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Cataluña: de la desfachatez a la normalidad

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Cataluña: de la desfachatez a la normalidad 1

El independentismo beligerante, una extraña sublimación vehemente del viejo y relativamente pacífico catalanismo político, ha adquirido indiscutible envergadura en Cataluña pero, probablemente porque tenía conciencia de su propia insuficiencia –el 9N sirvió, paradójicamente, para recalcarla—, ha optado por la inaceptable vía rupturista de la legalidad para tratar de imponer lo que, por la vía reformista, probablemente no hubiera podido siquiera plantear con algún fundamento. Conviene subrayar que en la actualidad, tras las elecciones de septiembre de 2015, las formaciones independentistas representan en el Parlament el 47,8% de los votos; Junts pel Si, la coalición de las formaciones democráticas independentistas, consigue 62 escaños en un parlamento de 135, y la mayoría absoluta de escaños requiere el apoyo de la CUP, una fuerza antisistema que es independentista pero no para hacer de la ansiada República Catalana un nuevo socio democrático de la UE sino para convertirla en una pequeña Albania al estilo de la de los tiempos de Enver Hoxha.

Por añadidura, la antigua CDC, una de las dos fuerzas fusionadas en Junts pel Sí, está ahora purgando las consecuencias de la corrupción insoportable de su anterior etapa de gobierno, con Pujol al frente de la autonomía catalana y Artur Mas de delfín y mano derecha. El descrédito del nacionalismo conservador, ya por los suelos después de que se descubriesen las maquinaciones de la familia Pujol, ha alcanzado cotas sublimes estos días, con el juicio del ‘caso Palau’, el expolio del Palau de la Música, institución emblemática donde las haya, a manos de personalidades muy cercanas al núcleo duro del poder pujolista, que no sólo robaron materialmente cuanto cayó en sus manos, sino que sirvieron de intermediarias del cohecho del poder convergente, que extorsionó a empresas para otorgar concesiones a cambio de dinero. Pero, además, hay otros sumarios abiertos: el “caso 3%, el “caso Pujol”, el “caso ITV” que también afecta a un hijo de Pujol, el “caso Pretoria” cuya vista empieza el lunes y que se refiere a una trama urbanística, el “caso Adigsa” que es el primer que vincula a CDC con el cobro de comisiones, y el “caso ACM”, que versa del saqueo de la Asociación Catalana de Municipios a manos de políticos sobanistas.

Las marrullerías políticas y el camino de ilegalidad emprendido por el nacionalismo (sobre todo, es preciso destacarlo, por el nacionalismo conservador) han arruinado los restos de credibilidad del independentismo catalán. El director de La Vanguardia, un periódico que es una sólida institución pese a sus propias vicisitudes, escribía el pasado día 1 de marzo una gacetilla titulada “La desfachatez rampante”, en la que afirmaba que “Desfachatez es ahora […] escuchar a Fèlix Millet después de esquilmar el Palau de la Música (y confesarlo) quejarse de la lentitud de la justicia. O incluso ver cómo los mismos que aseguran que la democracia española está enferma intentan coartar el debate en el Parlament de la ley de desconexión, acogiéndose a un irregular procedimiento de urgencia”.

Pues bien: con la vista oral del ‘caso Palau de la Música’ ha empezado la ‘diversión’, en palabras de Millet y de Montull, que sirve para describir la de<finitiva destrucción del crédito nacionalista tras una etapa en que el propio Pujol, hasta 2003, y Mas, a partir de esta fecha, estuvieron al frente del partido. Y como presagiaba Màrius Carol, las formaciones de Junts pel Si y las CUP ha consumado la tropelía: tras unas reformas inicuas del reglamento, la ley de desconexión, mantenida cuidadosamente en secreto, ya puede ser tramitada y aprobada en un par de horas por la cámara catalana, sin permitirse enmiendas, sin debate alguno, sin escuchar siquiera a la oposición, sin respeto a los añejos procedimientos parlamentarios que están en las esencias de las democracias de nuestro entorno y que aseguran que la mayoría y las minorías concurrirán en la formación de la voluntad popular. La corrupción, la ambición y el fanatismo andan de la mano en esta aventura que no tendrá efecto jurídico alguno, que será vista con estupor y desagrado por la comunidad internacional, y que irritará sin duda a la mayor parte de la sociedad española y catalana, no menos numerosa por vociferar menos.

La intención de los soberanistas –bien explícita- es promulgar una “ley de Transitoriedad” que facilite la “desconexión” y la ulterior proclamación de la República Catalana, sabiendo perfectamente que no existe ni de lejos una mayoría clara a favor de esta opción, ni conforme con este procedimiento rudimentario e impropio de una sociedad madura que aspira a vivir en un estado de derecho y a mantener el vínculo con Europa… En algún momento de este proceso, se celebraría un referéndum unilateral…, probablemente para ratificar hechos consumados. Como es natural, el Estado no permitirá que prospere semejante delirio, pero es deseable que la intervención gubernamental, muy medida, sea la menor posible. Porque con toda evidencia, el gran afán de los rupturistas es que la otra parte sobreactúe, se exceda, para poder dar rienda suelta al victimismo impenitente del nacionalismo y ganarse así las simpatías de la opinión pública, que cada vez arropa menos a los sospechosos de la barretina.

Con independencia de que es muy probable que este ardid ya no funcione –muchos de los marrulleros están ya en el banquillo o a punto de sentarse en él-, la dignidad del propio Estado y el respeto a la atribulada sociedad catalana obligan a aplicar con delicadeza ese principio de intervención mínima. Probablemente baste con aplicar la ley, instar las respuestas adecuadas del Tribunal Constitucional y exigir las responsabilidades a que haya lugar por la vía ordinaria de los tribunales, como se ha hecho hasta ahora.

Naturalmente, siempre sería posible recurrir al famoso artículo 155 CE, pero como dicen los juristas más acreditados, esta disposición es de las que cuando mejor funcionan es cuando no tienen que activarse, por lo que lo ideal es no tener que recurrir a ella. De hecho, lo lógico es impulsar suavemente la situación catalana hacia unas nuevas elecciones, con la esperanza –parece que fundada- de que los electores antisistema hayan reconsiderado en buena parte su posición y regresen a la vida parlamentaria y democrática. Para ello, las fuerzas estatales y el gobierno deben hacen mucha más pedagogía y ponerse al frente de las reclamaciones legítimas, que son bastantes, de la sociedad catalana.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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