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El PSOE y el CETA: un claroscuro y un destello

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La decisión del PSOE de abstenerse en la votación parlamentaria de la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Canadá (el CETA, por sus siglas en inglés) contiene un claroscuro que podía haberse evitado pero que en todo caso responde a la nueva lógica de situación del Partido Socialista, que lanza nuevos destellos tras el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general; un regreso que no sólo tiene entidad física sino que inevitablemente se sustenta en un traumatismo que ha dejado cicatrices en el partido y en las personas.

El nuevo PSOE, que emana de la controversia suscitada por la abstención que hizo posible la investidura de Rajoy, aspira como es lógico a recuperar íntegramente el espacio que le perteneció a la izquierda del espectro, y que en parte ha sido invadido por Podemos. Se equivocan quienes piensan (generalmente desde fuera del PSOE) que tal objetivo sólo puede ser logrado mediante la radicalización del partido, el deslizamiento hacia la izquierda dura. Lo que el PSOE ha de hacer es recuperar con naturalidad su espacio socialdemócrata de siempre, que nada tiene que ver con el leninismo de Anguita ni con el populismo blando y argentino de Errejón ni con el desconcertante discurso oportunista de Iglesias, más iconoclasta que progresista.

En este sentido, el PSOE no puede pasar de puntillas sobre los cambios globales que ha introducido Trump en la geoestrategia global, ni desconocer que ha sido una globalización mal gestionada la que ha generado el malestar social que ha hecho posible el brexit o la victoria del magnate americano. Si en América, el prototipo del votante de Trump ha sido el trabajador blanco en paro de Detroit, víctima de la deslocalización salvaje de las fábricas de automóviles, es claro que en Europa el populismo sureño es hijo de las terapias equivocadas que se aplicaron a las patologías de la globalización financiera, que en España provocaron desempleo insoportable y descarnada devaluación salarial.

El ejemplo más trillado de respuesta europea clamorosa contra la globalización disolvente ocurrió no hace mucho en Bélgica: en otoño pasado, la pequeña Valonia vetó durante un tiempo la aprobación del CETA por Bruselas. La región belga, que ha sufrido importantes deslocalizaciones industriales en el pasado reciente, temía que el tratado, que extiende aún más el concepto de globalización, pudiera dañar su agricultura y sus servicios públicos. Finalmente, intensas presiones eliminaron tal resistencia, pero quedaba claro que  la desregulación comercial no era forzosamente inocua y que, como mínimo, debía ser debatida con luz y taquígrafos.

El Tratado de la UE con Canadá es el primero de los llamados ‘de segunda generación’: además de los desarmes arancelarios, se fijan reglas comunes para el intercambio de servicios e inversiones. El CETA contiene centenares de medidas para eliminar las barreras al comercio; en total, son 1.600 páginas y 13 capítulos en los que se regula el acceso a los mercados de bienes y servicios, las tarifas aduaneras, la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos o el reconocimiento de los títulos profesionales. También se establecen los estándares de protección alimenticia, sanitaria o medioambiental y se incluye un capítulo sobre desarrollo sostenible. Una de las partes más extensas y polémicas es la que recoge las garantías para la protección de los inversores a uno y otro lado del Atlántico: un Sistema de Tribunal de Inversiones establecerá cortes de arbitraje especial que resolverán las diferencias entre las empresas y los estados… La pregunta que se suscita es obvio: ¿por qué no han de actuar en estos casos los tribunales ordinarios?

Canadá, de 36 millones de habitantes, es la décima economía mundial y el duodécimo socio europeo, y el efecto del tratado con Europa sería en todo caso limitado y discreto. Nada tiene que ver con el TTIP que se planteaba entre la UE y Estados Unidos, primera potencia mundial con 325 millones de habitantes. Además, las regulaciones y la normativa social canadienses son relativamente semejantes a las europeas. De hecho, el rechazo al CETA sólo ha saltado a la palestra cuando se ha visto que era una especie de ensayo general para el TTIP, que sí merece una discusión mucho más profunda. La regulación, en muchos aspectos –laboral, alimentaria, medioambiental, etc.— es mucho más rigurosa en Europa que en USA, por lo que los europeos podríamos perder fácilmente calidad de vida y derechos colectivos si hubiéramos de asimilarnos a los americanos.

La pérdida de soberanía de los Estados miembros es la principal objeción que se esgrime ante el CETA y el TTIP. En realidad, los países de la UE ya han cedido gran parte de su capacidad regulatoria –de su soberanía— a Bruselas, por lo que de lo que se trataría es de impedir que bajen ahora los estándares de calidad: la civilización y la calidad de vida se basan no sólo en el crecimiento y el desarrollo sino en la regulación y el control. Por lo tanto, lo que se cuestiona no es el libre comercio en sí mismo, sino las condiciones en que deba desarrollarse. Y en este aspecto, la transparencia que ha rodeado a los nuevos proyectos de tratado no está siendo suficiente, ni las garantías de los europeos han sido defendidas, aseguradas ni explicadas con el énfasis necesario.

La reticencia del PSOE al CETA, que es la misma que muestran socialistas alemanes y franceses (entre otros) y buen número de intelectuales y expertos europeos, debe también aclararse para que no haya equívocos, porque las razones de Trump, también opuesto a estos Tratados, no sólo no es la misma sino que es diametralmente opuesta: Trump se niega a aceptar los estándares rigurosos de calidad –alimentaria, social, medioambiental, etc.— que los europeos imponemos a los automóviles y a los alimentos, por ejemplo. Y los europeos nos oponemos a rebajar aranceles a quien no da cobertura social a sus trabajadores, o no trabaja contra el cambio climático, o trata de exportar coches altamente contaminantes. Convendría que el PSOE hiciera pedagogía y se explicara convenientemente para evitar los malos entendidos.

Y ahora, una mención al referido claroscuro: sentado todo lo anterior, es evidente que el cambio de posición del PSOE no debió haber sido anunciado mediante un tuit ni por la presidenta del partido, aunque Cristina Narbona tenga indudable autoridad política y científica para opinar con todo fundamento al respecto. El asunto, que había sido ya debatido en el Parlamento Europeo –entonces los parlamentarios del PSOE apoyaron el tratado con el acuerdo de Ferraz— debió haber sido resuelto con la debida delicadeza por los procedimientos oportunos. Porque el PSOE, que sale de una disputa interna resuelta democráticamente, tiene que demostrar que el juego limpio lava los resquemores. De otra forma, habría que acabar reconociendo que la democracia interna es suicida, y eso es algo racionalmente imposible.

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