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El problema social de la vivienda

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Vivienda

Julio  Anguita, que era un referente honrado de progresismo aunque no siempre tuviera bien afinado el sentido de la orientación, se refirió infinidad de veces en sus intervenciones al Capítulo Tercero del Título I de la Constitución [De los derechos y deberes fundamentales] (ver) que lleva por título “De los principios rectores de la política social y económica”, que es la parte más avanzada de la Carta Magna, la que ha de hecho de ella una herramienta útil para la integración social, todavía incompleta, de este país en un marco de equidad. En el mencionado Capítulo —artículos del 39 al 52—, se dispone, entre otras cosas, que los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo; fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. También en él se reconoce el derecho a la protección de la salud, y se declara que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Más adelante se establece que los poderes públicos promoverán y darán el acceso a la cultura; velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva; promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural; realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación integración de los ‘disminuidos’ físicos, sensoriales y psíquicos; garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad; garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios….

Puede aprovecharse la ocasión de este recordatorio para echar en cara a los reaccionarios de este país que hayan impedido que se retirara mediante la correspondiente reforma el término “disminuidos físicos”, que ha quedado obsoleto y resulta ofensivo para las personas con discapacidad, pero el objetivo de estas líneas es hacer referencia en especial a uno de esos derechos sociales, el de disfrutar de una vivienda digna.

En concreto, el artículo 47 de la Constitución, más retórico que real hasta ahora, dice textualmente que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. En un segundo párrafo, el artículo concluye: “La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.  En definitiva, la norma obliga a los poderes públicos a promulgar leyes –una ley de la Vivienda- que garanticen a todos el derecho real a una habitación digna, ordena una política de suelo intervencionista, prohíbe expresamente la especulación inmobiliaria y establece que las plusvalías urbanísticas deben revertir en la comunidad que las genera.

Este precepto ha de compatibilizarse con el art. 33 C.E, que, en su apartado 1, dispone que “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”, aunque –párrafo 2- “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. En el punto 3 de este artículo se contempla la expropiación “por causa justificada de utilidad pública o interés social”, mediante la “correspondiente indemnización”.

La Carta Magna ordena imperativamente intervenir para que la espontaneidad del mercado no los convierta en papel mojado

Sin ley estatal de vivienda

Hasta ahora, las instituciones estatales no habían dictado normas generales para que estos derechos teóricos adquieran entidad real. Conviene señalar que en el casi medio siglo de democracia de que hemos disfrutado no se ha promulgado una ley estatal de la vivienda; sí una ley autonómica en Cataluña de desarrollo incompleto y de resultado ambiguo. Sin embargo, la Carta Magna ordena imperativamente intervenir para que la espontaneidad del mercado no los convierta en papel mojado. De forma que quienes tachan peyorativamente de “intervencionista” el proyecto gubernamental de regular los alquileres de las viviendas y de presionar a los propietarios para pongan en el mercado de alquiler sus pisos vacíos no cometen intromisiones infundadas sino que plasman exigencias de nuestro régimen político del 78. La propuesta no parece, pues, discutible, aunque puedan debatirse como es lógico los métodos idóneos para conseguir los objetivos.

Se podrá, en fin, poner en duda la eficacia y la pertinencia de las medidas, que en apariencia van en la buena dirección (desde el punto de vista de lo que mandata la CE), pero sin duda sería bueno someterlas a un leal debate parlamentario, que no parece posible en el actual clima existente. Pero al menos cabe esperar, según sugirió la ministra Ione Belarra, que ha patrocinado la nueva norma, que se terminen de explorar las distintas fórmulas que se han utilizado en la Unión Europea con el mismo objetivo, algunas con más éxito que otras.

Belarra ha explicado que el equipo de Unidas Podemos que está preparando el anteproyecto de ley ha estudiado a fondo las normas que rigen en los demás países comunitarios y en las grandes ciudades europeas y sus resultados con el fin de aprovechar la experiencia de la UE en nuestras decisiones de futuro, que todavía no se han plasmado en propuestas concretas que se puedan evaluar (ha tenido razón Sánchez al recriminar a Casado que descalifique una iniciativa que todavía está en pañales y que amenace con enviar al Constitucional una norma que aún no existe y a cuya redacción se le invita a participar).

De los distintos elementos de la propuesta –incentivos fiscales para los pequeños tenedores y límites más estrictos para los grandes, incentivos y sanciones para que los pisos vacíos salgan al mercado de alquiler, subsidio de 250 euros mensuales durante dos años para alquiler a los jóvenes, etc.—, el más polémico es la intervención de facto de las viviendas propiedad de personas jurídicas que sean titulares de más de diez inmuebles, y quizá en esta disposición fuera pertinente una negociación más intensa entre las partes interesadas, pero en lo demás, este país no pretende hacer más que cumplir las disposiciones constitucionales del estado social y seguir la pauta que ya ha emprendido Europa hacer décadas.

Todo ello, tras reconocer que nuestro país no ha cumplido, ni con la derecha ni con la izquierda en el poder, la obligación de dedicar recursos a un parque de viviendas protegidas que, de haber alcanzado cierto tamaño, podría actuar como resorte para impedir subidas especulativas y desde luego, resolver el problema habitacional a la juventud, con la que todavía no se ha cumplido el otro mandato constitucional sugerido más arriba: el artículo 48 CE dice textualmente que “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. Como es conocido, en la crisis anterior fueron enajenados por algunas corporaciones municipales grandes bloques de viviendas sociales; lo hizo por ejemplo Madrid bajo la batuta indecente de Ana Botella, esposa de José María Aznar. Pero la realidad es que hoy no disponemos de ese colchón de vivienda pública que amortiguaría las tensiones en los barrios y ciudades con mayor demanda y que resolvería significativamente el problema habitacional.

A medio y largo plazo, sin embargo, las medidas más eficaces serán, en primer lugar, la obligación de dedicar a vivienda social un porcentaje de pisos de todas las promociones privadas que se construyan, lo que, al margen de la puesta en el mercado de viviendas asequibles, integrará y mezclará saludablemente a las clases sociales entre sí.

Además, deberían incrementarse las promociones públicas de vivienda en alquiler, a cargo de todas las administraciones, que deberían permanecer siempre en el sector público precisamente para impedir que terminen siendo objeto de burdas operaciones especulativas como ha sucedido siempre hasta ahora. Es evidente en todo caso que no avanzaremos si la izquierda construye viviendas sociales y la derecha las enajena cuando gobierna: si se toma la decisión de avanzar por este camino (y no se ven las objeciones que pueda legítimamente plantear la derecha) habrá de ser mancomunadamente y gracias a un gran consenso político y transversal que asegure la continuidad de la empresa.

Si esta iniciativa prende y la vivienda en alquiler se hace asequible, se conseguirá además una gran movilidad laboral, ya que el trabajador podrá cambiar más fácilmente de lugar de residencia para atender una oferta ventajosa, algo que hoy en día es impensable, por lo que se generan innumerables desplazamientos diarios irracionales (de las personas que trabajan a gran distancia de donde viven).

En definitiva, estamos ante un campo yermo y expedito en el que no se ha trabajado prácticamente nunca y en el que hay que empezar a cultivar para que la ciudadanía –y los jóvenes en particular— sea más feliz y para que quienes salen del proceso formativo puedan arrancar su vida profesional y personal a una edad adecuada. Estamos en un nivel alto de desarrollo socioeconómico y esta recuperación tras la gran pandemia sería una ocasión magnífica para estrenar las nuevas políticas.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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