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La parálisis

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10N. Pedro Sánchez y la solucion para un acuerdo de gobierno

La política de este país se ha paralizado en el terreno normativo, que no es el único pero sí el fundamental, desde que el bipartidismo imperfecto, que ha durado desde 1982 a 2015, se ha convertido en la práctica en pluripartidismo.

En 2015, último año de una legislatura en que el Gobierno de turno disponía de mayoría absoluta (las elecciones generales fueron a finales de diciembre), se publicaron en el Boletín Oficial del Estado 16 leyes orgánicas, 48 leyes ordinarias, 12 reales decretos-leyes y 8 reales decretos legislativos. Pero en este punto terminó la normalidad: en 2016, año complejo en que se repitieron las elecciones generales en junio, se promulgaron sólo 2 leyes orgánicas, 7 reales decretos-leyes, 1 real decreto legislativo y ninguna ley ordinaria (es el único año desde la Constitución en que ha ocurrido tal cosa). Y la parálisis fue ya endémica a partir de entonces: en 2017, se aprobaron una ley orgánica (irrelevante, sobre la participación de discapacitados en los jurados populares), doce leyes ordinarias y 21 decretos-leyes. Y en lo que llevamos de 2018, se han aprobado 7 leyes (todas irrelevantes menos la sexta, que es la de Presupuestos) y 10 reales decretos-leyes.

El Gobierno actual, que surgió de la moción de censura de Pedro Sánchez con la que fue descabalgado Mariano Rajoy, se apoya en una mayoría muy exigua de apenas 85 diputados, y, aunque pueda desarrollar una labor interesante al margen de la renovación legislativa, es claro que le será muy difícil impulsar propuestas de calado por la nula disposición a ello de los demás actores.

Sería una magnífica oportunidad para obtener ciertos consensos que son necesarios —el más claro es el educativo— ya que nadie estaría en condiciones de oponer una visión hegemónica y no habría más remedio que armonizar lo dispar. Pero, con la vista puesta en las elecciones de diciembre del 2020 aunque con claras posibilidades de que se anticipen, los partidos están tan sólo atentos a su propio posicionamiento. Ciudadanos, que perdió pie cuando el PSOE consiguió el Gobierno, está intentando afianzarse en el hemisferio conservador una vez perdido el centro del espectro. Y Podemos, que languidece en una decadencia voluntaria y poco comprensible, hará cuanto pueda para diferenciarse del PSOE, en la línea destructiva que ya practicó Anguita en su momento (aunque no llegue a emular la famosa pinza con Aznar, que perjudicó a los socialdemócratas en Andalucía y en el Estado y terminó desacreditando a la izquierda poscomunista).

En definitiva, estamos sumidos en una parálisis que tiene una causa clara, ya sugerida más arriba: las formaciones políticas entienden que la negociación y le pacto para conseguir consensos que se plasmen en avances legislativos favorecen al Gobierno (sea el que sea), y por tanto a la continuidad del PSOE en el poder, por lo que es de aplicación la célebre máxima medieval: “al enemigo, ni agua”.

Sucede sin embargo que el modelo cuatripartito al que nos han llevado los acontecimientos —la gran crisis de 2008 desacreditó gravemente al PP y al PSOE, sobre cuyos hombros recayó el desastre en fases diferentes— no funciona si las formaciones presentes son incapaces de dialogar, negociar y pactar. Porque la mayoría parlamentaria no es posible de formar mediante el pacto de dos grupos parlamentarios únicamente (PP+C’s suman 169 escaños y PSOE-UP 156), de forma que, o se consigue un pacto a tres, o han de intervenir las minorías nacionalistas (9 diputados de ERC, 8 de CDC, 5 del PNV, 2 de Bildu 1 de Coalición Canaria). Y nada de todo ello es fácil.

Nuestro sistema parlamentario tampoco previó esta situación (la tesis de la mayoría de los constitucionalistas era que, con la Carta Magna y el régimen electoral proporcional corregido, el sistema alumbraría perpetuamente un bipartidismo imperfecto). Y la capacidad de veto del Gobierno en el Reglamento del Congreso, basada en una lectura laxa del art. 134.6 de la Constitución, que se la otorga cuando el proyecto de ley tiene trascendencia económica, ha impedido debatir y aprobar numerosas leyes, ante el silencio cómplice del Tribunal Constitucional. Porque es evidente que cualquier norma tiene trascendencia económica, por remota que sea, de forma que si se aplica rígidamente este criterio, sólo el Gobierno poseería iniciativa legislativa.

En definitiva, la conclusión es dramática: si no cambian las actitudes, la parálisis actual se consolidará sine die, ya que las encuestas afirman que se de momento se mantendrá el modelo cuatripartito, aunque cambie el orden de los actores. De donde se desprende que, o se abren las mentes para dar cabida a una relación más flexible entre los partidos, de forma que el pacto sea la regla y no la excepción, o habrá que pensar en cambiar el sistema electoral por otro mayoritario a una o dos vueltas que garantice la gobernabilidad.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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