Pocos días después de que saltase a los medios el escándalo Acuamed, que engloba la clásica corrupción estructural entre gestores de dinero público y adjudicatarios de obras y concesionarios de servicios, se ha desencadenado la “operación Taula”, una macrorredada en Valencia en que se ha detenido a 24 personas, encabezadas por Alfonso Rus, antiguo presidente de la Diputación y hombre fuerte del PP valenciano, por diversos abusos en todos los niveles administrativos, cuyo solo enunciado revela una total falta de escrúpulos en la política de la Comunidad Autónoma, en que el PP ha sido hegemónico hasta hace poco.

Estas informaciones, que la policía hace públicas cuando están maduras, coinciden estos días con las negociaciones entre partidos para formar gobierno en España. Y habrá que reconocer que es muy difícil negociar con un partido que ha tenido mucho poder y que todavía está en las portadas prácticamente a diario por casos de corrupción.

Se entiende mal que el propio PP no haya puesto coto a esta sangría y al consiguiente goteo por el procedimiento de denunciar de golpe todos los escándalos (lo de Rus no ha sido una sorpresa para nadie, luego no puede hablarse de inoportunidad). Porque mientras se desgrana esta secuencia intolerable, es lógico que las demás fuerzas políticas sientan un gran recelo a la hora de entrar en tratos con quien tan poco ha cuidado su propia imagen de honradez.