En PortadaPolítica

El futuro del progresismo: pactos y cordón sanitario para frenar a la ultraderecha

0
Pedro Sánchez investidura o abstención

Estamos en un momento crítico de la legislatura en que el PSOE se encuentra en su apogeo —desde 2008 no celebraba un congreso pletórico, caracterizado por la plena unidad interna y por una situación boyante de poder—, en tanto su compañero de coalición, Unidas Podemos, está iniciando una ambiciosa operación de confluencia a cargo de Yolanda Díaz, el gran descubrimiento de este espacio político, quien, con un único carné, el del PCE, en el bolsillo, se ha propuesto construir un movimiento en el que quepan todas las facciones en que se ha descompuesto el mosaico ubicado a babor del socialismo: Izquierda Unida, Podemos, Más País, Comuns, Compromis, En Marea, etc. Esta coyuntura cargada de cierta euforia tiene un trasunto internacional, ya que el demócrata Biden se ha hecho no sin esfuerzos con la presidencia norteamericana, y en Europa los conservadores han perdido prácticamente todos los gobiernos para dar paso a una naciente y novedosa socialdemocracia que consuena con los vientos nuevos que soplan de Bruselas, que ha dejado atrás la austeridad calvinista y han redescubierto al más clásico Keynes. Hasta el premio Nobel se ha concedido este año a unos investigadores que han demostrado que el capitalismo compasivo —con salario mínimo y apertura a la inmigración— es más productivo que el que considera el trabajo como un simple y despersonalizado factor de producción.

Durante un dilatado periodo central del tramo democrático que arrancó en 1978, la izquierda parlamentaria estaba formada por un PSOE consistente y por una Izquierda Unida testimonial y de reducidas dimensiones que en sus mejores tiempos alcanzó 18 escaños (en 1996 con Anguita de candidato) y en su peor momento solo 3 (en 2004, con Llamazares al frente, e incluyendo a ICV). Por aquel entonces regía y estaba interiorizada la teoría del voto útil: mucha gente pensaba que su voto era más eficaz si se dirigía a uno de los dos principales actores del bipartidismo imperfecto, en el que durante todo el periodo no asomó un partido parlamentario de extrema derecha pero sí un intento centrista fallido, el CDS de Suárez.

Después de unas vicisitudes que están en la mente de todos, se ha instalado el pluripartidismo, tras comprobarse que la dispersión del voto tiene también ciertas ventajas. Las divisiones de la derecha y de la izquierda se retroalimentan, ya que en España no parece que la derecha democrática sienta escrúpulos a la hora de aliarse con la extrema derecha: en Alemania, los conservadores consideran deshonroso confraternizar con los neonazis; en España, la derecha democrática no duda en aliarse con los neofranquistas, y ello da a los antisistema una apariencia dañina de legitimidad. No obstante, conviene señalar que en Andalucía puede efectuarse un acuerdo entre las principales formaciones políticas, a cargo de Juan Espadas y Juanma Moreno, que puede ser el inicio del fin del idilio entre la derecha y la extrema derecha en nuestro país.

Este nuevo esquema, que tiende a ser cuatripartito, ya que Ciudadanos está exhausto y es dudoso que sobreviva, plantea un equilibrio dual que previsiblemente regirá en el futuro, al menos durante un tiempo indeterminado. En este modelo ideal, seguirán compitiendo centro-derecha y centro-izquierda, disminuidos por la competencia del otro inquilino de su propio hemisferio político, aunque la mayoría para formar gobierno dependerá decisivamente de la potencia conjunta de la combinación de las dos formaciones de cada bloque.

 

El PSOE y Unidas Podemos han formado una fecunda coalición de gobierno, que supera pasadas e históricas enemistades (como se sabe, para el leninismo, la socialdemocracia era el ala izquierda del fascismo).

La relación entre PP y Vox es confusa, ya que la necesidad de cooperar que ambos tienen para ‘tocar’ poder se contrarresta con una agria rivalidad en su espacio y con el problema que le plantea al PP en Europa la connivencia con una formación proscrita. Por el contrario, el PSOE y Unidas Podemos han formado una fecunda coalición de gobierno, que supera pasadas e históricas enemistades (como se sabe, para el leninismo, la socialdemocracia era el ala izquierda del fascismo). La complementariedad entre socialdemócratas y todo lo que se encuentra a su izquierda (no solo el PCE) ha quedado acreditada tanto en España como en Portugal, donde se están viviendo experiencias muy parecidas.

El PSOE tiene una larga tradición de poder, en la que ha hecho un esfuerzo fructífero para conciliar el progresismo fiscal con la normalidad económica liberal, sobre todo después de que la Unión Europea se convirtiera a las teorías de Keynes tras el austericidio innecesario y cruel que tuvo lugar durante la primera crisis del siglo (2008-2014). En la legislatura actual, el PSOE representa el consenso socialdemócrata y Unidas Podemos el radicalismo social, en el sentido italiano o francés de la palabra ‘radical’. La combinación de ambos está consiguiendo nada menos que una prosperidad económica relevante mientras se potencia el vector de la equidad, sin el cual la crisis sanitaria hubiera resultado insoportable y disolvente. El consenso económico global nos ayuda ya que se impone la convicción de que la integración social, la redistribución y el bienestar colectivo incrementan la productividad.

El 40 Congreso del PSOE, en cuya ponencia predomina un vector potente de descentralización y desconcentración, apunta a un horizonte federal, que habrá que concretar más pronto que tarde toda vez que la reforma constitucional se hace cada vez más inaplazable y uno de los grandes requerimientos de futuro es convertir nuestro estado de las autonomías en un federalismo a la alemana, donde el estéril senado se convierta en un fecundo y operativo Bundesrat.

Al propio tiempo, es claro que Yolanda Díaz está poniendo en marcha una ambiciosa operación de frente amplio en el que Podemos, comandado por Ione Belarra pero animado todavía intelectualmente por Pablo Iglesias, sería la columna vertebral de una organización en que cupieran las organizaciones más arriba mencionadas.

En la izquierda, las dos opciones descritas han aprendido a convivir y sobre todo a negociar entre sí. Si se mantienen en este clima y no cometen errores, y dada la conocida asimetría ideológica de la sociedad española que tiene su centro de gravedad ladeado a babor, predominarán sobre una derecha que no solo no se ha puesto al día, sino que se ha dotado de un lastre invendible en Europa que cuanto antes debería absorber o expulsar.

El debate sobre la descentralización

El debate sobre la descentralización viene de lejos, si bien es evidente que los alardes de Ayuso en relación a la fiscalidad madrileña —la abundancia es tal que Madrid puede prescindir de recaudar todos los impuestos que tiene transferidos— lo han acelerado. También la crisis de Cataluña, desastrosa en casi todo, ha tenido sin embargo la virtud de mostrar una vez más los desequilibrios de una España que aún no ha superado la construcción radial decimonónica, hasta el punto de que ha costado Dios y ayuda convencer al establishment de que determinados corredores periféricos eran indispensables por pura racionalidad económica. La publicación del proyecto presupuestario ha sido acogida por Madrid con protestas muy semejantes a las que exhibe invariablemente el nacionalismo periférico, a modo de artimaña para conseguir más participación en el pastel del Estado. Ayuso ha hecho del victimismo un arma eficaz, que le ha dado magnífico resultado hasta ahora pero que puede costarle caro a Casado o a quien en su lugar aspire a encabezar el consejo de ministros.

El estado de las autonomías fue, digámoslo claro, un modo cauteloso de federalizar el Estado sin alarmar en exceso a los actores que se consideraban en aquella época custodios de la unidad de la patria. Y nos quedamos a medio camino. Es cierto que las competencias más importantes, como la sanidad y la educación, han sido desconcentradas, pero no ha existido una auténtica descentralización política, característica de los regímenes federales. Si se compara nuestro modelo con el alemán, se verán las diferencias entre el Bundesrat, en el que están auténticamente representados los territorios, con plena capacidad legislativa, y nuestro Senado, teórica “cámara de representación territorial” pero en la práctica una pobre cámara de repetición, que revisa las leyes, pero siempre a expensas de que el Congreso diga la última palabra.

El paso de ese ‘quiero y no puedo’ que es el estado de las autonomías a un sistema como el alemán requiere, es obvio, una reforma constitucional, que algún día tendrá que llevarse a cabo. Pero mientras tanto, y para resolver los conflictos alentados al amparo del centralismo real que aún padecemos —el conflicto catalán bebe de estas fuentes—, no estaría de más que la descentralización se manifestase en la práctica mediante la dispersión del poder político y administrativo por todo el Estado.

La concentración actual es un anacronismo. En tiempos de precarias comunicaciones, era necesario que el titular del poder, el rey absoluto, estuviera cerca de sus instituciones de gobierno. Hoy, nada se opondría, pongamos por caso, a que los consejos de ministros fueran virtuales y cada jefe de Departamento acudiera a ellos desde su propio despacho. Y, desde luego, carece de sentido, pongamos por caso, que la cúpula de la Armada siga residiendo en Madrid o que los puertos españoles se gestionen desde la capital del Estado.

Viene esto a cuento del anuncio todavía inconcreto de que el gobierno podría estar meditando la posibilidad de efectuar una redistribución de los órganos oficiales del Estado por un procedimiento concursal semejante al que utiliza la Unión Europea para distribuir sus agencias descentralizadas: se analiza la idoneidad de las distintas candidaturas y se otorga a la plaza más adecuada. De entrada, parece que la segunda ciudad del Estado, Barcelona, sería buena candidata para acoger al Senado; y que Cádiz, cuna del constitucionalismo español, tendría méritos bastantes para reclamar con fundamento la sede del Tribunal Constitucional. Y así sucesivamente.

La concentración de poder político produce una gran atracción del poder económico, ya que las empresas privadas buscan la cercanía de los organismos regulatorios. De forma que la dispersión del poder produciría un reequilibrio de todo el tejido económico. Asimismo, se podría aprovechar este proceso para llevar a cabo una meditada reordenación del territorio, con incidencia positiva en la ‘España vaciada’, que todavía no ha recibido una respuesta convincente a sus legítimas demandas.

Aunque no hay datos para imaginar una maligna confabulación contra Madrid, como denuncia Ayuso, sería fatal e inconcebible que semejante proceso se orientase de tal forma que pareciera, o fuese en realidad, una maniobra contra la villa madrileña, por lo que es necesario que cuanto se haga en esta dirección cuente con un amplio consenso político y con la aceptación de las principales fuerzas capitalinas. Pero sin duda el cambio sugerido podría tener también ventajas para la capital, que en todo caso lo seguiría siendo, y que cuenta con atractivos suficientes para mantener un elevado nivel de vida y un insuperable atractivo turístico. Madrid se beneficiaria sin duda de una cierta descongestión y de una especialización en torno a la cultura en el sentido más amplio. En otras palabras, la federalización real no empobrece a la capital sino al contrario, y puede comprobarse tal cosa mirando a Washington o a Berlín.

Antonio Papell
Director de Analytiks

Pérez-Reverte y los héroes: El italiano, 2021

Entrada anterior

Regresa la socialdemocracia

Siguiente entrada

También te puede interesar

Comentarios

Los comentarios están cerrados.

Más en En Portada