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¿Hubo rebelión en Cataluña?

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La calificación penal del golpe de mano catalán que arrancó de forma ostensible los días 6 y 8 de septiembre de 2017 cuando el Parlamento de Cataluña aprobó, sin sujeción a normas procesales y en clara violación de la legalidad vigente, las leyes descabelladas e inconstitucionales del referéndum y de desconexión depende, como es obvio, de si se considera o no que hubo “violencia” en el ‘procés’. Ya se ha escrito reiteradamente que el art. 472 dice que son reos de rebelión “los que se alzaren violenta y públicamente” para, entre otras hipótesis, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

Las penas para la rebelión (art. 473) son muy severas: “Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años”. Además, las penas se agravarán sensiblemente, hasta los treinta años de prisión, “si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión”.

En cambio, según el artículo  544 del Código Penal, “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. En ete delito, las penas pueden llegar hasta los quince años.

Parece evidente que el legislador que redactó la norma referida a la rebelión tenia in mente un suceso militar, un pronunciamiento castrense, una cuartelada. “Alzamiento”, según la RAE, equivale a “levantamiento, rebelión”. Y “rebelión”, según la misma fuente, es “delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos”. Pero con toda evidencia, el término trasciende de su acepción militar, del que podría ser paradigmática la proclamación de la república de Companys en 1934, que acabó en confrontación armada entre los mossos d’esquadra a las órdenes de Pérez Farrás (quien obedecía al presidente de la Generalitat) y la milicia del general Batet, capitán general de Cataluña (a las órdenes del presidente del Gobierno republicano, Lerroux).

En obvio que en el ‘procés’ capitaneado por Puigdemont no ha habido esta clase de violencia, por lo que hay un sector de la opinión jurídica que considera que en los sucesos que van a juzgarse —particularmente, el comportamiento delictivo del Parlamento de Cataluña los días 6 y 8 de septiembre, los sucesos callejeros del 20 y 21 de septiembre en la consejería de Economía y el referéndum ilegal del 1 de octubre— ha de hablarse más bien de sedición.

La mencionada tesis ha adquirido predicamento y fuerza este jueves, cuando la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado este jueves el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo ha dejado en libertad bajo fianza mientras estudia la entrega.

Sin embargo, los Tribunales competentes españoles no parecen haber adoptado todavía una posición unitaria: El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por rebelión a trece líderes soberanistas de los investigados en la causa del procés y la organización del referéndum del 1-O. En el grupo con más responsabilidad, ha procesado por rebelión y malversación de caudales públicos al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y siete exconsellers: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comin y Dolors Bassa; sólo por el delito de rebelión también han sido procesados la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; la número 2 de ERC, Marta Rovira, y los expresidentes de las asociaciones ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

En cambio, La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por dos delitos de sedición y otro de organización criminal por la pasividad del cuerpo policial durante la celebración del referéndum del 1 de octubre y por los hechos ocurridos en la Conselleria de Economía el pasado 20 y 21 de septiembre. Asimismo, también ha procesado por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al exdirector general de los Mossos, Pere Soler, y al exsecretari general d’Interior, César Puig. Por último, la magistrada procesa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

Consta que en el seno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el debate no se ha cerrado todavía, aunque probablemente predominen los partidarios de la calificación de rebelión a los hechos mencionados. En el terreno de la opinión, hay posturas diversas, pero destaca quizá la del historiador Joaquim Coll, quien, en reciente artículo publicado en la prensa de Madrid,  ha descrito ciertas modalidades de ¿violencia? que sí se habrían practicado. En efecto, ha habido intimidación simbólica en la calle: las entidades soberanistas llenaron los espacios públicos de las ciudades de símbolos independentistas de forma masiva y sin duda molesta para quienes no comulgaban con aquel alarde.

Ha habido también violencia institucional. O, si se prefiere, abandono de la obligada neutralidad de toda clase de organismos oficiales pero también de organizaciones culturales, deportivas, etc., muchas de las cuales se plegaron a la presión para evitar conflictos (el caso del Barça es paradigmático: el club se ha convertido en emblema independentista cuando sus seguidores y socios no forman un todo homogéneo).

Ha habido violencia política, no física pero si verbal, en actuaciones parlamentarias como las mencionadas del 6 y el 8 de septiembre, en sesiones en que se violó conscientemente el reglamento y en que la oposición fue humillada y privada de sus derechos.

El propio Coll ha descrito así el modus operandi de los conspiradores: “Los líderes del procés, que en la mayoría de casos eran cargos públicos, desde diputados hasta miembros del Govern, derogaron la Constitución y el Estatuto en el Parlament y para legitimar su propósito secesionista utilizaron la fuerza tumultuaria de las masas que ellos mismos habían convocado en colaboración con las entidades soberanistas para hacer inútil la reacción del Estado. Es verdad que la multitud en la mayoría de casos opuso una resistencia pasiva, pero en otros actuó de forma intimidatoria o violenta contra la autoridad”.

Por último —habría que añadir—, los mossos d’esquadra, dirigidos por fanáticos independentistas, no fueron leales a las órdenes superiores recibidas, se negaron a impedir el referéndum del 1 de octubre e indirectamente  pusieron en situación comprometida a las fuerzas de seguridad del Estado, que debían haber tenido un papel subsidiario en la evitación de la consulta, lo que les obligó a utilizar una fuerza desproporcionada porque no estaba previsto que hubieran de enfrentarse a aquellas muchedumbres. Fueron víctimas, en román paladino, de una encerrona. Fue entonces cuando el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, declaró, como recuerda Coll, que “si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad, no habrá choque entre policías”, por lo que pecaron de credulidad quienes pensaron que, a pesar de todo, la policía autonómica cumpliría con el mandato recibido.

Con toda evidencia, las instituciones autonómicas catalanas, con el apoyo de menos de la mitad de la ciudadanía, ha pretendido imponer unos hechos consumados a la totalidad de los catalanes y de los españoles. Ha habido marrullería, y se ha infringido abierta y conscientemente la ley. Si eso es o no violencia, deberá decidirlo el Tribunal Supremo.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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