Política

El PSOE y las pensiones

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Este año es el quinto consecutivo en que las pensiones han subido un raquítico 0,25 %, que es lo que procede cuando el sistema está en déficit según la reforma implementada por el Partido Popular tras llegar al poder en 2011, en plena crisis. La merma del poder adquisitivo no ha sido grande en el periodo por la baja inflación en estos años, pero, según la Airef, la pérdida en la próxima década sería del 17,5 % si la inflación anual se mantiene en el 2 %, que es el objetivo recomendado por el BCE.

Ante esta situación deplorable, ha habido fundadas protestas sindicales, pero se han escuchado muy escasas voces de protesta. A pesar de que es conocido que el sistema de pensiones ha salvado de la indigencia, incluso del hambre física, a muchas familias que, durante la grave crisis que acabamos de atravesar, no tenían otros ingresos que la pensión de sus jubilados (se ha escrito con razón que este país no ha estallado socialmente gracias a este benéfico fenómeno de solidaridad interfamiliar).

Pues bien: por fin, el PSOE, que representa a la socialdemocracia española y que, pese a la irrupción de los nuevos partidos, se mantiene como referente en ascenso del centro-izquierda tras haber desmontado el riesgo de verse desbordado por el populismo emergente, ha salido a la palestra a opinar sobre la situación del sistema de pensiones, que se encuentra en una situación muy alarmante en dos sentidos diferentes: porque ha perdido la sostenibilidad y porque se ha adoptado el inaceptable criterio de recortar anualmente el poder adquisitivo de los pensionistas en tanto no se recupere el superávit, circunstancia que parece hoy por hoy remotísima.

El documento emitido por Ferraz realiza una propuesta  basada en cuatro puntos: a).-“Garantizar el nivel de pensiones actual en términos de su revalorización anual con el índice de inflación”; se trata, por principio, de no reducir el poder adquisitivo de los actuales pensionistas, con quienes el Estado estableció un contrato moral que debe cumplirse. b).-“Racionalizar los gastos para que las cotizaciones sociales no soporten el coste de otras políticas ajenas al propio sistema de la Seguridad Social (se refiere a las políticas de incentivos laborales, que estimulan el empleo pero reducen los ingresos del sistema). c).-Ampliar sus ingresos con el recurso a una batería de medidas de expansión presupuestaria destinadas anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema. Y d).-Intensificar la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Estos criterios parecen inobjetables, y sin duda nos incumben, al menos en su enunciado genérico, a todos quienes pensamos que no es razonable ni admisible reducir el nivel de las actuales pensiones ni prever recortes en las pensiones futuras con respecto a las actuales, para lo cual, si no es posible lograr la sostenibilidad mediante los ingresos propios, habrá que recurrir a los Presupuestos Generales del Estado. El propio documento da unas ilustrativas referencias europeas: España invierte en pensiones actualmente el 11,2% del PIB y según las previsiones del Pacto de Toledo debería llegar al 14,8% en 2050 (incorporando a la generación del ‘baby boom’ y manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones), que es un porcentaje  similar al que actualmente aplica Francia e Inferior al porcentaje que aplica Italia. No nos estamos moviendo, pues, fuera de los límites en que se desenvuelve el contexto.

Podría, pues, decirse que el documento, en lo mencionado, puede servir de punto departida de las sensibilidades del centro-izquierda en el seno del Pacto de Toledo, ya que el PP, como es conocido, produjo la última reforma a cuyo amparo se devalúan las actuales pensiones y se mermarán las futuras por efecto de un factor de sostenibilidad de significado puramente financiero, en este caso incompatible con el sentido social de la medida.

También el PSOE ha propuesto, como sistema para obtener recursos, la creación de una “cesta de nuevos impuestos” que cubriría una parte del déficit: un impuesto extraordinario sobre la banca y un impuesto sobre transacciones financieras.

Esta sugerencia, que en sí misma no afecta al planteamiento general anterior, ha generado una gran tormenta, e incluso periódicos pretendidamente progresistas han criticado con estrépito unas medidas tan “demagógicas” y “populistas”. Cuando en Francia existe un impuesto directo y finalista (contribution sociale généralisée), para sostener la seguridad social que soportan las personas residentes (no sólo trabajadores y empresarios) y que comprende todo tipo de rentas: las del trabajo, pero también las del capital, las de actividades económicas y las patrimoniales. O cuando en Alemania o Suecia la aportación del Estado al sistema de pensiones representa más del 3% del PIB, mientras que en España no llega al 1%

La demagogia es, sin duda, de quien, cuando alguien señala la luna, se queda mirando el dedo. O, en este caso, de quien, para dañar a un líder incómodo, se cisca en el infortunio de quienes, como los pensionistas, no pueden apenas defenderse.  El cómo se logren los recursos públicos para pagar las pensiones no es, de cualquier modo, lo relevante. Y sí lo es el hecho de que no se puede permanecer pasivo cuando ese gran patrimonio colectivo que es el sistema de seguridad social hace agua y está a punto de hundirse definitivamente.

Lo que hay que extraer en fin de la propuesta socialista es que se deben mejorar a toda costa los ingresos del sistema de Seguridad Social –incrementando el empleo, incrementando los salarios, financiando con cargo a los presupuestos públicos todas las pensiones no contributivas como establece el Pacto de Toledo, eliminando deducciones que en todo caso deberían financiarse por otras vías, realizando aportaciones directas de los PGE si es preciso-, de forma que la condición de pensionista no se degrade y las expectativas futuras no empeoren. Y si así y todo faltan recursos, habrá que apelar a los presupuestos del Estado, con o sin impuestos nuevos.

Por último, el lector me permitirá sin duda una expansión: a algún sesudo editorialista de ciertos medios otrora progresistas le molesta sobremanera algo tan razonable como que el PSOE proponga un impuesto nuevo, directo, finalista, a un sistema financiero que, por unas razones o por otras, ha consumido un rescate de 77.702 millones de euros, de los que se recuperarán 14.948. Pero sus descalificaciones, estas sí demagógicas, son tan burdas que no tienen efecto. No habrá, seguramente,  impuesto extraordinario sobre la banca –la izquierda, cuando llega al poder, se vuelve dócil y se dulcifica- pero por esta vía tampoco recuperarán los medios desacreditados la credibilidad.

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Han aparecido dos análisis en “Economistas frente a la crisis” que sin duda iluminarán a lector. Son estos:

http://economistasfrentealacrisis.com/pensiones-acercarse-a-europa/

http://economistasfrentealacrisis.com/el-compromiso-con-las-pensiones-publicas-un-impuesto-especifico-para-su-financiacion/

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Antonio Papell
Director de Analytiks

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