En PortadaPolítica

Cataluña, el riesgo de caer en el abismo tras los indultos

0
Bandera de Cataluña

Quien haya seguido desde muy atrás el devenir de los medios de comunicación catalanes entenderá fácilmente que la oposición exorbitante a los indultos por parte de los tres partidos de la derecha española está siendo interpretada como un agravio más del “Estado profundo” a Cataluña, de Madrid a Barcelona, del nacionalismo español —que también existe— al nacionalismo catalán. Es imposible no relacionar esta respuesta abrupta del PP de Casado a una medida pacificadora como son los indultos con la anterior campaña (incluida otra recogida de firmas) del PP de Rajoy contra el nuevo Estatuto de Cataluña. La confrontación sigue intacta, con la particularidad de que no solo se sienten agraviados quienes votan a los partidos independentistas sino también la práctica totalidad de los catalanes, que ven en la posición de un hemisferio español un gesto de desdén, de malquerencia, de alejamiento político y sentimental. Curiosamente, los no nacionalistas catalanes acusan el golpe de los nacionalistas españoles.

El Centre d’Estudis d’Opinió, cargado de prestigio técnico a pesar de ser un organismo de la Generalitat, realiza sistemáticos estudios demoscópicos (varias oleadas al año) del posicionamiento de los catalanes en relación a la independencia. Una de las preguntas que se repiten da a elegir al encuestado entre Estado independiente, Estado federal español y comunidad autónoma como actualmente, y es muy instructivo observar la evolución de las posiciones desde el Estatuto fallido de 2006 y la sentencia del TC de 28 de junio de 2010 que rechazaba algunos aspectos esenciales de una norma que ya había sido refrendada por la ciudadanía. Entre junio de 2005 y marzo de 2007, el porcentaje de independentistas osciló entre el 12,9% y el 15,9%. Entre julio de 2007 y diciembre de 2009, la evolución fue del 16,1% al 21,6%. Y a partir de 2010 comienza la gran escalada: en 2010 se alcanzó el 25,2%; en 2011, el 28,2%; en 2012, el 44,3%; en 2013, el 48,5%; en 2014, el 45,3%; en 2015, el 41,1%; en 2016, el 41,6%; en 2017, el 40,2%; en 2018, el 40,8%…

En otra de las preguntas del barómetro del CEO se indaga cuál sería el voto en un referéndum de autodeterminación. El ‘no’ ha vencido desde que se realizan los conteos, menos en un periodo a mediados de 2016 y otro entre octubre de 2017 y marzo de 2018. A finales de 2019, el barómetro elaborado después de las elecciones generales del 10 de noviembre y, por tanto, también tras el fallo del Supremo sobre el ‘procés’ y los disturbios de los días posteriores, reflejó solo —¿paradójicamente?— una leve recuperación del ‘sí’ a la independencia, aunque el ‘no’ mantuvo una ventaja de cuatro puntos: el 43,7% de los catalanes apoyaba la secesión, mientras que el 47,8% la rechazaba. Últimamente, la correlación entre independentistas y no independentistas se ha vuelto muy volátil: en diciembre del año pasado, se publicaba que a finales de octubre de 2020, la distancia entre el ‘sí’ y el ‘no’ a la secesión de Catalunya era de apenas un punto a favor del ‘no’. En menos de un mes, el rechazo a la ruptura con España se disparó y aventajaba en cinco puntos a los independentistas (49% frente al 43,6%). En el último barómetro, en mayo de 2021, todo seguía casi igual: el 48,7% de los catalanes se oponía a que Catalunya sea un Estado independiente, frente al 44,9% que votaría a favor si se celebrase ahora un referéndum.

Es evidente en todo caso que, a partir de la sentencia del TC de 2010, que marcó un punto de inflexión, el independentismo, que había sido sistemáticamente minoritario, se emparejó con la opción contraria en una carrera desenfrenada durante toda la presencia de Rajoy en la jefatura del Gobierno, y ambas posturas se han mantenido hasta hoy en equilibrio inestable, con cierta ventaja para el ‘no’. Rajoy, como es sabido, afrontó el problema, que adquiría día a día proporciones más inquietantes, con su proverbial flema. Se negó absolutamente a dialogar con Artur Mas, quien reclamaba un pacto fiscal, ciertamente opinable pero inscrito en el marco constitucional y en todo caso no muy distinto del que disfrutan Navarra y Euskadi, y ante aquella negativa desabrida y seca el entonces presidente de la Generalitat convocó una “consulta popular no referendaria” que supuso la primera transgresión de las reglas constitucionales y el inicio real del ‘procés’, que llegaría a los extremos que todos conocemos y que mereció la aplicación del artículo 155 C.E., con el apoyo incondicional —era un asunto de Estado— del Partido Socialista. El PP parece haberlo olvidado. O quizá no recuerde lo que significa el concepto de lealtad en democracia.

Con Cataluña se pudo hacer más desde Madrid cuando los líderes soberanistas caldeaban el ambiente con argumentos que hubieron debido ser tenidos en cuenta

La exacerbación de las exigencias nacionalistas hasta los extremos a los que han llegado no es justificable, ni mucho menos la vulneración flagrante de la legalidad con la promulgación de leyes inicuas en el Parlament —La Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana y la Ley del Referéndum— y la organización clandestina de la consulta, pero en política es peligroso abandonar criterios como la flexibilidad, la comprensión y el diálogo, incluso con disidentes que proponen lo imposible. Con Cataluña se pudo hacer más desde Madrid cuando los líderes soberanistas caldeaban el ambiente con argumentos que hubieron debido ser tenidos en cuenta (algo falló en el sistema español cuando se desmontó un estatuto refrendado por la ciudadanía en referéndum).

Desde la sentencia del ‘procés’, las aguas no se han calmado. La estancia en prisión de los principales líderes soberanistas que no se habían expatriado antes de ser detenidos no ha ayudado, obviamente, a relajar la tensión sino al contrario. Implacablemente, el sistema judicial español ha hecho su trabajo, basándose probablemente en normas que no habían sido promulgadas para episodios de aquella naturaleza (la discusión sobre la sedición está abierta), y el peso de la ley ha resultado esta vez sobrecogedor, probablemente desproporcionado. No caben muchas dudas sobre la actuación del Tribunal de Cuentas en este pleito, pero algo debe funcionar mal en el sistema cuando, como daño colateral del conflicto, decisiones tumultuosas de aquel organismo tan poco activo arruinan materialmente a un personaje como Mas-Colell, un sabio reconocido mundialmente que aceptó ser conseller d’Economía, a quien se carga su cuota parte de los gastos producidos al Estado por el ‘procés’. Una vez más procede aquello de Ortega: “Yo no se nada de Derecho, pero sí sé, cuando llega el caso, quedarme atónito”.

Cataluña continúa en llamas

Puede, en fin, decirse que Cataluña continúa en llamas, solapadamente irritada, desde los hechos de 2017 que dieron lugar a la victoria pírrica del Estado, siempre a caballo entre lo trágico y lo cómico, gracias a las habilidades policiales de Fernández Díaz y a la sagacidad de los servicios de inteligencia del Estado. Los indultos tratan de actuar no tanto sobre el proceso político sino sobre el consciente colectivo de los catalanes, sobre la disposición psicológica de un pueblo que se siente vapuleado, discriminado, humillado. Porque el conflicto no le ha salido gratis: la locomotora industrial y económica de España ya no es Cataluña sino Madrid. Miles de empresas tecnológicas, financieras, etc. han abandonado el Principado para residir en comunidades más tranquilas. Y, a qué negarlo, la preocupación por las anomalías ha impedido que Cataluña mantenga el ritmo de prosperidad de que disfrutó desde finales del pasado siglo, desde la época del ‘oasis catalán’, y hoy Barcelona es una ciudad más gris y más apagada que hace una década.

Hay, en fin, un agravio en el ambiente que todo lo corroe y que impide rectificar el curso histórico en un tiempo discreto, de forma que todo el mundo ceda en el pleito y nadie salga inaceptablemente humillado. Por ello es urgente aplicar la inteligencia para que los abismos se cierren poco a poco, para que el diálogo no sea una claudicación, para que se pueda recomenzar la ardua tarea de convivir. Porque el envés de esta posibilidad sería el encelamiento de los catalanes en un soberanismo cada vez más arisco y reconcentrado, que pronto dejaría ser reversible. Si por cualquier error de cálculo los porcentajes de soberanistas/no soberanistas se alteran significativamente y los partidarios de la independencia alcanzan un porcentaje del 70 o el 80%, no habrá forma humana de detener la secesión. Algunos independentistas lo han entendido claramente así: “hemos de ser más”, han dicho. Pero no se trata de eso sino de que sean cuales sean las proporciones encontremos una fórmula de coexistencia.

Esta situación límite, no demasiado difícil de observar porque el estallido es patente a todas horas, explica que el gobierno Sánchez haya decidido tener un gesto de magnanimidad, que no resuelve en sí mismo nada pero que tiene un alto simbolismo. Los indultos significan a) que existe clara e intensa voluntad política de conseguir un consenso razonable en el marco de nuestra democracia, poco objetable en sí misma; y b) que  las dificultades jurídicas no pueden ser obstáculo para que se alcancen los consensos precisos; la magnanimidad y la justicia, ambas de la mano, pueden resolver cualquier contradicción.

La solución negociada del conflicto catalán asomó en los orígenes de este gobierno, pero no se ha hecho carne hasta que la pandemia lo ha permitido. Ahora hay que reconstruir materialmente el país y emprender una gran campaña de modernización que no sería posible con el conflicto catalán descarnado y abierto. Por eso se encarrila al mismo tiempo que se plantea la reconstrucción. Lo ideal sería que ambos procesos fueran de la mano.

Pero semejantes designios tropiezan con la posición irreductible de las tres derechas, extrañamente aliadas en una negativa brutal contra cualquier gesto de concordia en Cataluña. La presencia del PP —Vox es irrelevante a estos efectos y C’s está al borde de la consunción— no es indispensable, pero su campaña, encaminada a colmar sus intereses particulares —Casado no ha encontrado el sitio ni el discurso—, llena de pedruscos el camino.

Porque es muy peligroso el procedimiento de recurrir al rigor inflexible hasta incendiar Cataluña que parecen sugerir las derechas actuales. Porque en una democracia no sólo hay que cumplir las leyes: hay que crear las condiciones para que la paz no peligre, para que la política sea racional e inteligible, para que la Justicia sea proporcional y comprensible, para que la gente no se sienta burlada, para que la comprensión mutua sea la pauta. Y es urgente bajar al diálogo y a la negociación porque estamos materialmente jugando con fuego:  como se ha dicho más arriba, si el porcentaje de independentistas catalanes pasa de determinado umbral, la independencia de Cataluña encontrará antes o después el apoyo de la comunidad internacional y la causa de la unidad de España estará perdida a largo plazo. En este punto debería ceder cualquier tentación de frivolidad.

Antonio Papell
Director de Analytiks

La piel, los monstruos y la ciencia

Entrada anterior

Los cambios de opinión de Pedro Sánchez

Siguiente entrada

También te puede interesar

Comentarios

Los comentarios están cerrados.

Más en En Portada