La estabilidad gubernamental es un bien escaso en este país, después de que el modelo bipartidista que caracterizó a un largo periodo de alternancia PP-PSOE se deslizara hacia un pluripartidismo cada vez más poblado a medida que han ido tomando cuerpo Ciudadanos, Podemos y ahora VOX. Como es bien conocido, tras las elecciones de diciembre de  2015 no hubo manera de formar gobierno, por lo que fue preciso repetirlas en junio de 2016… y tampoco se hubiera conseguido investir a un presidente si el PSOE no se hubiese fracturado internamente, de modo que una parte de los socialistas acabaron posibilitando la permanencia de Rajoy, mientras la organización saltaba por los aires y se libraba una verdadera guerra civil en el interior del partido.

La inestabilidad suscitada por  la diversificación de las opciones representativas, cinco hasta ahora, ha tenido un coste en términos de inacción legislativa: los gobiernos débiles del periodo 2016-2018 han sido incapaces de promover reformas significativas. Ni siquiera se ha revertido completamente el abanico de decisiones radicales que hubo que adoptar para afrontar la grave crisis 2008-2014, de forma que aún padecemos secuelas de aquel drama, cuando en otros países de nuestro entorno el episodio se ha digerido ya completamente.

El futuro es siempre enigmático, pero cabe alguna aproximación. Encuestas aparte, el equilibrio actual entre las fuerzas  políticas que se disponen a confrontarse en las elecciones generales del 28 de abril y en las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo tiene un referente cercano que es el proporcionado por las elecciones andaluzas, caracterizadas por dos ingredientes: la irrupción de un partido nuevo de extrema derecha, Vox, y la formación de un bloque conservador, de derechas, tripartito, formado precisamente por Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, partido este último que ha abandonado explícitamente su condición de bisagra centrista para pasar a ser una parte más del hemisferio derecho,  y dispuesto por tanto a pactar exclusivamente con las formaciones de su familia política, y en absoluto con el PSOE, al que considera réprobo por haber negociado con los independentistas (en realidad, C’s ha adoptado esta postura explícita para contener el trasvase de votos hacia Vox, partido al que se dirigen en masa sus antiguos votantes que antes respaldaron a Ciudadanos por su posición de dureza contra el nacionalismo catalán).

De Andalucía… ¿a España?

En el modelo andaluz, el tripartito de derechas ha conseguido la mayoría absoluta de la cámara, por lo que no ha habido ocasión de ensayar otras opciones. Si sucediera lo mismo en el Estado tras el 28-A, gobernaría el líder de la fuerza más votada del tripartito (Casado o Rivera). Pero el caso andaluz es singular, evidentemente, y no cabe trasponerlo acríticamente al conjunto del país.

En Andalucía, el PSOE había sufrido un serio desgaste tras más de tres décadas en el gobierno, y la voluntad de un cambio de modelo se había vuelto francamente transversal. Por ello, más bien parecen acertar –dicho sea como simple conjetura- los sondeos demoscópicos que  pronostican que ni el bloque estatal conservador (Vox, PP, C’s) ni el progresista (PSOE, UP) van a alcanzar la mayoría absoluta del Congreso. En otras palabras, podría regresarse a una situación de inestabilidad parecida a la que obligó a repetir las elecciones generales de diciembre de 2015 y necesitó que se rompiera internamente un partido político, el PSOE, para que se pudiera formar un precario gobierno tras las elecciones repetidas de 1976.

Si se llega a esta situación en que las formaciones estatales no alcancen una mayoría de gobierno, con lo que las minorías periféricas volverían a ser decisivas, es probable que las posiciones definitivas no se alcancen hasta después de las elecciones del 26 de mayo. Una vez celebradas estas, las alianzas y combinaciones que puedan suscitarse en los ámbitos autonómico y municipal se relacionarán con la estabilidad general del país. Máxime cuando Ciudadanos ya ha dicho que una cosa son las posturas inflexibles tras el 26 de abril y otra muy distinta las mucho más flexibles que se puedan necesitar después del 26 de mayo, cuando PSOE y C’s alcanzarán seguramente un alto grado de complementariedad.

Y si se llega a esta situación, ¿qué podría impedir que saliese adelante alguna fórmula transversal también en el gobierno del Estado? A fin de cuentas, Pedro Sánchez y Albert Rivera ya firmaron en febrero de 2016 un “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso” de 66 páginas que se hubiese convertido en programa de gobierno si Iglesias no hubiera cometido el más garrafal de sus errores históricos al negar el pan y la sal a aquel acuerdo, que prorrogó la vida política de Rajoy dos años largos más… Y no en vano los fundadores de Ciudadanos, intelectuales catalanes que auspiciaron la creación de aquella formación política en 2005, han abogado ahora por no excluir al PSOE de los pactos poselectorales que pueda suscribir el partido ahora presidido por Albert Rivera.

Es muy importante que en estas semanas preelectorales las formaciones políticas, incluida Vox, den la cara y muestren sus proyectos y sus programas. Ello ayudará a decantar las posiciones con mayores dosis de racionalidad y a eludir hipotéticos bloqueos futuros, después de una etapa en que la visceralidad ha hecho estragos en la vida política de este país. Los gritos que previsiblemente enmarañarán las campañas son parte de paisaje, y poco influirán en las decisiones de os avezados electores, que votarán mirando al íá de mañana.

Lecciones de lealtad constitucional

La vista oral del ‘procés’ en el Supremo, bajo la batuta enérgica y rigurosa del Juez Marchena –“cuando yo hable, usted no me interrumpa”, ha dicho con voz cortante como un cuchillo carnicero el juez a un abogado imprudente, mientras temblaban levemente las columnas del venerable templo del derecho-, está poniendo de manifiesto un contraste que no puede ser obviado ni ignorado: mientras la oposición a Rajoy se comportó con exquisita lealtad institucional cuando el presidente del Gobierno gestionaba la inflamación del conflicto catalán y decidía aplicar la cirugía del 155 CE, Pedro Sánchez ha sido objeto de los más descarnados insultos lanzados por la principal oposición mientras ha continuado intentando encontrar una solución política al conflicto, con las mismas convicciones firmes que mostró Rajoy en lo referente a los fundamentos constitucionales y a la cuestión innegociable de la soberanía.

Este miércoles pasado, hemos tenido ocasión de escuchar en el juicio del procés que tiene lugar en el Tribunal Supremo las declaraciones testificales del expresidente Mariano Rajoy (que lo fue desde finales de 2011 hasta el pasado junio, por lo que gestionó todo el periodo que ahora se juzga), de su principal colaboradora y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Las sucesivas deposiciones ante el tribunal nos ofrecieron un relato vivaz de los hechos, que formaron una escalada que eclosionó por primera vez en la consulta del 9 de noviembre de 2014 (enmascarada mediante el eufemismo ‘proceso participativo’) que organizó Artur Mas, y que alcanzó su punto álgido en septiembre de 2017 (a través de la promulgación de las leyes inconstitucionales de desconexión y de referéndum, así como de la manifestación del día 21 frente a la consellería de Economía)  y en el referéndum ilegal del 1 de octubre, previo a la resolución de independencia firmada en el Parlament el 10 de octubre y sometida a votación el 27, tras la cual hubo una proclamación ambigua, que fue el elemento desencadenante de la aplicación por el Ejecutivo del artículo 155 CE.

Desde julio de 2014 y durante todo este proceso, Pedro Sánchez  estuvo al frente del PSOE, salvo en el periodo desde octubre de 2016 a junio de 2017 (el tiempo que permaneció una gestora en Ferraz tras el golpe de mano interno). Y las citadas declaraciones han permitido recordar la actitud siempre cooperativa del principal partido de la oposición, dispuesto a respaldar al gobierno del Estado en aquel asunto de interés general que concernía al núcleo duro de la materia constitucional y afectaba nada menos a la integridad territorial.

Sánchez  prestó apoyo prácticamente incondicional a Rajoy, especialmente en el momento más delicado de la aplicación a finales de octubre de 2017 del artículo 155 CE, que, en palabras de Rajoy, no pretendía disolver la autonomía catalana sino reintegrarla a la ley. Consciente de la gravedad del caso, Rajoy ha manifestado en su testifical que  el Gobierno no tuvo más remedio que aplicar el artículo 155 de la Constitución; “no era nuestra intención ni nuestro deseo”; pero se vio obligado a ello, después de reiterados e interminables esfuerzos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que viajó asiduamente a Cataluña a intentar arreglar las cosas por vía de la negociación, siempre en el marco constitucional.

Finalmente, la medida excepcional pero ineludible contó con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, y el propio Rajoy, deseoso de ser bien comprendido, insistió en que aplicaba aquella solución extrema en una situación límite, y que en todo caso había buscado la mayor proporcionalidad posible entre la causa y el efecto. De hecho, convocó elecciones lo antes posible que permitía la LOREG para reintegrar sin demora las instituciones intervenidas a sus titulares.

Todo este proceso contrasta con la situación actual

Los intentos negociadores de Pedro Sánchez (que han tenido que ser interrumpidos por la obstinación independentista en mantener la reclamación del derecho de autodeterminación y la exigencia de un imposible referéndum acordado) han sido desacreditados hasta la demagogia y la náusea por sus adversarios políticos, que han llegado a mentir al afirmar que ya había cedido ante los soberanistas en sus inadmisibles reclamaciones (en la manifestación de Colón se dijo por megafonía a la multitud asistente que el Gobierno había aceptado las 21 exigencias de Torra). El nuevo PP, por otra parte, sin los escrúpulos de conciencia de Rajoy, sí declara paladinamente que quiere arrasar la autonomía catalana, aunque no haya argumento jurídico concreto que justifique una nueva aplicación ilimitada del art. 155 CE.

El cambio, en fin, ha sido brutal, y sin duda los ciudadanos –de Cataluña y del resto del Estado- se han percatado de ello. El conflicto sigue abierto, pero ahora hay en el Estado división de opiniones. Una situación que podría ser letal para todos.