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Ciudadanos y la reforma de la ley electoral

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Ciudadanos y la reforma de la ley electoral 1

El sistema electoral español está regulado mediante la Ley Orgánica 5/1985, de 5 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG). Esta ley es en realidad el desarrollo del Real Decreto-Ley 20/1877, sobra Normas Electorales, que se dictó para cumplimentar la Ley para la Reforma Política, que atribuía al Gobierno la potestad de recular las primeras elecciones para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores.

Aquella norma, que ya empezaba a participar del consenso fundacional del que emanaría la Constitución, fue ideada por los expertos de la UCD con la intención de alumbrar el bipartidismo imperfecto que ha regido durante toda la etapa democrática. El sistema para la elección del Congreso de los Diputados es proporcional, corregido mediante la ley d’Hondt, lo que ha abonado el desarrollo de dos grandes partidos que se han alternado, así como de alguna tercera opción, particularmente el Partido Comunista, después Izquierda Unida, ya muy castigada por el sistema. Es llamativo que en las elecciones del 20D de 2015, Izquierda Unida, que se presentó en solitario, obtuviera dos escaños con 923.000 votos, en tanto el  escaño del Partido Popular costó 58.700 votos.

En definitiva, el sistema vigente, basado en la provincia como circunscripción electoral, beneficia a los dos primeros partidos y castiga severamente al tercero y siguientes. En las elecciones mencionadas de 2015, el escaño de Ciudadanos costó 87.500 votos.  En las de 2016, el escaño de Ciudadanos fue todavía más caro: 97.600 votos.

No es, pues, extraño que Ciudadanos, que es un partido bisagra y tiene vocación de seguir siéndolo, exija como requisito previo a cualquier colaboración con las grandes formaciones una cuestión que afecta radicalmente a su propia supervivencia: la reforma de la ley electoral, que beneficiaría no sólo a ese partido sino también a Podemos.

Como se sabe, la tercera condición de Albert Rivera al Partido Popular es, la reforma de la ley electoral (aunque nada tiene que ver el asunto con la regeneración democrática: tan democráticos son los sistemas proporcionales como los mayoritarios). En su exposición, el líder de Ciudadano explicó las tres condiciones que debería reunir  la mudanza: listas desbloqueadas, mayor proporcionalidad y el final del voto rogado.

La propuesta no es nueva: Ciudadanos ya la enunció en 2009, mediante un documento que todavía está accesible. Y el desarrollo textual fue entonces este: “Implantación un sistema de reparto de escaños más proporcional. El número de diputados aumentará hasta los 400. De ellos, 350 serían elegidos en lista provincial con voto preferente según el método D’Hondt. A cada provincia le correspondería un escaño como mínimo (más uno para Ceuta y otro para Melilla), y el resto se asignarían de forma proporcional a la población. Los 50 escaños restantes serían escogidos en lista nacional cerrada y bloqueada sobre la agrupación de restos (votos no traducidos en escaño) de cada partido en las distintas provincias. Los votos en blanco se contabilizarán como los de cualquier otro partido y los escaños que correspondan en el reparto serán dejados vacíos. La apertura de las listas electorales a través de la implementación del “voto preferente mediante el cual el ciudadano puede mostrar preferencia (o rechazo) por determinados candidatos integrantes de la lista, al margen de la posición que tengan en la papeleta”.

En el programa electoral previo al 20D, Ciudadanos propuso una reforma más ambiciosa, calcada del modelo alemán: el modelo propone que la mitad de los diputados (175), se asignarán a circunscripciones de elección unipersonal, lo que obligará a trazar 175 nuevas circunscripciones de nueva planta, de unos 230.000 habitantes cada una. Este punto es el más controvertido ya que se abandona el modelo provincial y se entra en un terreno pantanoso de división artificial del territorio. Los restantes 175 escaños se asignarán a las listas presentadas en la circunscripción nacional, y se establecería un mínimo del 3% estatal para poder optar al reparto proporcional. Ese porcentaje obtenido en la lista nacional es el que determinará el número de escaños que corresponde a cada partido en el Congreso.

Lo curioso es que este modelo que ahora resucita no fue incluido en el “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” que suscribieron PSOE y Ciudadanos tras el 20D y sobre el que se sustentó el intento fallido de investidura de Sánchez. En este documento, y con el título “Reforma del sistema electoral”, se efectúan sólo algunos enunciados genéricos, y así se propone “Mejorar la proporcionalidad” y “establecer para la elección de diputados un sistema de listas desbloqueadas que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección final de sus representantes e incentive una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios”.

La reforma parece sencilla pero no lo es en absoluto y, desde luego, deberían olvidarse PP y C’s de intentarla si no se plantea en el marco de un gran consenso que roce la unanimidad (el contrato social de Rousseau, fundamento de la filosofía democrática, exige como es sabido la plena coincidencia en el origen en materia de reglas del juego). Y será muy difícil evitar la confrontación que se va a suscitar: PP y PSOE pretenderán seguramente mantener su actual statu quo que les privilegia, puesto que siguen siendo los primeros del ránking de partidos y obtienen los escaños más ‘baratos’ que los siguientes en al lista; en cambio, Ciudadanos y Podemos pretenden reforzar la proporcionalidad en su propio beneficio y en contra del interés de los grandes partidos. En un contexto de reformas profundas, quizá este cambio consiga imponerse pero son previsibles algunas denodadas resistencias.

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Antonio Papell
Director de Analytiks

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