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Si hubiera repetición de elecciones, serían el… martes 28 de junio

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Si hubiera repetición de elecciones, serían el… martes 28 de junio 1

Por Víctor Gómez Frías, @vgomezfrias

Esta mañana el presidente del Congreso de los Diputados ha anunciado que la sesión de investidura para el candidato a Presidente del Gobierno Pedro Sánchez se iniciará el 2 de marzo. Vaya por delante que espero sea exitosa; en mi caso, desearía que con un programa pactado esencialmente entre PSOE y Ciudadanos y aceptado por otras fuerzas. Pero, como la mayoría de españoles, también pienso que es poco probable ese acuerdo u otro, y de ahí la curiosidad por saber la posible fecha de repetición de elecciones. Todos los comentaristas (siguiendo por lo visto a fuentes del propio Congreso) las han situado en el domingo 26 de junio; intentaré explicar por qué esta fecha es muy cuestionable.

El artículo 99.5 de la Constitución indica que “si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”. Así que lo primero que hay que saber es, con una investidura que se inicia el día 2 de marzo, cuándo sería la primera votación. Ese plazo está indeterminado en los textos ya que el Reglamento del Congreso indica que el discurso inicial del candidato y todas sus intervenciones serán “sin límite de tiempo”. Los grupos parlamentarios sí tienen su tiempo tasado: treinta minutos de entrada y diez minutos más si el candidato les replica. En la práctica, esta primera votación acaba siendo al día siguiente de iniciarse la investidura: es decir, el día 3 de marzo (hasta aquí de acuerdo con lo que se ha venido publicando).

¿A qué día y hora se cumplirían pues los dos meses desde la votación del 3 de marzo? La Constitución no fija ese detalle de procedimiento pero su artículo 149.1 remite a la legislación estatal para fijar de un lado en la legislación civil “las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas” y de otro el “procedimiento administrativo común”. Se considere objeto de una u otra rama la regulación de este plazo constitucional, la conclusión sería la misma. En efecto, el artículo 5.1 del Código Civil indica que “si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha” y el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, que regula el Procedimiento Administrativo Común, dice que “si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente”. Es decir, que los dos meses cumplidos solo se pueden verificar acabado el día 3 de mayo, es decir, en cuanto comience el día 4.

La Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG), desarrollada por previsión del artículo 81.1 de la Constitución, solo establece en cuanto al cómputo de plazos que aquellos “a los que se refiere esta Ley son improrrogables y se entienden referidos, siempre, en días naturales” (artículo 119) y que “en todo lo no expresamente regulado por esta Ley en materia de procedimiento será de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo” (artículo 120). Respecto a la convocatoria de elecciones a Cortes, su artículo 167.1 que la convocatoria de elecciones a una u otra cámara o a ambas se realiza “mediante Real Decreto” y en el apartado 167.4 recuerda la citada previsión constitucional de que será el Presidente del Congreso quien lo refrende en el caso de una investidura infructuosa (como excepción al caso general en que lo hace el Presidente del Gobierno).

El artículo 42 de la LOREG desarrolla para los distintos tipos de elecciones (no solo a Cortes, sino también a municipios y al Parlamento Europeo, y con carácter supletorio en las Comunidades Autónomas) los plazos de convocatoria. Distingue diversos casos (disolución anticipada por el presidente del ejecutivo correspondiente, o por expiración del mandato) pero que siempre tienen en común que “los decretos de convocatoria se publican, al día siguiente de su expedición en el “Boletín Oficial de Estado” o en su caso, en el “Boletín Oficial” de la Comunidad Autónoma correspondiente. Entran en vigor el mismo día de su publicación. Los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria”. Se olvida pues de mencionarse el supuesto que nos ocupa de agotarse el plazo para la investidura, pero difícilmente puede imaginarse una regulación de los plazos de publicación y celebración de elecciones distintos a los comunes para todos los casos referidos, porque de otra manera resultaría un procedimiento incompatible con el conjunto del régimen electoral regulado. El propio artículo 1 de la LOREG deja claro que “la presente Ley Orgánica es de aplicación a las elecciones de Diputados y Senadores a Cortes Generales”, sin excepción ninguna, por lo que no cabe admitir que esta Ley deje un vacío al respecto.

En consecuencia de todo lo anterior, el decreto de disolución de las Cortes debería expedirse el 4 de mayo, publicarse el 5 de mayo, y las elecciones sería en el quincuagésimo cuarto día posterior: el martes 28 de junio. Precisamente, para que las elecciones caigan en domingo, las convoca el Consejo de Ministros un lunes 55 días antes, publicándose el Real Decreto un martes 54 días antes. Esto llevó incluso a que el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Rodríguez Zapatero tuviera carácter extraordinario y fuera un lunes 19 de abril de 2004 -cuando los ministros habían tomado posesión del cargo el domingo y ni siquiera se había hecho aún la mayoría de ceremonias de traspaso de carteras- para poder convocar las elecciones europeas correspondientes a tiempo.

¿Cómo podría justificarse que las elecciones fueran el domingo 26 de junio? Debe entenderse que supone publicar el Real Decreto de convocatoria el mismo día 3 de mayo. Esto supone dos decisiones ciertamente forzadas. La primera es que el Presidente del Congreso constate que el plazo se ha agotado antes de que acabe ese día: visto lo anterior no podría ser teniendo en cuenta la hora de la primera votación sino porque los tiempos necesarios para celebrar una investidura la hicieran ya imposible en las horas que quedasen (pero es muy discutible cuál es ese tiempo mínimo, ya que se todas las partes podrían reducir sus discursos a la mínima expresión). La segunda es que se publicara el Real Decreto de disolución refrendado por el Presidente del Congreso el mismo día en que se firmara aprovechando la omisión al respecto de la LOREG, pese a que todos los demás casos en que sí se regula se prevé que se publique al día siguiente de su firma.

Un decreto de disolución firmado en la tarde del día 3 y publicado ese mismo día en un BOE extraordinario permitiría mantener unas elecciones en domingo, pero supone forzar la ley, aunque se hiciera con la mejor intención y sin que parezca perjudique a nadie en particular. ¿Se quejaría alguien? Desde aquel miércoles 12 de marzo de 1986 en que votamos la entrada en la OTAN, los españoles no hemos vuelto a las urnas entre semana. En otros países es lo habitual, pero en España nos hemos acostumbrado a que sea un domingo el impacto en la participación sería una fuente de incertidumbre. También supondría un considerable problema organizativo y logístico en los colegios electorales y para los miembros de las mesas.

Otras alternativas introducen aún más inseguridad jurídica. Sería el caso de no firmar el decreto de convocatoria inmediatamente cumplido el plazo de los dos meses (esperar cinco días y que las elecciones acabaran siendo el domingo 3 de julio) porque dejaría en funcionamiento unas Cortes que la Constitución entiende deberían estar disueltas. Igualmente, considerar que como la LOREG solo establece que sus plazos son “improrrogables” se puede entender que son “compresibles”, porque la decisión de cuáles se reducen concedería un arbitrario poder al gobierno o la Junta Electoral Central que no parece tenga fundamento legal.

Aunque los principales partidos afirmaran que prefieren las elecciones en domingo, la cuestión es demasiado importante para dejar la seguridad jurídica y el prestigio de nuestras instituciones al albur de polémicas e incluso recursos por parte de quienes busquen protagonismo o legítimamente vean cualquier perjuicio. Considero por lo tanto preferible que la primera votación se adelante al 1 de marzo (o bien, se retrase al 8). Eso supondría que el debate de investidura comenzara el 29 de febrero, original efeméride que resulta además ser el cumpleaños del propio candidato. ¿Se puede pedir más? Sí, que finalmente no sea necesario volver a las urnas.

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