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Ciudadanos y Podemos quieren cambiar la ley electoral

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Ciudadanos y Podemos quieren cambiar la ley electoral 1

Hasta las elecciones generales de 2015, el sistema electoral español había desarrollado un modelo de bipartidismo imperfecto basado en dos grandes organizaciones, PP y PSOE, que se turnaban al frente del Estado, a veces con mayoría absoluta, a veces apoyados en minorías periféricas. A babor de estos dos grandes partidos, ha permanecido una izquierda comunista —primero el PCE, después la coalición Izquierda Unida—, con un máximo de 21 diputados en 1996, y durante un tiempo , entre 1986 y 1996, tuvo representación parlamentaria el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, que llego a ostentar 17 escaños en 1986. Entre 2008 y 2015, UPyD, partido fundado por Rosa Díez, tuvo representación parlamentaria (con un máximo de 5 diputados en 2011). Y los nacionalistas vascos y catalanes han estado presentes siempre, con representaciones estabilizadas, y con un papel relevante en la gobernabilidad. Formaciones regionalistas canarias andaluzas, gallegas y valencianas se han asomado también alguna vez al parlamento español.

Puede, pues, asegurarse que el sistema electoral español ha actuado de freno a la extensión del multipartidismo. La ley d’Hont, como se pretendía, ha configurado el statu quo de la mayor parte del desarrollo democrático. Hasta 2015.

Ahora, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han acordado negociar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Ambos ha decidido telefónicamente iniciar los contactos a través de los portavoces de ambos grupos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero y Juan Carlos Girauta, y ambos mantuvieron el jueves pasado la primera reunión. Albert Rivera ha explicado para justificar su pretensión legítima que si el sistema electoral hubiera sido más proporcional, en Cataluña hubiera vencido la mayoría no nacionalista e Inés Arrimadas sería la presidenta de la Generalitat. Incuestionable argumento.

El asunto es de gran interés pero en absoluto sencillo ya que en las democracias más perfeccionadas conviven sistemas electorales muy distintos que oscilan entre las fórmulas extremas, el sistema proporcional puro y el mayoritario puro. Según la conocida ley de Duverger, la proporcionalidad pura conduce al pluripartidismo (el sistema italiano ingobernable que pervivió varias décadas tras la segunda guerra mundial es el ejemplo más genuino), en tanto el sistema mayoritario puro lleva al bipartidismo (el sistema británico actual). Entre ambos hay modelos proporcionales corregidos, como el español, sistemas mixtos como el alemán (una parte de los representantes se eligen por el sistema proporcional y el resto por el sistema mayoritario) y sistemas mayoritarios a dos vueltas que dan más opciones a las minorías, como el francés. Los sistemas pluripartidistas son más inestables, en tanto que el bipartidismo es la encarnación de la estabilidad.

En España, la ley electoral vigente, que fue obra de un grupo de altos funcionarios que asesoraban al gobierno de Adolfo Suárez y que ya rigió en las elecciones preconstitucionales de 1977 a través del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, no fue una improvisación: ante una gran proliferación de partidos —la famosa “sopa de letras”— que surgió a la muerte de Franco, y que amenazaba con dificultar la generación de mayorías parlamentarias de gobierno, se pretendía favorecer la formación de dos grupos hegemónicos, uno de centro-derecha y otro de centro-izquierda, dar cabida asimismo a un pequeño Partido Comunista y permitir el ingreso en el Parlamento de las minorías nacionalistas catalana y vasca. El objetivo se logró con creces, y ha funcionado hasta la gran crisis económica reciente un bipartidismo imperfecto funcional y operativo. La crisis, sin embargo, ha desgastado tanto a los partidos hegemónicos que ni la ley electoral que servía de muro de contención ha podido impedir que irrumpiesen con fuerza los nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, que lógicamente reclaman ahora, con toda legitimidad, el final del viejo modelo.

El debate debe abrirse, con una cautela previa: aunque el margen constitucional es amplio –el artículo 68 tan solo establece que “La circunscripción electoral es la provincia” y que “La elección [de los miembros del Congreso de los Diputados] se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”-, la Ley Electoral es materia constituyente, por lo que sería desleal para el espíritu constitucional reformarla sin un amplísimo consenso en el que no participaran al mismo tiempo, al menos, los cuatro grandes partidos actuales.

Avanzar hacia la mayor proporcionalidad es tentador ya que con ello se produce un acercamiento a la máxima democrática de “un hombre (y una mujer), un voto”. Pero ténganse en cuenta en la reflexión dos argumentos: uno, que el Reino Unido es la más vieja democracia del mundo y posee un indiscutido sistema mayoritario; y dos, que el experimento cuasi pluripartidista que estamos viviendo es frustrante, de indecente parálisis parlamentaria por la incapacidad de pactar de nuestros políticos.

Digerido lo cual, debatan sus señorías, con la conciencia de que la solución a sus afanes no será fácil ni directa. Y piensen que, siendo Alemania un país admirablemente organizado y con características territoriales cercanas a las nuestras, se ha dotado de una ley electoral compleja pero muy equitativa que concilia una representación sensata con la gobernabilidad y con la sensibilidad federal. Quizá la solución pudiera lograrse por este camino.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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