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La negociación con el soberanismo: el referéndum no es indispensable

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Cataluña diálogo soberanismo
Manifestación en cataluña

Este otoño se cumplirán cuatro años del golpe de mano político de los soberanistas, y empiezan a advertirse síntomas de realismo en los sectores más solventes del independentismo, que además son los que menos contactos tuvieron con la corrupción durante la última etapa de Jordi Pujol en el poder. El relato público del tándem mal avenido ERC-JxCat sigue siendo iconoclasta y rupturista, pero los hechos no acompañan a las palabras, y empieza a haber razones para colegir que los catalanes más conscientes se han percatado de las consecuencias insoportables de esta ya larga decadencia que arrastra cuesta abajo a Cataluña en beneficio de Madrid y que afecta por tanto al desarrollo real del principado en todos sentidos.

La ruptura provocada por el ‘procés’, que ha causado serias lesiones políticas y judiciales entre el soberanismo y el Estado, así como un severo perjuicio económico a Cataluña que ha repercutido como es natural en todo el país, parece haberse asomado a una etapa de racionalidad, una vez constatado que ni el Estado ha conseguido reducir la disidencia separatista al aplicar los recursos excepcionales a su alcance, ni el soberanismo tiene la fuerza ni el respaldo suficiente para torcer el brazo al Estado. Un Estado con fronteras seculares inserto en la vieja Europa, que no consentiría la banalidad de un cambio de fronteras históricas.

La voluntad de negociar por parte de Esquerra Republicana es manifiesta (el nacionalismo conservador se hace el remolón por pura estrategia: pretende el desgaste de su adversario para tratar de recuperar la hegemonía en el terreno nacionalista), y así lo han entendido el gobierno y los actores de buena voluntad de la política y la sociedad. JxCat juega en cambio a la ambigüedad: Puigdemont ha recibido con ostensible frialdad a Junqueras en Waterloo y horas después anunciaba que quería hacerse belga, en prueba de que no cree que las negociaciones entre la Generalitat y el Estado sean fructíferas, lo que le lleva a descartar una solución negociada, más fácil si se consuma la reforma del Código Penal para aliviar el delito de sedición.

La voluntad de ERC choca sin embargo con la obstinada reiteración de que las condiciones de partida del gobierno de la Generalitat son la amnistía y un referéndum de autodeterminación vinculante. Pero el hecho mismo de que la voluntad exista y en la práctica las negociaciones estén ya acordadas significa que los negociadores catalanes están dispuestos a respetar los límites que el Estado no puede sobrepasar. Estamos, pues, ante la paradoja de que ERC pide lo que sabe que no puede lograr pero que ha de esgrimir para que sus entornos no le hagan la vida imposible. No habrá referéndum de autodeterminación (Pedro Sánchez dixit), y, sin embargo, las partes confían en el buen fin del proceso. Incluso JxCat ha hecho saber que quiere participar en la negociación de los presupuestos 2022.

Carles Castro, de La Vanguardia, un periodista experto en demoscopia que domina los datos y los exhibe con una claridad admirable, ha explicado el pasado domingo que “tras el supuesto apoyo masivo a un referéndum de autodeterminación se esconden condiciones que matizan su validez como instrumento sanador de la fisura catalana. El requisito fundamental para garantizar el respaldo mayoritario a esa fórmula es, según evidencia de los sondeos, que la consulta sea acordada. Si no se cumple esa condición, el apoyo a un referéndum unilateral cae al 50 % o incluso por debajo, según los sondeos de Centre D’Estudis d’Opinió realizados en el periodo crítico del proceso soberanista. Y según las encuestas de GAD3 para La Vanguardia, la exigencia de que la consulta solo se celebre como resultado de un acuerdo con el Estado sería incluso mayoritaria.

Las encuestas de GAD3 incluyen una pregunta clave: la de cuál es la mejor vía para resolver el conflicto. Y en mayo pasado, el 22,9 % de los encuestados apostaba por el referéndum sobre la independencia; eran algunos menos que los partidarios de reformar la Constitución española (24,0 %) y bastantes menos que la opción más votada, la de mejorar el sistema de financiación, que obtenía el 35,8 %. Los partidarios de resolver el problema mediante un nuevo Estatuto se reducían al 6,3 %, una opción claramente a la baja con el paso del tiempo.

La Cataluña que se desprende de estos datos parece mucho más razonable, moderna, bienintencionada y solvente que la que expresa la caricatura que se ha hecho de ella sobre el fondo de los contenedores incendiados y los gritos desaforados. Y, como también dice Castro, “es difícil entender por qué el independentismo se atrinchera en la reivindicación de un referéndum que previsiblemente perdería y que no tiene encaje en la constitución española, por lo que ningún gobierno lo autorizará. La explicación reside en la inercia que mantiene entre el electorado soberanista el relato que los partidos de ese signo han construido sobre los efectos taumatúrgicos de la consulta. Es decir, solo en la medida que las fuerzas secesionistas reescriban ese relato y lo acerquen a la realidad, sus votantes aceptarán moverse en los márgenes de lo posible, como ya ocurre en el caso de ERC”.

Vistas las cosas desde este prisma, parece que la negociación no es un imposible metafísico como afirman la derecha radical española, que lamentable incluye también en esto al PP, y el soberanismo extremado. Ojalá haya suerte, cunda cada vez más la cordura y la negociación cumpla su papel democrático de conducir a acuerdos.

Los dineros del procés

Esta semana, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicaba el Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. Un fondo destinado a “hacer frente a las obligaciones legales que le corresponden con relación a los riesgos no cubiertos por las pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimoniales y contables suscritas por la Generalitat de Catalunya por siniestros que puedan afectar a las personas comprendidas en el ámbito subjetivo de esta Ley en el ejercicio de su cargo o funciones que se puedan ver afectadas en su patrimonio por resoluciones o actos administrativos o judiciales en procedimientos administrativos o judiciales que no hayan concluido con resolución firme”.

Es decir, la Generalitat crea un Fondo complementario de riesgos con una dotación inicial de 10 millones de euros, que se repondrán anualmente, pensado para resolver el problema a los afectados por las resoluciones del Tribunal de Cuentas en las causas del 9-N y del 1-O y por otras que pudieran producirse en el futuro. El sistema ideado es ingenioso ya que las fianzas reclamadas serán avaladas por una institución de crédito privada (y mientras se encuentra este mirlo blanco lo hará el Institut Català de Finances, ICF), de tal modo que el Fondo de la Generalitat tan solo avalará al avalista.

Esta actuación ‘protectora’ de la Generalitat a los funcionarios a los que se reclame efectivo tan solo se mantendrá mientras no haya recaído sobre el beneficiario sentencia firme; cuando esta se produzca, tendrá que devolver el dinero avalado, más intereses y costas del proceso. La duda surge cuando se utiliza el concepto de “firmeza” de la sentencia, que no sigue exactamente las vías del Derecho procesal español; el art. 5 del DL dice textualmente que “en caso de que llegara a existir pronunciamiento judicial firme y, si procede, se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales, y si se confirmara la existencia de responsabilidad contable o civil derivada de falta o delito por parte de las personas beneficiarias, se generará un crédito de derecho público de devolución…”. Podrían pasar décadas hasta que se pronuncie definitivamente Estrasburgo sobre la procedencia de una sanción del Tribunal de Cuentas.

La legalidad o ilegalidad de este alambicado procedimiento, que en primer lugar tendrá que ser argumentada por el propio Tribunal de Cuentas, pero los expertos, perplejos, dudan de que la propuesta sea admisible y tenga sentido, de forma que muy difícil lo tendrá en gobierno de la Nación para no verse obligado a impugnarlo. No se puede empezar una negociación sobre arenas tan movedizas y peligrosas. Por lo que no se entiende el paso dado por Aragonés, quien, como todo el aparato institucional desde el 1-O, ha tenido buen cuidado en no cometer ilegalidades (ni Quim Torra franqueó la raya infranqueable). Un paso que ha vuelto a crispar a la opinión pública española, que se irrita al ver la artimaña: se quiere pagar las sanciones económicas de los indultados con dinero de todos. Es muy burda la opción que se ha puesto sobre la mesa. Máxime existiendo ya un fondo de solidaridad nutrido por la sociedad civil, dudosamente legal pero que al parecer había sido aceptado a regañadientes por el Tribunal de Cuentas, como proveedor de recursos a los sancionados.

La euforia vivida por los soberanistas al ver cómo se desbloqueaban la situación de sus presos y del propio conflicto ha dado lugar a expansiones verbales excesivas –Junqueras también ha hablado de más— y a pretensiones imposibles que hay que recapitular y contener. Ni Puigdemont podría volver de rositas como si nada hubiera ocurrido, ni los gastos producidos por campañas independentistas que derivaron en simulacros electorales pueden ser echados a la espalda de la Hacienda catalana, que en sus dos terceras partes vive de la española. El error de estas salidas de tono es brutal e inquietante porque, como ha dicho el director de La Vanguardia, Jordi Juan, “cuando el ruido político y mediático por la concesión de los indultos estaba amortiguándose, la Generalitat lanza un órdago que puede provocar un nuevo frente judicial y, lo que es peor, romper los primeros puentes del diálogo que se habían establecido entre las dos administraciones”.

Lo que queda de julio y el mes de agosto pueden servir para sedimentar posiciones y templar los ánimos, pero sería bueno que el diálogo, a varios niveles, empezara en un marco mucho menos tensionado que el actual

Antonio Papell
Director de Analytiks

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