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El gobierno del más votado

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Desde muy temprano, se ha mantenido en nuestra democracia el debate en torno a la conveniencia de que, para resolver algunos graves problemas de gobernabilidad, se optara por otorgar el poder al partido o a la coalición que hubiera ganado las elecciones. El debate no tiene casi sentido en etapas de gobiernos apoyados por una mayoría absoluta, pero ha renacido y se ha recrudecido después de que, a partir de las elecciones generales de 2016, el bipartidismo imperfecto se haya transformado en un pluripartidismo que no parece reversible a corto plazo. De hecho, Feijóo ha sugerido esta fórmula para responder a las críticas por su alianza con VOX en Castilla y León.

Para centrar el asunto, hay que hacer dos consideraciones. Una primera es que el sistema político que la Constitución establece es parlamentario. Se elige a los miembros de la cámara baja y estos, mediante elección de segundo grado, designan al jefe del gobierno, que contará, se supone, con un apoyo suficiente para gobernar (si no lo logra o lo pierde deberá ser reemplazado mediante una moción de censura constructiva, en la que se votará y convalidará a su sustituto). La segunda consideración es que de los tres niveles en que se estructura el Estado, solo el superior tiene un alto contenido político; en otras palabras, la dirección del Estado la marcan el parlamento y el gobierno, en tanto las comunidades autónomas y los ayuntamientos son entidades de gestión en los que la política no está ausente pero no alcanza el nivel ideológico principal; y es a ese nivel supremo al que habría de aplicarse, en su caso, la regla de la lista más votada.

Hasta el momento, el único precedente político con el que se cuenta al respecto es la declaración de Felipe González en 1996, cuando, tras perder las elecciones frente a Aznar por menos de 300.000 votos, manifestó con solemnidad que, aún pudiéndolo hacer, no intentaría formar una mayoría de gobierno porque consideraba que eso debía hacerlo el representante de la fuerza política que había ganado las elecciones. Así fue en efecto; Aznar llegó a la Moncloa con apoyos nacionalistas y el partido socialista pasó a la oposición, a realizar la inevitable travesía del desierto.

En nuestro caso, como en otros en Europa (Francia, Alemania, etc.), el planteamiento se complica porque hay un sector de los partidos democráticos que cree necesario establecer un cordón sanitario en torno a la extrema derecha. Con la actual aritmética parlamentaria española o con otra similar —cuatro partidos, con dos centrales, una extrema derecha y una izquierda radical—, el cordón sanitario no tiene sentido si no se acepta la conveniencia de que gobierne el partido más votado, lo que en ocasiones obligaría a dejarle gobernar en minoría (algo muy difícil y seguramente paralizante) o a integrarlo en una gran coalición transversal. En Alemania, sin ir más lejos, la negativa de los socialdemócratas y socialcristianos a pactar con Alternativa para Alemania (AfD) y con Die Linke (La izquierda) ha forzado una gran coalición, encabezada por la derecha, cuando la izquierda no podía formar gobierno como actualmente.

No es concebible que la extrema derecha minoritaria pueda estar al frente del Estado, y el PP y el PSOE tienen, mientras puedan, la obligación de evitarlo.

Alemania y España se encuentran en planos psicológicamente muy distintos. Los alemanes, todos ellos, de derechas y de izquierdas, fueron arrastrados por el totalitarismo en la Segunda Guerra Mundial, por lo que la tarea de reconstrucción fue a cargo de todo el arco político tradicional, al margen del réprobo nazismo. En España, en cambio, la guerra que aún planea en los entresijos de la política fue civil, es decir, derechas e izquierdas se destriparon mutuamente con un furor brutal. Ha habido una sincera reconciliación, pero todavía existen vestigios muy evidentes de agria enemistad política derivada de aquellos hechos, por lo que no sería fácil organizar una gran coalición a la alemana. Sin embargo, es muy probable que no haya más remedio que intentarlo más pronto que tarde si el PP no consigue reabsorber su excrecencia radical, Vox, de forma que esta organización sea un ala convenientemente embridada en el seno del partido.

Estos criterios deben desarrollarse en los mencionados tres planos de la organización territorial, pero todo el asunto es de gran trascendencia en el más alto de los estadios, el que hace referencia al gobierno de la nación; no es concebible que la extrema derecha minoritaria pueda estar al frente del Estado, y el PP y el PSOE tienen, mientras puedan, la obligación de evitarlo.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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