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Integrismo educativo. Los recursos contra la ley Celaá

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La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), llamada popularmente ley Celaá, sustituye a la ley Wert, aprobada por el PP sin consenso alguno ya que el gobierno de Mariano Rajoy disfrutaba entonces de mayoría absoluta, y aquella norma complació a los sectores más conservadores, incluso reaccionarios, del sistema educativo puesto que hacía de la Religión una asignatura más, con relevancia en el currículum; subordinaba la escuela pública a las necesidades y conveniencias de la privada, permitía la segregación por sexos y desviaba prematuramente hacia la formación profesional a quienes no mostraran bastante interés o la suficiente capacidad.

La comunidad educativa parece francamente satisfecha con la nueva norma, cuya principal misión debería ser reducir la elevada tasa de abandono escolar, mejorar el rendimiento académico del conjunto, formar mejor a los profesores, preparar debidamente a las generaciones emergentes para los tramos educativos siguientes —formación profesional o universitaria—, de forma que mejore la empleabilidad de los jóvenes, que hoy padecen precariedad salarial y tasas de desempleo insoportables. La LOMLOE ha introducido valiosas experiencias foráneas que han demostrado su éxito, todo ello en el marco de una evolución inquietante del sistema económico, afectado por la automatización y la digitalización, que harán de la formación la vía para no frustrar el progreso e integrar a las personas en los cambios rápidos que se avecinan. De hecho, los presupuestos de reconstrucción y resiliencia aplicados por la Unión Europea imponen que los proyectos financiados por Bruselas se dediquen preferentemente a la digitalización, la descarbonización y la formación. Es evidente, además, que solo mediante la formación, que ha de ser continua en muchos casos, se conseguirá personal apto y preparado para las tareas de mayor valor añadido que deben ser la clave de nuestro progreso.

Como era de imaginar, Vox y el Partido Popular se han apresurado a recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional —Casado hizo el anuncio en un centro concertado, prueba fehaciente de que con su beligerancia no quiere politizar la educación (cáptese la ironía)— porque no les agrada. En la carrera hacia el TC, Vox consiguió llegar antes que el PP, pero parece que sus objeciones no se diferencian demasiado entre sí. De cualquier modo, puede entenderse que, habiendo quedado las formaciones de la derecha fuera del consenso referente a esta ley (en 2011, el PP canceló el consenso que había conseguido trabajosamente Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación, porque Cospedal creyó que la cercanía de las elecciones debilitaba su posición en ellas, y en 2013 Wert ni siquiera preguntó a la oposición), optasen por intentar acomodar la norma a sus criterios docentes.

Pero si se examinan los argumentos que los conservadores llevan al Constitucional, se ve que en realidad el sistema pedagógico que establece la ley Celaá les interesa bien poco. Que haya o no reválidas, que la nueva norma elimine los itinerarios prematuros que clasifican demasiado pronto a los muchachos/as, que la nueva ley recupere materias que nunca debían haber desaparecido de los currículums, que varíen las fórmulas de paso de curso, que se haga de la educación un proceso integrador, que se muestre mayor interés por la formación pedagógica de los profesores, etc. son asuntos que les traen sin cuidado. Ni siquiera les inquietan las materias transversales que la nueva ley incluye en la ESO, “la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad […] También la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales…”.

Lo realmente importante a su entender, lo que merece recurrir con solemnidad ante el genuino intérprete de la Carta Magna, lo que justifica poner en marcha la maquinaria hermenéutica del Estado, es un conjunto de argumentos ideológicos que, o afectan a intereses concretos, o se oponen a la mitigación del clericalismo que hemos tenido que soportar por razones bien conocidas desde la fundación constitucional del régimen (unos días después de la entrada en vigor de la Constitución, Marcelino Oreja, ministro de Exteriores, firmaba en Roma los acuerdos con la santa Sede que sustituían al vergonzante concordato franquista).

El PP se niega, en fin, a tres extremos: uno, no acepta que “la escuela pública no sea subsidiaria de la concertada”, axioma manejado por Celaá; la nueva ley elimina el concepto ambiguo de demanda social, que facilitaba la fundación de centros privados con recursos públicos, prohíbe la segregación por sexos en la escuela concertada —unas 90 escuelas concertadas lo han practicado hasta ahora— y exige “mejorar el sistema de admisión”, de forma que las actividades extraescolares no gratuitas no sean el elemento real de discriminación, como sucede en la actualidad.

Dos, el PP no acepta que la Religión se mantenga apenas como asignatura voluntaria y no computable, en tanto entran en el currículum asignaturas encaminadas a la formación cívica de los ciudadanos en valores humanitarios, derechos humanos y fundamentos constitucionales. Es vergonzante que al introducir la ley Wert la computabilidad de la Religión se registrase un ascenso enorme de matriculados, que vieron un medio fácil de mejorar la nota media cursando una ‘maría’, equiparable, en tiempos, a la educación física y a la ‘formación del espíritu nacional’. Ni la propia Iglesia atribuyó aquel ascenso a otra razón más edificante.

La cuestión lingüística en la Ley Celaá

Y tres, la cuestión lingüística: se ha retirado la consideración del castellano como ‘lengua vehicular’ que había introducido la ley Wert, para dejar las cosas como antes de 2013. Conviene decir que aquella reforma del PP impulsada por Rajoy no cambió en absoluto las cosas ni en Cataluña ni en Euskadi; la inmersión lingüística catalana no tiene vuelta atrás, y todas las marrullerías sobre la lengua no hacen sino afirmar la posición de los independentistas más radicales. La inmensa mayoría de los observadores creemos que el catalán goza de buena salud en Cataluña, pero estamos además seguros de que el castellano está exuberante y exultante en toda España.

Tampoco les agrada a los populares ni a los de VOX que se tienda a reducir los centros de educación especial para ir integrando paulatinamente a esos alumnos difíciles en la educación ordinaria, utilizando el personal de refuerzo que sea necesario, dejando vivos los centros para casos extremos en que la integración no sea posible. En esto, los conservadores españoles discrepan de las instituciones internacionales y de la mayoría de las familias de los discapacitados, ya que estas anhelan que desaparezcan en lo posible los guetos.

Si solo les interesan a Vox y al PP estas cuestiones, podemos estar tranquilos quienes deseamos que la educación sea la base de una gran modernización de este país, que podría resarcirse así del grave quebranto que estamos experimentando. Sea lo que sea lo que diga el Constitucional, las estructuras funcionales de la ley no peligran, y de momento cabe la esperanza de que estamos en condiciones de dar el necesario salto cualitativo que nos ponga en los lugares punteros de Europa en los rankings Pisa y otros similares.

No cabe ocultar sin embargo lo urgente que resulta reformar los acuerdos con la Santa Sede para que no sigan castigándonos la estética: por si alguien no lo sabía, conviene que se divulgue que se han abierto negociaciones entre el jefe del Estado y la Iglesia para designar a un nuevo Vicario General Castrense, algo así como el obispo de las Fuerzas Armadas. En un país laico y moderno, estos quehaceres son tan esperpénticos como la cabra de la Legión. Cuestión de Educación y de Cultura, al fin y al cabo.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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