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Golpe en la mesa de Analytiks: va a impulsar la acción popular

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Golpe en la mesa de Analytiks: va a impulsar la acción popular 1

España es uno de los pocos países desarrollados que incluye de forma expresa en su constitución  democrática la acción popular. Como es bien conocido, el articulo 125 CE establece que “los ciudadanos podrán ejercer la acción  popular”, al tiempo que podrán “participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado”. Como también se sabe, se denomina acción popular, en Derecho procesal, a la acción judicial por la cual cualquier ciudadano está legitimado para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos.

Tal derecho es asimismo proclamado para los ciudadanos españoles en el artículo 19.1 de la ley orgánica del Poder Judicial – “Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley”-, norma que dispone también en el artículo 20.3 que será siempre gratuita (no podrán imponerse fianzas que la impidan). Y el desempeño de la acción o la acusación popular está regulado en la ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo art. 270 afirma tajantemente que “todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley”. Dicho artículo no hace sino reconocer que “la acción penal es pública” y que “todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”.

La acción popular ha tenido una relevancia indiscutible en nuestro desarrollo democrático, ya que ha intervenido en casos clave del proceso sociopolítico. Pero, lamentablemente, el grueso de tales actuaciones ha corrido a cargo del “sindicato” Manos Limpias, una organización creada en 1995 por Miguel Bernad, un  personaje  oscuro que fue hombre de confianza del ultraderechista Blas Piñar, para convertirse más tarde en miembro de Frente Nacional y caballero de honor de la Fundación Francisco Franco. Como se sabe, Miguel Bernad y otros responsables acaban de ser detenidos bajo la acusación de extorsión. Al parecer, Manos Lipias, que mantenido la acusación popular contra la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’, habría comunicado a los abogados de la hermana del Rey que estaba dispuesta a retirar la querella si a cambio se la retribuía con tres millones de euros. Esta iniquidad retrata los verdaderos fines de la organización y al mismo tiempo alerta de los peligros que entraña la acción popular si no está convenientemente regulada y sometida a los controles judiciales pertinentes que aseguren la honradez de sus móviles y la transparencia de sus objetivos, que no pueden ser otros uqe la prevalencia del estado de derecho.

Esta entidad, que ha tomado su nombre de un proceso contra la corrupción política y empresarial  emprendido en Italia por el fiscal Antonio di Pietro (“Mani polite”), definida como ‘sindicato’, que formó parte de las listas del CSIF en las elecciones sindicales de 2007 pero cuyo representatividad es un misterio, ha mostrado siempre un notorio sesgo ideológico ultraderechista, y ha abrazado en el pasado un conjunto heterogéneo de causas diversas que hacen dudar de la positividad de su papel.

Antonio Di Pietro: político, abogado y ex juez italiano.

Antonio Di Pietro: político, abogado y ex juez italiano.

 

Con relación a los atentados el 11-M, Manos Limpias presentó numerosas querellas contra los jueces Juan del Olmo y Baltasar Garzón, así como contra la fiscal Olga Sánchez; en una ocasión, ante una querella contra Juan del Olmo, el Supremo no sólo la desestimó sino que denunció a Manos Limpias por los delitos de acusación y denuncia falsas, asunto que se desvaneció en los juzgados de primera instancia de la Plaza de Castilla.

Manos Limpias se ha querellado en numerosos casos de corrupción política, lo que es sin duda meritorio, pero también ha desarrolladas campañas reaccionarias contra varios de loa principales avances sociales. Así por ejemplo, mantenido una enconada batalla contra la homosexualidad: en concreto, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la ley que habilitaba los matrimonios entre personas del mismo sexo; a Los Lunnis –unos personajes de dibujos animados- ante el Defensor del Menor por mostrar una familia homoparental en un episodio; a José Mantero, el párroco de Valverde del Camino que fue en 2002 el primer sacerdote católico español en reconocer su homosexualidad; y al guardia civil de Mallorca que a finales de 2002 solicitó convivir en la casa cuartel con su pareja.

El gran “éxito” de Manos Limpias tuvo lugar en el ‘caso Atutxa’, en el que fue su acusación popular contra el presidente de la cámara vasca la que llevó a la inhabilitación de éste. Y la mayor notoriedad de esta organización ahora bajo sospecha la ha tenido en el ‘caso Nóos’ por las razones mencionadas, que han llevado a Bernad a ser detenido, acusado de los presuntos delitos de extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública, falsedad documental y fraude en subvenciones.

A la vista de semejante trayectoria, y ante la incriminación de los responsables de Manos Limpias, resulta sencillamente inquietante que la institución de la acción popular haya descansado en Manos Limpias.

 

La opinión de los jueces y fiscales

En tanto se lleva a cabo la compleja reforma del sistema procesal penal, los jueces y los fiscales instan al legislador a que regule de forma clara la acusación popular y establezca mecanismos para evitar que el fin legítimo de la acción penal por parte de cualquier ciudadano que proclama la Constitución no pervierta el sistema. El periódico “ABC” ha ercigo opiniones de diversas asociaciones.

Así, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, es partidario de regularla en términos “muy exigentes”. “Es imprescindible llevar a cabo una reforma que la limite”, dice. Y ello, porque en la mayoría de las ocasiones se ha constatado su inutilidad extraprocesal: cuando sirve a “intereses espurios que el ordenamiento jurídico no debe proteger”. También piensa que “su utilidad intraprocesal es escasa, cuando no nula”. A su juicio, el espíritu de una hipotética reforma de la acción popular tendría que pasar por vincularla al ejercicio de un “interés verdaderamente legítimo”. Eso sí, de cara al juicio habría que clarificar en qué términos la acción popular puede o no puede sostener la acusación cuando el fiscal y la acusación particular no acusan. En definitiva, habría que plasmar en la ley lo que hasta ahora es interpretación jurisprudencial: las doctrinas Botín y Atutxa.

 

Joaquim Bosch: Jueces para la democracia

Joaquim Bosch: Jueces para la democracia

Joaquim Bosch, de la asociación Jueces para la Democracia, cree que el problema de fondo radica en el tipo de proceso penal. A su juicio, en el actual contexto la acción popular está justificada porque si no la acusación quedaría en manos de la Fiscalía y podría llevar a que actos constitutivos de delitos se quedaran sin esclarecer. En este sentido, opina que la Fiscalía está controlada indirectamente por el poder político y que los fiscales están sujetos al principio de jerarquía. Prueba de ello, dice, es que los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no querían presentar la querella por el 9N “y se les obligó”.

 

 

El portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, que no debe haber leído el artículo 125 de la Constitución, se manifiesta partidario de suprimir por completo la acusación popular. “El fiscal defiende el interés público –afirma-, y la acusación popular, el propio, muchas veces con intereses espurios y ánimos escondidos”. Sostiene que en muchas ocasiones el daño que se causa en un juicio mediático es mayor que la pena. “Cuando el fiscal y ni siquiera el perjudicado ven delito, no tiene ningún sentido que haya una acusación popular”, dice. Opina que una de las medidas que se podrían tomar es la de imponer fianzas proporcionales al daño que se pueda causar, en función de la relevancia pública de la persona investigada y de los delitos que la acusación le impute. Frías recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la norma que regula el proceso penal, es muy antigua (1889) y nació en un momento de absoluta desconfianza hacia los poderes del Estado, y en especial hacia la Fiscalía.

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, es más partidario de limitar la acción popular que de suprimirla. “El ejercicio de la acción penal no puede ser un derecho indiscriminado y no se puede equiparar a la Fiscalía”, dice. Cree que es posible “racionalizarla” por ley. García subraya que en casos muy complejos “distorsiona mucho”, porque al tener que dar traslado a las partes de todas las actuaciones se dilatan en exceso las causas, por no hablar del sistema de recursos, que también lo ralentiza. “En ocasiones hay además intereses contrarios al principio de la acción penal, porque en realidad son defensas encubiertas”. Recuerda que el ejercicio de la acción penal es público, y si se parte de la desconfianza en la Fiscalía entonces “hay que reforzar su autonomía”. El destino de la acusación popular tiene que ir ligado al modelo de procesal penal por el que se opte. Si, como en los países de nuestro entorno, el fiscal tiene el monopolio de la acción penal, la acusación popular no tiene sentido si no es para ponerse al lado del Ministerio Público, que es quien tiene el papel “más objetivo” y menos “emocional” a la hora de determinar las penas.

 

Quién debería ejercer la acción popular: las asociaciones ad hoc

 Cualquiera, como es obvio, puede ejercitar la acción popular, pero es evidente la dificultad de que un ciudadano, movido por móviles altruistas, se dedique a tratar de subsanar las insuficiencias de la fiscalía y/o del sistema judicial en la persecución de delitos manifiestos que generen ostensible reproche social. No sólo hay que acopiar el ímpetu necesario sino también organizar materialmente la acción, contando con letrado expertos que den cauce a la iniciativa.

Por ello, y con independencia de que cada ciudadano tenga a su disposición esta vía de participación en el sistema de la Justicia, parecería lógico que surgiera alguna iniciativa filantrópica de carácter asociativo que reuniera a personalidades relevantes por su trayectoria en diversas disciplinas –la cátedra, la judicatura, la empresa, las profesiones liberales, la función pública, el foro o la política- para ejercitar la acción publica allá donde no llegue el celo espontáneo de la fiscalía o donde se eche en falta mayor rigor en el manejo de lo público, en la gestión de los recursos, en la defensa de la Constitución y de la legalidad, etc. En principio, su papel no debería ser ideológico –para esto están ya los partidos políticos- sino técnico-judicial, y habría de consistir en defender mediante sus propuestas el espíritu constitucional  y el imperio de la ley.

Tales asociaciones –una sola o varias-, que tendrían que preservar su independencia prescindiendo de cualesquiera subvenciones públicas, deberían promover las acciones necesarias por propia iniciativa y por el procedimiento de evaluar las sugerencias que les llegaran de la sociedad civil.

 

Analytiks contribuirá a impulsar tales asociaciones

Analytiks invita desde aquí a los miembros de la sociedad civil a impulsar tales asociaciones, que encontrarán en nuestro portal digital todo el soporte mediático que precisen, sin contrapartida alguna.

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