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El PP incumple la ley y bloquea las instituciones

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Pablo Casado, líder del PP
Pablo Casado, líder del PP

El PP ha deslizado en su discurso una falsedad inaceptable con la que intentar encubrir su falta de decencia democrática al negarse a renovar los órganos constitucionales, y en especial el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, lo que mantiene al tercer poder del Estado en una situación de provisionalidad e inestabilidad que deteriora el crédito de la Justicia, daña a un sector profesional que no puede ver colmadas todas sus aspiraciones y confunde a la ciudadanía, que espera ver en los titulares de las instituciones comportamientos apropiados, ajustados a las leyes y exentos de marrullería y picaresca.

El PP ha deslizado la tesis absolutamente mendaz de que han estado haciendo las cosas mal en la elección del CGPJ porque el PSOE reformó la Ley Orgánica 1/1980 del Consejo General del Poder Judicial, que estableció que la elección de los 12 vocales de procedencia judicial se llevaría a cabo “mediante voto personal, igual, directo y secreto entre todos los electores (Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales) admitiéndose el voto por correo. Para cada candidato se presentará una candidatura completa, es decir, con los 12 miembros, y además un suplente para cada candidato. Deberá convocarse con tres meses de antelación a la terminación del mandato del Consejo. La circunscripción electoral será única para todo el territorio nacional”.

Tras la promulgación de aquella ley, se procedió a la constitución del CGPJ, pero el Gobierno de Felipe González decidió, años después, cambiar la norma, de forma que los doce vocales judiciales fueran propuestos por sus pares pero elegidos también por el Parlamento. Se aprobó entonces la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que estableció el procedimiento que se utiliza todavía. La reforma fue impugnada por Alianza Popular, que promovió, a través de José María Ruiz Gallardón, comisionado de 55 diputados, un recurso de inconstitucionalidad, el 839/1985, que pretendía, entre otros extremos, que se recuperara la fórmula anterior de elección. La sentencia 108/1086, de 29 de julio, del Tribunal Constitucional, presidido en aquel momento por Francisco Tomás y Valiente, fue clarísima, y desechó el recurso.

Por añadidura, la Ley Orgánica del Poder Judicial fue perfilada definitivamente por la ley orgánica 7/2015, de 1 de julio, de modificación de la LOPJ, impulsada por Rajoy, y de nuevo fue José María Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, quien consolidó el método actual. Es evidente que el PP, que disfrutaba en aquel momento de mayoría absoluta, pudo haber regresado al viejo método de votación directa de los jueces si lo hubiera creído oportuno. Es más, Gallardón trató de convencer de ello a Rajoy, sin éxito.

En definitiva, la fórmula de elección que rige actualmente para designar a todos los vocales del CGPJ ha sido contrastada en el Tribunal Constitucional y ha sido desarrollada y remachada en la última fase por el propio PP, que elaboró su formulación definitiva, la que hoy está plenamente en vigor.

Digámoslo claro: El PP no tiene razón, además miente sobre los argumentos, cuando, para participar en la elección de los cargos institucionales caducados, exige la previa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial sean elegidos directamente por los propios jueces. El sistema actual es perfectamente legal, lo han utilizado PP y PSOE sin problemas repetidas veces y ha sido expresamente contrastado. Y el cumplimiento de la legalidad vigente no puede supeditarse a la reforma de la legalidad. Es más, en términos jurídicos, la retroactividad de las normas es siempre discutible, cuando no imposible por contraria a los principios esenciales del Derecho (en el terreno penal, que no es el caso).

La otra condición esgrimida por el PP para no prestarse al cumplimiento de las previsiones constitucionales es que no participe en las negociaciones Unidas Podemos, la formación que cogobierna con el PSOE tras la firma de un legítimo pacto de coalición que ha llegado al poder y que, por supuesto, tiene los mismos títulos jurídicos que el PP para participar en la vida pública. El puritanismo constitucional del PP no le impide sin embargo pactar frecuentemente con VOX, una formación de extrema derecha que realiza lecturas inaceptables de la carta de los Derechos Humanos.

El próximo lunes, día 6, tendrá lugar la apertura del año judicial, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pronunciará su octavo discurso ante S.M. el Rey, cuando la duración de los mandatos es de cinco años. Lesmes se estrenó en septiembre de 2014, con  Felipe VI como rey de España desde unos meses antes (la abdicación de don Juan Carlos tuvo lugar en junio de 2014). Medios judiciales informan de que Lesmes destacará una vez más “la gravísima irresponsabilidad de los políticos” que ha abocado al órgano de gobierno de los jueces a una “anormalidad inaceptable”. Es la misma cantilena de los dos años anteriores, que hará escasa mella en sus destinatarios.

“Le cuentan a este cronista que en el seno del PP se ha utilizado tácitamente este argumento para justificar la parálisis: si con el Consejo General del Poder Judicial a favor el PP ha sufrido los traspiés judiciales que le han afectado (la moción de censura que descabalgó a Rajoy fue fruto indirecto de una sentencia), ¿cómo va a admitir hora que las tendencias ideológicas del órgano de gobierno de los jueces se adapten al equilibrio parlamentario actual, lo que supondría más jueces progresistas en el Consejo?”

El analista político ha de ser independiente pero no neutral, ya que la democracia activa requiere una defensa positiva de la Constitución. Por ello en este caso resulta imposible hacer abstracción de quiénes son y de qué representan los protagonistas del bloqueo. Y si así se hace, se llegará a la conclusión de que la culpa es de un partido que saca ventaja de la situación anómala porque la última elección se hizo cuando disfrutaba de mayoría absoluta, e impide que se cumpla ahora el mandato constitucional de negociar, sobre la base de la matemática parlamentaria, los cargos caducados de las instituciones constitucionales. Ese mismo partido, que como se dice saca ventaja del bloqueo, no tuvo problema alguno en negociar con el otro el consejo de administración de RTVE porque la situación anterior no le beneficiaba en absoluto. De donde cualquier mediano entendedor deducirá que no son los principios sino las conveniencias las que mueven al Partido Popular a mantener la actual situación, que constituye una especie de golpe de estado blando. Le cuentan a este cronista que en el seno del PP se ha utilizado tácitamente este argumento para justificar la parálisis: si con el Consejo General del Poder Judicial a favor el PP ha sufrido los traspiés judiciales que le han afectado (la moción de censura que descabalgó a Rajoy fue fruto indirecto de una sentencia), ¿cómo va a admitir hora que las tendencias ideológicas del órgano de gobierno de los jueces se adapten al equilibrio parlamentario actual, lo que supondría más jueces progresistas en el Consejo?

Esta cerrazón, que tiene un hondo calado político, va sin embargo mucho más allá y se adentra en el campo de la ética. En un estado de derecho, es mala cosa, desde el punto de vista pedagógico, que uno de los partidos ‘de estado’ (así han sido reconocidos PP y PSOE, que se han turnado históricamente en el poder desde 1982) incumpla públicamente y sin rubor una previsión constitucional porque le conviene. Es obvio que semejante comportamiento da alas a los populismos que denuncian las incongruencias de los grandes partidos, y que en este caso aciertan fatalmente en su crítica. Un mínimo de pudor personal y profesional debería llevar a Casado, pasado de vueltas en muchos aspectos, a rectificar al menos en esta cuestión.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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