El PSC-PSOE, que ha vuelto no hace mucho de un errático viaje que incluyó el impulso a una reforma muy discutible del Estatuto de Autonomía de la mano de Pasqual Maragall (origen remoto del actual desaguisado), está hoy firmemente anclado al papel ideológico y estratégico que adoptó en sus orígenes, cuando cristalizaron las diversas sensibilidades socialistas que dieron lugar a aquella formación unitaria fundacional en 1978, diferenciada del PSOE pero fraternalmente unida a él. De la mano de Miquel Iceta, y después de muy resonantes defecciones, está hoy donde debe: en el territorio del catalanismo político, partidario de la vinculación de Cataluña a España que es el tronco común, autonomista exigente, beligerante frente a un secesionismo egoísta y apolillado que está reñido con las ideas de modernidad, cosmopolitismo y globalización.

El PSC es en definitiva consciente de que el éxito de la democracia española, que ha proporcionado a este país cuarenta años de prosperidad y progreso, que ha hecho de él un socio potente de la Unión Europea y que ha devuelto a los españoles el orgullo de serlo, se ha sustentado sobre dos pilares ideológicos que han vertebrado la sociedad de este país: un centro-derecha que ha terminado interiorizando las corrientes europeas de ese signo, y una socialdemocracia que ha desarrollado la principal tarea modernizadora en estas cuatro décadas en que el PSOE ha gobernado más de la mitad del tiempo. De ahí que, ante la pulsión secesionista de un nacionalismo desnortado y corrupto –que ha tenido que ocultar a su patriarca, que ha resultado ser con su familia el capo del gran latrocinio—, el PSC se haya mantenido firme en sus posiciones, junto a un PP que en Cataluña no ha pasado de ser una fuerza marginal y a Ciudadanos, un partido joven y valiente, que ha sabido canalizar las aspiraciones liberales de una derecha moderna, joven y civilizada. De hecho, en este envite referendario sin sentido, los alcaldes del PSC son los que mantienen la bandera de la pertenencia a España, del antinacionalismo, y representan la voz y la palabra de una mayoría abrumadora de catalanes que se sienten sociológicamente tan españoles como catalanes.

En el mismo hemisferio teórico, Podemos y sus confluencias no han conseguido eludir la esquizofrenia de su posición en la cuestión catalana. Por una parte, como formaciones de izquierdas que dicen ser, encuentran grandes dificultades para adherirse a las tesis del nacionalismo ramplón, que enarbola románticas banderas, canta himnos imperiales, baila sardanas y está en contra de todo lo que signifique cosmopolitismo, internacionalización, superación de las vieja idea de los arcaicos estados-nación.

Por otra parte, tampoco ha querido Pablo Iglesias desperdiciar la ocasión de lesionar al régimen del 78, que consiguió en su día aplacar la voracidad nacionalista mediante una descentralización evidentemente imperfecta –lo lógico hubiera sido seguramente optar por un orden federal- pero que permitió a Euskadi y a Cataluña, las dos regiones con más demanda de singularidad por sus características históricas, étnicas y culturales, adquirir los mayores techos de autogobierno de su historia. El éxito de ambas experiencias fue indiscutible, y la aventura no se hubiera torcido de no haberse cometido innumerables errores, a cargo de personalidades que más vale no citar pero cuyos nombres están en la mente de todos. Tal ha sido el afán de adueñarse de los réditos del conflicto, que Podemos y Colau han acudido a varias manifestaciones en el Principado defendiendo “la libertad y la soberanía de Cataluña”, un lema absurdamente incompatible con las reservas con que ambos han acogido el referéndum (es imposible que Iglesias, por su formación académica, no sienta rechazo a la fatua pretensión nacionalista de ejercer un inexistente derecho de autodeterminación). Pero por ‘movilizarse’ que no quede, aunque sea entrando en flagrantes contradicciones.

El último paso significativo de Podemos en la escalada soberanista ha sido el tragicómico cónclave de Zaragoza, que pretendió celebrar primero en Navarra para forzar a asistencia del PNV pero que finalmente, a instancias precisamente de los nacionalistas vascos, se ha celebrado en la ciudad aragonesa. La reunión de la España plurinacional, promovida por Podemos y su constelación de aliados, y a la que se sumaban el nacionalismo vasco, el Partit Demòcrata (PDeCAT) y Esquerra Republicana así como Compromís, se convirtió en un exhorto al PSOE para que se sume a la refundación del Estado, y para que Pedro Sánchez abandone su alianza estratégica con el PP y Ciudadanos, en su “política de excepcionalidad y de represión, que amenaza las libertades fundamentales constitutivas de la democracia”. “Emplazamos al Gobierno del Estado –dice el documento- a dialogar con la Generalitat y con el conjunto de fuerzas para buscar soluciones democráticas al conflicto político en Catalunya, unas soluciones que permitan a la ciudadanía catalana decidir su futuro en un referéndum acordado con el Estado”, dice el manifiesto firmado por los asambleístas de una veintena de organizaciones sin relieve.

En otras palabras, lo que debería hacer Pedro Sánchez –quien no es presidente del Gobierno, recuérdese, porque Pablo Iglesias le negó sus votos en el Congreso de los Diputados-, a juicio de Pablo Iglesias y sus plurales conmilitones, es abandonar de una vez la Constitución de 1978 y sumarse alegremente al totum revolutum del asamblearismo populista que pretende abrir un proceso constituyente… aprovechando, claro está, la clarificadora experiencia venezolana… Iglesias cedería gentilmente a Sánchez el liderazgo de semejante amalgama, seguro como está de que el socialismo desaparecería del mapa en semanas si cometiera la torpeza de embarcarse en semejante despropósito.

Es muy probable que esta frívola adhesión a regañadientes de Iglesias-Colau a los designios de Puigdemont, que ha contribuido a alimentar al monstruo, le cueste a Unidos Podemos su ya no muy nutrido caudal de adhesiones en el resto del Estado, donde lo de la ‘Cataluña soberana’ no se terminará de entender. Y en cuanto al PSOE, su obligación es encabezar y afianzar el bloque constitucional, sin perjuicio de sus discrepancias de fondo con otros partidos en lo ideológico. Ir en esto de la mano del PP, de Ciudadanos y de las formaciones que opten por defender sin vacilaciones la senda constitucional es una misión honrosa que ha de ser exhibida con orgullo.