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ERC, pieza clave de la gobernabilidad

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ERC Gabriel Rufián

No es demócrata quien violenta la legalidad en un estado derecho democrático, dotado de plena legitimidad de origen y de desempeño, reconocido internacionalmente. En este sentido, la reacción del Estado agredido por la intentona secesionista orquestada por las diversas ramas del nacionalismo catalán ha sido sustancialmente correcta. El Tribunal Supremo no ha hecho más que aplicar las normas que nos hemos dado los españoles durante un proceso de más de cuarenta años de maduración democrática.

La respuesta del soberanismo a la sentencia del Supremo, que aún deberá pasar el filtro del Tribunal de Derechos Humanos de la UE (aunque son vanas las esperanzas de que la UE desactive las resoluciones judiciales de la primera instancia jurisdiccional de un Estado miembro), está siendo tosca y ruidosa, y en la práctica impresiona poco a un país que se curtió con el terrorismo, obviamente mucho más agresivo, y que hoy ve con profundo desagrado la vociferación catalana, que a quien perjudica especialmente es a los propios catalanes (están arruinando su tejido económico, su negocio turístico, su prestigio como reducto europeo de cultura y progreso), que están viendo degradada su calidad vida y empobreciendo a ojos vista.

El soberanismo catalán no sólo pretende violentar la legalidad mediante una secesión ilegal, sino que ni siquiera está dispuesto a acatar la ley básica de la democracia

La minoría se quiere imponer a la mayoría

Ya se sabe que el derecho de autodeterminación no está reconocido por la comunidad internacional, salvo en situaciones de dominación colonial o de sometimiento autoritario de una comunidad (no tiene sentido reabrir este debate: los escépticos, que recurran a los manuales universitarios), pero a pesar de ello es legítimo el independentismo en un marco democrático, siempre que quien pretenda la secesión esté dispuesto a someterse a las  leyes vigentes. De igual manera, puede actuar libérrimamente en democracia un marxista leninista partidario por ejemplo de la propiedad pública de los medios de producción siempre que esté dispuesto a conseguir su objetivo por medios democráticos, una reforma constitucional pongamos por caso, y no por procedimientos revolucionarios.

Pues bien: el soberanismo catalán no sólo pretende violentar la legalidad mediante una secesión ilegal —las leyes de transitoriedad jurídica y del referéndum aprobadas por el Parlamento catalán en septiembre de 2017 eran bodrios inaceptables que no pasarían criba jurídica democrática alguna— sino que ni siquiera está dispuesto a acatar la ley básica de la democracia, que es la de las mayorías y minorías. En otras palabras: sólo se puede entender la pretensión de declarar la independencia de un territorio perteneciente a un Estado democrático si previamente se ha conseguido la aquiescencia de una mayoría de ciudadanos. Lo contrario, la idea de que la mayoría se adapte a la voluntad de la minoría, resulta repugnante políticamente: se llama fascismo.

Pues bien: este miércoles, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hizo en la sesión parlamentaria de control en la cámara catalana un análisis de las  recientes elecciones del 10N: “Hay un 42 % de votos a favor de la independencia”, 23 escaños que la defenderán en Madrid, y 30 (con los comunes) a favor del referéndum. Acto seguido, a estos últimos les emplazó a defender la libertad de los políticos independentistas presos, el derecho a la autodeterminación y a forzar el giro de Sánchez con respecto a Cataluña.

El recuento, inobjetable, del jefe del Gobierno catalán debería ser suficiente para cerrar el conflicto. Porque las cifras hablan y es totalmente absurdo mantener una pugna enconada en favor de la autodeterminación de un territorio si sólo se cuenta con el apoyo del 42% de la población en unas elecciones a Cortes.

De hecho, el consenso intelectual ha consagrado el criterio de que, en democracia, determinadas reformas de gran calado que suponen cambios sustantivos en la naturaleza del régimen hayan de salir adelante cuando consigan mayorías cualificadas (de dos tercios o de tres cuartos de los votos). De hecho, la reforma constitucional española, como la de otros países, exige este apoyo singular.

Con el 42 %, se puede ser independentista, obviamente, pero no es legítimo emponzoñar la convivencia con propuestas rupturistas

La misma línea argumental mantienen las conclusiones de la famosa sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de agosto de 1998 sobre Québec, que dieron lugar a la posterior Ley de Claridad de junio de 2000. Aquella resolución, que ha sentado cátedra en el derecho constitucional moderno, negaba de entrada la existencia del derecho de autodeterminación (salvo en situaciones coloniales, como se ha dicho más arriba) pero en todo caso consideraba que la apelación a la independencia debería ser tenida en cuenta cuando alcanzase una mayoría cualificada “suficiente”, que no se concretaba pero que había de ser notoriamente superior a la de la mitad más uno de los electores. Si sucedía tal cosa, procedería una negociación, en la que las partes deberían conseguir un acuerdo teniendo en cuenta que la independencia de un territorio de un Estado no sólo afecta a ese territorio sino a todo el Estado, por lo que no cabe una solución unilateral.

En definitiva, con el 42 %, se puede ser independentista, obviamente, pero no es legítimo emponzoñar la convivencia con propuestas rupturistas que no tienen apoyo suficiente y que por fuerza han de estrellarse en el muro de la realidad.

Firmeza ante el soberanismo no democrático

Ante esta posición irritante del nacionalismo catalán, tanto del conservador posconvergente de JxCat, con Mas, Puigdemont y Torra a la cabeza, como del progresista Esquerra Republicana de Catalunya, con Junqueras, Rufián, Torrent y Aragonés al frente, el nacionalismo españolista ha engordado  y se ha intensificado notablemente, hasta extremos inquietantes. No sólo Ciudadanos y el Partido Popular han adoptado posiciones de una beligerancia inadecuada (de lo que se trata no es de ganar una guerra sino de pacificar y normalizar un territorio) sino que ha surgido una fuerza nueva, Vox, de extrema derecha, emparentada con los fascismos, que utiliza argumentos identitarios y que juega en el mismo terreno de los fanáticos separatistas, aunque lógicamente en la otra mitad del campo.

Las fuerzas españolas progresistas –y sus apéndices catalanes, el PSC y los comunes— deben esforzarse por conducir el conflicto desde el plano sentimental al político, desde la querella patriótica propensa a la inflamación al diferendo que deba resolverse en una mesa de negociaciones y, finalmente, en las cámaras parlamentarias.

Pero la solución del conflicto —dejémoslo claro— no puede versar sobre la permisividad a la hora de quebrantar las leyes sino sobre los posibles objetivos  de reforma del statu quo dentro de la ley: reforma del Estatuto de Autonomía y/o de la Constitución, reforma de la financiación autonómica, federalización del Estado, etc. Y debe quedar claro que no hay negociación sin lealtad recíproca. Es decir, sin juego limpio.

En estas coordenadas de solución negociada para Cataluña, Pedro Sánchez anunció en el debate preelectoral del 5 de octubre una serie de medidas que  trataban de poner coto a ciertas marrullerías del nacionalismo catalán. Como se recordará, anunció la implantación de una asignatura sobre valores constitucionales —una especie de educación para la ciudadanía— que pusiera fin al adoctrinamiento en las escuelas; una reforma de la legislación sobre el audiovisual público para que los órganos directivos de las televisiones autonómicas, incluida lógicamente TV3, hayan de elegirse en los parlamentos regionales con mayorías de dos tercios;  y la recuperación del delito de convocatoria de referéndum ilegal, introducido por Aznar en el Código Penal en 2003 (arts. 503 bis y 521 bis) y retirado por Zapatero en 2005. Sánchez insistió además en que el problema en la comunidad autónoma catalana era de “convivencia”, más que de “independencia”, y aseguró que un Gobierno que dependiese de la abstención de ERC carecería de “estabilidad”.

Es claro que la visión de la realidad de los políticos ha de acomodarse a la coyuntura, y hoy el entendimiento del PSOE con ERC es vital para conseguir la gobernabilidad. Pero por simple dignidad democrática, no sería de recibo supeditar ese apoyo al incumplimiento de unas promesas electorales que tenían y siguen teniendo todo el sentido. Por consiguiente, si la coalición en potencia PSOE-UP, de un lado, y el partido catalán ERC, de otro, deciden negociar y pactar, tendrán que buscar una salida para tales promesas. Por ejemplo, será precisa la asunción por ERC de la neutralización política de TV3 (ningún partido democrático puede legítimamente aspirar a que su hegemonía se base sobre la manipulación), así como de una revisión integral del modelo docente para que la propia comunidad educativa se autorregule y desaparezca cualquier sombra de manipulación histórica del sistema catalán.

No todo vale en política, y desde luego no sería legítimo alcanzar el poder a costa de renunciar a los grandes principios. Con el nacionalismo, no cabe una claudicante política de apaciguamiento, un concepto de pésimas resonancias en Europa: la recuperación de la normalidad catalana ha de pasar por el retorno escrupuloso a la legalidad al tiempo que se derrocha imaginación sobre las reformas que pueden restaurar los vínculos que se han hecho añicos.

Iberia Alexa
Antonio Papell
Director de Analytiks

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