2014, a la que llegó tras escandalosas corruptelas de los conservadores gobernantes que llegaron a falsear las cifras de deuda y de déficit. En julio, Varoufakis, considerado un radical en Bruselas, tuvo que dimitir del cargo por discrepancias con su propio gobierno sobre el papel de los ‘hombres de negro’ comunitarios en Atenas.

Varoufakis se ha convertido desde entonces en un activista cotizado, que fundó junto a Bernie Sanders la organización Internacional Progresista (IP); actualmente, conjuga su proselitismo político con la docencia en la universidad de Austin (Texas). Y acaba de publicar un curioso artículo en el que dibuja un contrafactual de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de coronavirus. Como es sabido, un contrafactual o contrafáctico es un acontecimiento o una situación que no ha sucedido en el universo actualmente observable por la investigación humana, pero que podría haber ocurrido.

“Imagine que la pandemia de coronavirus, en lugar de socavar la confianza en la Unión Europea, la hubiera fortalecido —escribe—. Imagínese que la COVID-19 hubiera persuadido a los líderes de la UE de superar años de acritud y fragmentación. Imagínese que hubiera catalizado el surgimiento este año de un bloque más fuerte e integrado en el que el mundo buscaba un liderazgo global”…

“A finales de febrero de 2020, dos semanas antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara una pandemia, el Consejo de la UE ya había ordenado a la Comisión Europea que coordinara la guerra de Europa contra el coronavirus. En cuestión de días, la Comisión compiló una lista de equipos esenciales que escaseaban en Europa, desde equipos de protección hasta unidades de cuidados intensivos, y realizó pedidos a los fabricantes. También convocó a Cov-Comm, un comité de los principales epidemiólogos y representantes de los sistemas de salud pública de la UE para ofrecer orientación diaria”.

Un mes después, cuando Italia fue la primera víctima de la pandemia —siempre en el contrafáctico imaginario— “comenzaron a llegar camiones llenos de equipos de protección, botes de oxígeno, maquinaria de cuidados intensivos e incluso médicos y enfermeras de toda Europa, todo coordinado por Bruselas. Mientras el Parlamento Europeo debatía los puntos más sutiles del equilibrio entre las libertades civiles y la salud pública, la Comisión continuó trazando, en cooperación con los gobiernos nacionales, las necesidades de los sistemas de atención médica en toda la UE”.

Cuando en abril se disparó la pandemia en todas partes y comenzó a  congestionarse la sanidad, “los hospitales se las arreglaron bien, gracias a la puesta en común de equipos y recursos humanos en toda Europa. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se comunicaban los médicos y enfermeras extranjeros visitantes con sus colegas italianos y españoles dentro de las salas de cuidados intensivos, un anestesiólogo alemán respondió: «Ante la muerte, los profesionales médicos se comunican por ósmosis»”.

El confinamiento y la lucha contra la movilidad provocó un colapso económico. pero en esta ocasión, al contrario de lo que había ocurrido en la crisis de 2008, “el enemigo común, junto con el espíritu de solidaridad en el cuidado de la salud, engendró un nuevo estado de ánimo, que pronto impregnó los círculos oficiales. El resultado fue una resolución pionera, aprobada a principios de mayo por el Eurogrupo de ministros de Finanzas y luego por el Consejo Europeo. Next Generation Europe, o NGE, se lanzó inmediatamente”.

La realidad se confunde en este capítulo con la ficción, pero esta va mucho más lejos que aquella:

“Cuatro pilares hicieron del NGE un preludio de la unificación adecuada de Europa. Había un mecanismo común para absorber el inevitable aumento de la deuda pública a medida que los estados luchaban por apoyar las empresas y el empleo. Un fondo centralizado de salud pagaría la lucha contra COVID-19, incluida la adquisición de vacunas. Un pago en efectivo a cada europeo levantaría todas las carencias a la vez. Y un programa de inversión adecuado financiaría la Unión de la Energía Verde que tanto necesita Europa”.

“Los líderes de la UE habían cruzado el Rubicón y a partir de ahí surgieron las soluciones del NGE a otros problemas. Por ejemplo, para financiar la investigación y el desarrollo de vacunas y pagar la producción local bajo licencia en toda Europa, el BCE prometió comprar bonos perpetuos de cupón cero emitidos por compañías farmacéuticas. Nada en la carta del BCE le impide comprar bonos corporativos, por lo que la UE podría utilizar este mecanismo para financiar un programa de vacunación exitoso, así como otros bienes de salud básicos para ser compartidos entre todos los europeos. Aún mejor, la UE utilizó este mecanismo para adquirir cientos de millones de dosis de vacunas para distribuirlas a los países vecinos y en desarrollo de forma gratuita”.

“Por último, el NGE ordenó al Banco Europeo de Inversiones que emitiera bonos aproximadamente equivalentes al 5% de los ingresos totales de Europa, que también serían respaldados en los mercados de bonos por el BCE. Esto permitió financiar una nueva Agencia Europea de Obras Verdes para desarrollar la Unión de Energía Verde de la UE y, de manera más general, para financiar el Nuevo Pacto Verde de Europa”.

“Si bien las tasas de infección aumentaron y disminuyeron, en diciembre de 2020 el lanzamiento coordinado del programa de vacunación de Europa detuvo la propagación del virus. Los europeos celebraron la llegada de 2021 con expectativas tangibles de prosperidad verde compartida”.

“Todo esto pudo haber sucedido, pero nada sucedió. Comprender por qué puede resultar una fuente de pesimismo o, si lo deseamos, un trampolín para el cambio”.

La lección de este contrafactual es la que ha obtenido sin duda el lector: la Unión Europea tuvo la visión correcta de lo que había de hacerse pero las buenas intenciones se quedaron a medio camino: se ha actuado en la dirección adecuada pero hay serias dudas de que la terapia sea suficiente y de que se haya aprendido realmente la lección para el futuro. Ya no se puede rectificar el pasado pero sí es posible reconsiderar el mañana. Ojalá quienes gestionen ese porvenir incierto tengan la intuición y la valentía de hacerlo.