Política

Jugar al empate

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A Rajoy le gusta jugar al empate, lo hace porque no tiene otro remedio, pero además, en el fondo, es su hábitat natural. Los grandes triunfos y las goleadas solo le atraen por la seguridad que generan en una primera fase, aunque odia la reacción en contra cuando se arrasa.

El presidente era consciente de las dificultades cuando consiguió ser investido después de repetir las elecciones y soportar casi un año sin que nadie alcanzara el objetivo de desbancarle de Moncloa. Ahora, para superar la prueba de fuego de los presupuestos, Rajoy juega al empate en tres votaciones a 175, lo que permite rechazar las enmiendas a la totalidad.

No todo está hecho, falta camino y, por lo menos, sumar un voto favorable más a los ya logrados. De esta forma, aún con retraso, el nuevo presupuesto podría entrar en vigor e incluso, quien sabe, ser prorrogado para el próximo año. De hecho, en este momento, las cuentas del Estado son la prórroga de las que el Gobierno aprobó a finales de 2015, una decisión que provocó numerosas críticas, pero que ha permitido seguir pagando a los funcionarios y las demás obligaciones públicas.

El gasto social es la mayor partida de todo el presupuesto, seguida del sostenimiento de la estructura estatal, municipal y autonómica y la amortización de la deuda pública. Un pacto político hace posible sacar adelante los presupuestos, con el acuerdo entre el Gobierno central, el PNV y el ejecutivo de Vitoria, todo un modelo de negociación que deja fuera de juego a los líderes independentistas catalanes y, en especial, a Carles Puigdemont Casamajó.

Este acuerdo va más allá de un pacto político para superar un debate concreto, ya que relanza y vuelve a situar en el mapa la naturaleza técnica del modelo del cupo que es la concreción compensatoria del sistema de concierto económico mediante criterios previamente acordados que no deben admitir más que meros ajustes.

Todo un modelo de avance integrador con el País Vasco, que supone un cierto agravio al resto de las comunidades, en especial a las regidas por partidos nacionalistas y, en especial a Cataluña, que siempre ha querido su propio cupo, aunque al llamarle independencia se convierte en objetivo inalcanzable.

La política tiene estas cosas. Hay ocasiones en que jugar, aunque sea al empate, permite no solo ganar tu partido, sino eliminar a los adversarios más rudimentarios.

La maniobra política de Mariano Rajoy vale su preso en oro. Primero envió a Barcelona a Soraya Sáenz de Santamaría a predicar diálogo y entendimiento, aunque –como era previsible- no sería tenida en cuenta por los líderes independentistas. Después negoció con los nacionalistas vascos para cerrar un acuerdo de mayor enjundia que su simple apoyo a los presupuestos y ahora cierra el pacto del cupo vasco. Precisamente, lo que siempre demandan los catalanes, que si hubieran aceptado el entendimiento en lugar de tirar al monte del referéndum ahora tendría también su propio modelo de financiación y no habrían perdido años de objetivo imposible que, como es sabido, solo acabará generando melancolía.

El Cupo es el dinero que el Gobierno foral paga anualmente al Ejecutivo central por las competencias no transferidas que ejerce en dicha región. El País Vasco es una región foral y, por tanto, no participa del sistema de financiación por el que se rigen las comunidades autónomas de régimen general. Las provincias vascas son las encargadas de recaudar los impuestos que pagan los contribuyentes (familias y empresas) residentes en la región, y, posteriormente, abona cada año al Gobierno central el coste estimado de las competencias que desempeña el Estado en el País Vasco a través del Cupo.

Los nacionalistas vascos no ocultan su satisfacción por un acuerdo que supone que el Estado compensará al País Vasco con 1.400 millones de euros de los 1.600 que el PNV reclamaba por su desacuerdo con el cálculo del cupo desde el año 2007. Tras una dura negociación que se ha prolongado durante las últimas semanas, prácticamente hasta el comienzo mismo del debate sobre las enmiendas a la totalidad, el Gobierno y el PNV han acordado que esos 1.400 millones se abonarán durante los próximos cinco años. Pero el pacto fija además un Cupo de 956 millones de euros para el 2017, lo que supone una rebaja de 569 millones respecto a los 1.525 millones que el País Vasco pagó en el 2016, y que servirá de base para calcular el Cupo de los próximos cinco años. En total, la rebaja en cinco años sería cercana a 2.845 millones de euros, aunque en el proyecto de Presupuestos para el 2017 que presentó el Gobierno el Cupo ya se rebajó a 1.202 millones de euros para este año.

Eso sí, las cuentas no acaban en el cupo, ya que el pacto final incluye además una notable mejora en las inversiones del Estado en el País Vasco y en el impulso a su economía.

Jack Miur
Siempre atento a la innovación, la ingeniería y El Progreso

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