La realidad nos muestra un Parlamento insólitamente fragmentado después de unas elecciones que indubitablemente ha ganado el PP, aunque con sólo 123 escaños y con una pérdida de 63 diputados con relación a las elecciones de 2011. Podemos pensar que los responsables del partido que ha gobernado los últimos 4 años no sepan analizar o no quieran hacerlo objetivamente lo ocurrido. Pero deben hacerlo porque los otros tres grandes partidos, que suman 199 escaños, han apostado por un cambio profundo que pasa por una reforma constitucional, por el cambio de la ley electoral y por una profunda regeneración democrática, cuestiones que no han interesado hasta ahora al PP y que, por supuesto, no estaban en su programa electoral.

El PP se enfrenta además con las consecuencias de haber practicado una corrupción sin precedentes en la vida pública española, ya que ha sido sistémica en algunas comunidades, como Valencia, y ha alcanzado al corazón de su estructura, como ha ocurrido en los casos Bárcenas y Gurtel. El gran partido conservador, seriamente desacreditado por estos hechos, tiene que efectuar una intensa catarsis y que renovar los cuadros que han convivido con la corrupción, hayan tenido o no relación directa con ella. La refundación del PP no puede limitarse a ser una declaración retórica sino que requiere decisiones concretas de gran envergadura.

Así las cosas, la fórmula de estabilidad que parecería lógica en esta legislatura, la ‘gran coalición’ PP-PSOE o incluso PP-PSOE-Ciudadanos, no es posible por las dos razones que se desprenden de lo anterior: porque el PP no ha formado parte de la corriente reformista que ha ganado las elecciones y porque no tendría sentido que un partido que todavía está escenificando episodios gravísimos de corrupción, cometidos durante una etapa de cerrada mayoría absoluta, y al que le espera un largo calvario en los tribunales, fuese apoyado desde fuera para mantenerlo en el poder por las organizaciones que han ido a las urnas con las banderas de la reforma y la regeneración.

Sentado lo anterior, parece claro que, ante una legislatura breve que debería dedicarse preferentemente a plasmar las grandes reformas pendientes que pongan al país en la senda del futuro, el PP debería permitir –en el sentido de no obstaculizar- un gobierno de gestión formado por las dos organizaciones centristas, PSOE y Ciudadanos, con la condición lógica de intervenir en la generación de los grandes consensos pendientes –constitucional, educativo, sobre la normativa electoral, etc.-, que de otra forma se harían a sus espaldas. De este modo, si el PP decide abstenerse ante una propuesta como la mencionada, evitará que Podemos, que hoy por hoy es una opción radical y no totalmente perfilada, se convierta en árbitro de la situación y, con su influjo, ponga en dificultades la economía española ante los mercados internacionales.

Es hoy evidente que en el disciplinado Partido Popular bulle una gran inquietud por el futuro de la organización, ante el inmovilismo inquietante de la cúpula, que parece no haberse percatado de que su actual aislamiento político es indicativo de haber alcanzado una situación límite. Las encuestas advierten de que, en unas hipotéticas elecciones próximas, serán castigados los partidos que más hayan dificultado el acuerdo de gobernabilidad, y en algunas comunidades, los populares aprecian la urgencia de proceder cuanto antes a una renovación interior que indique que el partido ha entendido el mensaje ciudadano y ha actuado en consecuencia. En este marco, sólo cierta magnanimidad de Rajoy y una disposición clara a hacer posible que la política española salga de su impasse puede oxigenar al PP y devolverle la respetabilidad y la fuerza, siempre que también proceda a una intensa renovación interna.