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Trampas para la corrupción

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Trampas para la corrupción 1

Imagínese que el consejero delegado de una gran compañía constructora (o siderúrgica, o naviera, la especialidad es lo de menos) que declara concurso de acreedores porque ha acumulado un pasivo inmanejable tuviera la ocurrencia de atribuir el desastre al responsable de las finanzas, al tesorero o al contable, porque no le tuvieron al corriente de la pésima evolución financiera de la empresa. El CEO diría que él ocupaba la cúpula ejecutiva para abrir mercados, mejorar los procesos productivos, ocuparse de la innovación, y no para analizar prosaicos balances. La incredulidad y la indignación que generaría tal actitud entre los accionistas y trabajadores de la empresa sería inmensa.

En política, sin embargo, las cosas funcionan de este modo: los responsables políticos, los líderes mesiánicos que nos infunden las ideas y los programas no tienen absolutamente nada que ver con las prosaicas finanzas que les mantienen, sufragan sus campañas y les proporcionan los equipos. La trampa es burda pero funciona: si se descubren ilegalidades en la financiación, con la consiguiente ruptura del principio inviolable de la igualdad de oportunidades que caracteriza a nuestros regímenes, la culpa es del tesorero. En los partidos, la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda: hipocresía es la figura.

El Consejo General del Poder Judicial tiene tabulada en sus páginas web de transparencia toda la corrupción española en las distintas fases del procedimiento judicial. La presentación de los datos no es precisamente fácil de aprehender, pero es meritorio el esfuerzo del Consejo, que permite reconocer cuántas personas han estado o están siendo investigadas o juzgadas por los delitos considerados “corrupción” (prevaricación de funcionarios públicos; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos;  cohecho; tráfico de influencias; malversación; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función). No se consideran otros delitos colindantes como el blanqueo que pueden incluirse en la corrupción pero que abundan más en el narcotráfico.

El desglose del aluvión de datos no es sencillo, como ha quedado dicho, pero hay algún resumen elaborado por los medios que permite establecer la magnitud del problema. Según El Confidencial, el año pasado se contabilizaron un total de 112 procedimientos con la investigación acabada que acumulan 659 personas camino del banquillo de los acusados y se dictaron 79 sentencias condenatorias. En cabeza del ránking de supuestos corruptos sentados en el banquillo está Baleares (97 acusados y 18 procedimientos), muy por delante de las Canarias (62 acusados) y Andalucía (61 acusados).

Según InfoLibre, que cita como fuentes a Europa Press y al propio Consejo General del Poder Judicial, una radiografía de la corrupción en España revela que hay casi 1.700 causas abiertas en sus diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional. La magnitud del problema se desprende también, de forma más subjetiva, de la incidencia de los grandes macrojuicios, en uno de los cuales ha tenido que declarar como testigo el propio presidente del Gobierno y del Partido Popular.

Es lógico pensar que con esta acumulación de casos que dura ya años la ciudadanía se ha curado de espantos y se ha insensibilizado frente a esta lacra que ya forma parte del paisaje. En cierto modo, así es: ni siquiera la comparecencia como testigo del mismísimo presidente del Gobierno, que se ha visto envuelto en un contexto sombrío de corruptelas y omisiones, ha impresionado a la opinión pública, que mira con el rabillo del ojo cómo el establishment se desmarca de una realidad suficientemente conocida que ya nadie conseguirá cambiar, al menos en la versión indeleble que reside en el subconsciente colectivo.

Pero tampoco es realista creer que la resignación general ante un estado de cosas lamentable, que intensificó la gravedad de la propia crisis y que explica muchas de las deficiencias del modelo sociopolítico, es del todo inocuo y no tendrá repercusiones futuras. La democracia, que es el gobierno de la comunidad, evoluciona a varias velocidades, a medida que va asimilando y digiriendo los hechos que discurren y que condicionan su vida. Y todo este proceso de degradación de lo público, de manipulación de los valores para aprovechamiento de determinados grupos de interés, de tergiversación descarada de la realidad como si los ciudadanos no fueran capaces de establecerla por su cuenta, termina pasando factura. En Francia, los dos grandes partidos sobre los que recayó durante décadas la representación han desaparecido; en España, los partidos que nos han traído hasta aquí desde la transición están atravesando por la peor de las crisis. Las culpas no son genéricas ni globales y tienen en la mayoría de los casos nombres y apellidos, pero es probable que con el paso del tiempo se agrave la indiscriminación y paguen, como siempre ocurre, justos por pecadores esta colosal y cínica ceremonia de la confusión.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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