El camino de Cataluña hacia la moderación, que arranca de los indultos y que ha transitado por el hito relevante de la primera reunión de la Mesa de Diálogo, se ha visto empañado por la renuncia del nacionalismo catalán a la ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, porque la reconversión proyectada, que haría de él un gran hub internacional en el tráfico aéreo, afectaría a unos 500 metros lineales de pantanal privado protegido, La Ricarda, de un centenar de hectáreas. Es obvio que existe tecnología suficiente para trasladar esta zona sensible a otro lugar adyacente, o para proteger incluso el ecosistema actual, por lo que el asunto se plantea como un conflicto teórico entre el desarrollismo y el ecologismo. Los nacionalistas se pronuncian a favor de este, con la alcaldesa de Barcelona —de ambiguas y confusas convicciones ecologistas, nacionalistas, populistas e izquierdistas— al frente.

Esta renuncia, cuya envergadura se explicará más abajo, no debe extrañar demasiado en una comunidad que ha perdido sin inmutarse varios miles de empresas desde el comienzo del procés en 2017. Se ha contabilizado un éxodo de 7.007 empresas, cifra veraz proporcionada por el Colegio de Registradores, aunque la cantidad real es inferior porque en ese periodo han llegado a Cataluña desde otras comunidades 2.509 empresas, de forma que el saldo negativo es en realidad de ‘solo’ 4.498 compañías. Este abandono es terrorífico y debería haber sido asumido por los catalanes como la prueba de que el fundamentalismo de los sectores soberanistas es indiferente al bienestar y a la prosperidad. No puede ser bueno un idealismo romántico que pasa por la ruina del pueblo que lo exhibe.

Ampliar el Prat conduciría a un incremento del PIB catalán de hasta dos puntos al año

Sea como sea, este vaciamiento empresarial es remediable, en muchos casos solo nominal, y la normalización política podría revertir el proceso a plazo no muy largo. Lo que constituiría una pérdida irreversible de una gran oportunidad sería la renuncia a ampliar a tiempo el Prat. Una renuncia cuyos efectos han sido analizados en el informe de la Universitat de Barcelona (UB) “Impacto económico del aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona/El Prat”, dirigido por los profesores Jordi Suriñach y Esther Vayà, que parte de datos constatados de 2018 y que ha sido resumido en la prensa por Xavier Vidal-Folch. Los datos esenciales son estos: durante la primera etapa posterior a la reconversión, a pleno rendimiento, la facturación de la infraestructura crecería un 68,2%, hasta los 56.660 millones de euros, e incrementaría su contribución al PIB catalán en dos puntos (del 6,8% al 8,9%) anuales, unos 5.000 millones. Además, el empleo directo crecería en 83.080 personas, y hasta 364.000 añadiéndole el indirecto. La recaudación de impuestos aeroportuarios en Cataluña subiría un 70,7%, y en el conjunto español, el 72%, hasta 12.901 millones de euros anuales.

Ante estas expectativas que pueden frustrarse, la oposición ecologista extrema, conservacionista a ultranza, es sectaria y engarza con los movimientos cuasi religiosos que postulan el retorno del hombre a la naturaleza, y la renuncia no solo al progreso sino también a la ciencia y a la tecnología. Porque son la ciencia y la tecnología los instrumentos que pueden conseguir conciliar el progreso con una protección razonable del medio ambiente. El término ‘razonable’ es indispensable porque la vida humana altera como es lógico la faz del medio en que habita, pero ello no ha de ser necesariamente negativo. El represar ríos para que los habitantes aledaños puedan beber y cultivar todo el año no tiene por qué resultar una tragedia ecológica si se actúa con mesura, con racionalidad, con esa inteligencia que nos caracteriza y que nos distingue de los demás residentes del planeta.

Son la ciencia y la tecnología los instrumentos que pueden conseguir conciliar el progreso con una protección razonable del medio ambiente

En un grado superior de desarrollo, extirpada la pobreza estructural, cabe que el crecimiento cualitativo prime sobre el cuantitativo, pero estamos en un mundo en que en los países desarrollados más del 20% de la población (el 21% en España) se encuentra en situación de riesgo de pobreza, lo que indica que nos queda aún mucho camino hasta conseguir esa arcadia idílica que postula la misantropía ecologista.

Por esta razón, quienes quieren privar a Cataluña de una colosal fuente de riqueza, que lógicamente beneficiaría a todo el Estado, son unos auténticos desaprensivos que han de ser desenmascarados. La Generalitat debe recapacitar y también el gobierno del Estado ha de persuadir a las instituciones catalanas de que nos estamos jugando el interés general.

Los caminos de Cataluña. La mesa de diálogo

El camino emprendido en Cataluña a través de la Mesa de diálogo, que pese a su inconcreción ha engendrado una gran polémica significativa de su trascendencia potencial, será muy arduo y complejo, y precisamente por ello sus promotores no se han fijado horizonte ni plazos, y el de dos años es un mínimo voluntarista que, reconocidamente y por desgracia, no se podrá cumplir. Va, pues, para largo el proceso pendiente, que ha de conciliar los límites constitucionales (incluidos los que marca el Título X, de la reforma constitucional) con lo medular de las aspiraciones de autogobierno de Cataluña. La voluntad humana todo lo puede en el terreno de la racionalidad, por lo que no hay duda de que este designio puede conseguirse; otra cosa es que se logre efectivamente. Y cuándo.

La conciliación entre la Constitución de 1978 y los dos objetivos declarados por los independentistas, tanto de ERC como de Junts –referéndum de autodeterminación y amnistía— es sencillamente imposible. Ninguna Constitución democrática del mundo contiene previsiones sobre una hipotética fractura del Estado, y no cabe en la ley de leyes española una medida de gracia colectiva (el indulto con intención pacificadora ya ha tenido lugar, y se nota: aunque algunos de los beneficiarios de la medida exhiban con agresividad la integridad de sus convicciones rupturistas, la sociedad catalana ha cambiado su punto de vista y ya ve quién va de buena fe a por la paz y quién no).

En consecuencia, pocos se han atrevido a marcar un camino posible hacia un desenlace verosímil. ¿Cuál debería ser la estrategia de los interlocutores para conseguir en el horizonte, no escorzado todavía, un acuerdo sostenible y lo bastante firme para dejar de ser un conflicto permanente? ¿Sobre qué bases y criterios se podría forjar tal acuerdo si, en principio, los objetivos declarados y primarios son incompatibles?

Pocos se han atrevido a ofrecer respuestas a estas cuestiones, y entre ellos Jordi Sevilla, que en Twitter ha comentado una frase de Sánchez a Aragonés en relación a la Mesa: «Esto va en serio, no es para ganar tiempo», dijo el presidente del Gobierno al de la Generalitat. Sevilla responde: «Si “esto va en serio” solo veo, al final de un proceso de negociación y para convencer al resto de España: 1. Nueva adicional a la Constitución sobre excepcionalidad catalana (referéndum en toda España). 2. Un nuevo Estatut en ese marco (referéndum catalán). Años».

La Vanguardia publicó una encuesta de GAD3 en la que se acreditaba que casi el 67% de los españoles era partidario, para resolver el conflicto, de una reforma constitucional votada por todos los españoles

La fórmula no es nueva, constituye una de las soluciones conocidas al contencioso y quien firma estas líneas la ha traído varias veces a los medios.  En realidad, la fórmula fue primero enunciada con maestría jurídica por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y en marzo de 2018, La Vanguardia publicó una encuesta de GAD3 en la que se acreditaba que casi el 67% de los españoles era partidario, para resolver el conflicto, de una reforma constitucional votada por todos los españoles que permitiera un nuevo estatuto catalán con delimitación clara de competencias. La fórmula que menciona Sevilla es más simple pero menos clara: en lugar de reformar el Título VIII, se añadiría una disposición adicional dedicada a Cataluña, semejante a la que preserva los derechos históricos de vascos y navarros. Quizá fuera más fácil optar por un desarrollo federal y no por una extensión de unos privilegios ya concedidos.

De hecho, cuando Maragall, presidente de Cataluña desde 2003, planteó la reforma del Estatuto en los términos de un exótico federalismo asimétrico, ya se sabía que el resultado difícilmente cabría en la Carta Magna. Aquella fórmula hubiera requerido una previa reforma constitucional para legitimarse, y no se quiso acometer por las dificultades que presentaba, y que hubieran podido desembocar en frustración.

La reforma constitucional sigue, pues, pendiente, y sin ella, sin una caracterización para Cataluña, el conflicto podría eternizarse. Pero quizá habría que abordar el asunto con más coraje y marchar directamente hacia un Estado federal, que dé sentido a la cámara alta y que nos asemeje a uno de los países que mejor funcionan de Europa: Alemania. En definitiva, habrá que ver si Cataluña quiere ser una anomalía foralista o si prefiere ser Baviera en un estado todo él moderno y competitivo.

La reforma de la Financiación Autonómica

No podía demorarse más: los severos desequilibrios territoriales en la financiación de las comunidades autónomas obligan a reformar la financiación autonómica. La última Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) es de 2009, y la propia ley impone su revisión quinquenal, algo que no se ha cumplido, aunque se han efectuado reformas ocasionales para remediar desajustes insoportables. Sea como sea, el mero anuncio de que el asunto iba a abordarse ha movilizado a las autonomías, y el pasado martes se reunieron en Sevilla los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana, el popular Juanma Moreno Bonilla y el socialista Ximo Puig, que consideran ser víctimas de una infrafinanciación comparable. Para octubre está prevista la reunión de los de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Asturias y Extremadura con idéntica finalidad de hacer lobby, aunque en un sentido lógicamente diferente.

También el martes, la vicepresidenta Calviño, al término del consejo de ministros que ella misma había presidido por ausencia del presidente Pedro Sánchez (de viaje en La Palma), abordó el asunto y criticó estas reuniones tendentes a formar grupos de presión en favor de unos contra otros. «El sistema de financiación autonómica —aclaró Calviño— es una cuestión que afecta a todos los ciudadanos y tiene que abordarse con una actitud constructiva y con un enorme respeto, escucha y comprensión, para que logremos un equilibrio que nos permita construir país, que nos permita reforzar la vertebración territorial y en definitiva reforzar España». De momento, la ministra de Hacienda, Montero, presentará en el próximo mes de noviembre una propuesta del cálculo de población ajustada, que pueda servir como punto de partida y criterio para la elaboración del nuevo modelo de financiación.

La financiación autonómica, que afecta a todas las CCAA menos a Navarra y País Vasco por específico mandato constitucional, ha de efectuarse con criterios objetivos: población real, renta media, estructura de edad, extensión y dispersión de la población en el territorio, etc.). Y sobre ellos debe superponerse cierta progresividad, de forma que el modelo cuasi federal tienda a equilibrar el conjunto y a elevar hacia el promedio a los que se mantienen por debajo de él. Solo esta segunda parte puede tener contenidos ideológicos; el resto del trabajo de distribución ha de ser predominantemente técnico, y ha de incluir las correcciones necesarias para garantizar que las variaciones entre la financiación de los grandes servicios públicos entre unas comunidades y otras se mantengan dentro de márgenes aceptables.

Obviamente, para que prospere ese trabajo de negociación será necesario que Cataluña aplace sus reivindicaciones a una fase posterior y que acepte los términos de equidad que se pacten entre los quince interlocutores. Lo que no quita que a posteriori se pacte con Cataluña un régimen especial, neutro, semejante al navarro y al vasco, con o sin reforma constitucional mediante.

La tarea de negociación debería ser encomendada a las comunidades autónomas, que darán predominio a las necesidades y conveniencias de los ciudadanos sobre los intereses políticos de los partidos. Y no se entendería que PP y PSOE rechazaran respaldar constructivamente a los gobiernos de los territorios en que son hegemónicos en esta búsqueda de consenso. Se ha recordado oportunamente que, en 1992, el presidente Felipe González y el jefe de la oposición José María Aznar firmaron el segundo pacto autonómico (el primero había sido la recesiva LOAPA, ulterior al tejerazo de 1981, que fue desmontada por el Tribunal Constitucional). Mediante aquel acuerdo, se transfirieron a las CCAA 32 nuevas grandes competencias, entre ellas la Educación, con el fin de igualar las comunidades ‘de vía lenta’ con las llamadas históricas, que se habían forjado por sendas vías constitucionales diferentes. La fotografía en sepia de González y Aznar muy sonrientes celebrando el acuerdo debería colgarse en los despachos de Ferraz y de Génova como recordatorio de que las formaciones de Estado tienen la obligación de sacar adelante los grandes pactos de Estado.