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La reconstrucción tras el coronavirus

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Cuando a principios de año se desató la crisis del coronavirus, la globalización  seguía estando tensionada por los consabidos populismos de ambos extremos, que controlaban los escenarios.  Sin embargo, con la difusión de la pandemia parece claro que ha habido —está habiendo— un corrimiento hacia el centro que podría devolver el protagonismo ideológico a las corrientes tradicionales, en detrimento de los radicalismos, que tienen siempre un problema cuando han de confrontarse con la realidad. Si no fuera por el desaforado e inefable Trump, que esté poniendo en marcha una histriónica y peligrosa estrategia para intentar ganar a cualquier precio las elecciones de noviembre, podría decirse que la pandemia ha engendrado una corriente espontánea de moderación, quizá por la evidencia de que sólo con realismo pueden enfrentarse problemas graves con poderosa encarnadura.

Ha habido profusión de análisis en la prensa nacional e internacional —aquí, resalta un trabajo de Ramón González Férriz en El Confidencial— que ponen de manifiesto el viaje al centro de buena parte de la política global en estos meses: los demócratas norteamericanos se han inclinado finalmente hacia el moderado Biden en detrimento del radical Sanders; en el Reino Unido, Boris Johnson ha bajado el diapasón de sus genialidades y está practicando prudentes políticas de confinamiento una vez recuperado de la COVID-19 y perdido el tren de la tecnología, en tanto el moderado Keir Stamer ha sustituido al izquierdista Jeremy Corbyn al frente de los Laboristas; el italiano Salvini y su Liga de extrema derecha están en baja ante la emergencia de un personaje moderado y prudente como es Giuseppe Conte; en Alemania, la templada Merkel, que estaba de salida, ha recuperado el prestigio y la iniciativa y está proponiendo soluciones audaces y viables a la crisis; en Francia, las fugas del partido de Macron se compensan con la solidez del apoyo del Movimiento Centrista de François Bayrou con casi una cincuentena de diputados que forman el grupo MoDem en la Asamblea nacional…

En España, todo esto ha coincidido con la formación de un gobierno de izquierdas PSOE-UP, al frente de un heterogéneo abanico de apoyos, algunos francamente embarazosos como el de ERC; posteriormente, tras las elecciones de noviembre que supusieron el fracaso de la estrategia derechista de Ciudadanos (que cayó de 57 escaños a 10), se ha producido el cambio de rumbo de este partido, una formación que nació con entidad y vocación centristas y se había escorado hacia posiciones reaccionarias, hasta que los propios electores, tras propinarle un castigo sin precedentes, han forzado su regreso al centro.

En este paraje moderado, equidistante, propenso a los consensos y a las soluciones racionales, deberían formarse las asociaciones de la coalición de gobierno con otros grupos para buscar adecuadamente la salida de la crisis. Es notorio que Ciudadanos, reducido a la mínima expresión aunque con buenas expectativas según las primeras encuestas, está todavía buscando su ubicación correcta, pero el papel que ha desempeñado en la crisis sanitaria, facilitando el mantenimiento del estado de alarma —vital y sin opciones alternativas— ha sido revelador. La falta de colaboración de la derecha a la pandemia —diríase que pretende aprovecharse de ella para ganar oportunidades— ha dado lugar a algún incidente chusco, como el infumable pacto del PSOE y UP con Bildu, pero parece que no ha sido más que un inmenso error, que no es poco pero que on ha introducido cuñas insalvables en el Ejecutivo.

Sobre la precaria mayoría parlamentaria que forman PSOE y UP, con la colaboración siempre onerosa de C’s y el PNV, tendrá que fundamentarse la reconstrucción económica del país, que necesitará recabar todos los apoyos posibles de la Unión Europea, plantear un plan de actuación extendido a varias legislaturas (como ha  indicado con acierto Hernández de Cos, gobernador del Banco de España) y elaborar anualmente unos presupuestos generales del Estado capaces de plasmar las políticas de reequilibrio, fortalecimiento y mejora de las finanzas públicas, modernización del país y aplicación de las nuevas tendencias en materia de nuevas tecnologías, cambio climático, etc.

El poder del eje franco alemán

La Unión Europea, consciente de la envergadura del problema sanitario que se abatía sobre el mundo, se apresuró a desactivar el pacto de estabilidad y crecimiento, con lo que desaparece el corsé de los déficit excesivos y los países tienen margen para defenderse de la pandemia y realizar las inversiones precisas para mantener hibernada la economía. Posteriormente, España, en buena conexión con Francia e Italia —los tres países con epidemias de intensidad comparable y con situaciones económicas parecidas—, pidió un plan Marshall con recursos no retornables, de forma que las ayudas comunitarias no generen déficit. El BCE amplió los márgenes de su plan de compras de activos, con lo que se prevenía una crisis de deuda, y se pusieron en tensión los recursos del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad, con ayudas fuertemente condicionadas), las ayudas del Plan Europeo de Inversiones y un fondo para el empleo que sostendrá los ERTEs. Pero faltaban recursos para la reconstrucción… Y un modo de obtenerlos que no supusiera incrementar la deuda externa (España está ya más allá del 95% del PIB e Italia en el 135%)

Como es conocido, los Países Bajos (secundados bajo mano por Alemania) han encabezado la oposición frontal a una mutualización de las ayudas al Sur, que supuestamente no sería aceptada por los electores. Pero Alemania, con una Merkel fortalecida por el éxito contra la pandemia, ha buscado otras vías para que las ayudas sean, al menos en parte, subvenciones y no créditos

El Consejo Europeo del pasado 23 de abril aprobó escuetamente la formación  de un fondo europeo de reconstrucción capaz de atacar los estragos ocasionados por el coronavirus en todos los países infectados. Y encargó al Eurogrupo formular una propuesta. Sánchez llevaba en las alforjas su ‘plan Marshall’, que sería financiado con deuda perpetua a un tipo de interés muy bajo. La alternativa que ya se barajó entonces, en previsión a los obstáculos, era que la cantidad destinada a aquel fin se endosara a los presupuestos de la UE, aunque la Unión tuviera que endeudarse, se entiende que colectivamente. La Comisión Europea no llegó a pasar sin embargo de las vaguedades en sus declaraciones afirmativas.

El intríngulis de la cuestión era, en definitiva, el deseo de los países europeos más afectados por la pandemia —España, Italia y Francia— de no ver incrementado su déficit, algo que ocurriría si en lugar de subsidios recibían créditos.

No había habido más noticias sobre el particular —pese a lo urgente que es comenzar a restañar heridas— hasta que el pasado lunes la canciller Merkel y el presidente Macron mantuvieron una reunión virtual en la que acordaron un plan de cuatro puntos, uno de los cuales era el fondo de reconstrucción para la solidaridad y el crecimiento. Los otros tres pilares versaban sobre la estrategia sanitaria (que incluye la creación de reservas estratégicas europeas de material, así como la coordinación de las licitaciones par adquirir vacunas y medicamentos), la aceleración de la transición ecológica y digital y el fortalecimiento de la capacidad y la soberanía industrial europeas. Según explicó posteriormente Macron a la prensa, el fondo, los 500.000 millones de euros que serán lanzados a los mercados “en nombre de la UE” […], “tienen vocación de ser reembolsados” a través de fondos comunitarios y no de los países individuales, para lo que habrá que trabajar en un “calendario y modalidades”. Más adelante, el líder francés especificó que tales recursos “no serán reembolsados por los beneficiarios de esos fondos”, que irán destinados a “los sectores más afectados en las regiones más afectadas” por la crisis.

Los analistas han interpretado que ese medio billón de euros —la tercera parte del billón y medio que se manejó en los primeros tanteos—  podría ser financiado con una emisión de deuda conjunta avalada por los estados miembros y reembolsable a través de los presupuestos de la UE. En otros términos, se procederá a una ampliación temporal del techo de gasto del presupuesto de los veintisiete hasta conseguir un margen, avalado por los países miembros, que permitirá a la Comisión endeudarse en el medio billón comprometido.

Si prospera la fórmula, Alemania habrá conseguido lo que parecía imposible: que las deudas no sean créditos que engrosarían el déficit sino subvenciones que no son a fondo perdido sino que serán reembolsadas a través de programas ubicados en el marco presupuestario europeo. Es obvio que el debate del coronavirus se transfiere así al otro debate, el propiamente presupuestario, que ya era virulento antes de que apareciera la pandemia; no es difícil imaginar las complicaciones que se suscitarán cuando se plantee la devolución de la inmensa partida destinada a la reconstrucción. Pero el asunto está sobre la mesa y no será fácil echarlo atrás.

El eje francoalemán ha resucitado, en fin, tras la convulsión producida en el ámbito europeo por el brexit. Para alivio de la liviana presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, que el próximo día 27 podrá presentar el proyecto de fondo de reconstrucción que sin duda suscitará debate. Aunque la solidez del acuerdo París-Berlín permite presumir que las objeciones serán más retóricas y testimoniales que capaces de paralizar la propuesta.

Es vital para España que al menos una parte del gasto provocado por la pandemia no sea reembolsable

Es vital para España que al menos una parte del gasto provocado por la pandemia no sea reembolsable. Los negros pronósticos derivados de la fuerte caída del PIB y de la necesidad de salvar en lo posible el tejido empresarial hasta que se recupere la actividad se suavizan gracias a la promesa de estos recursos que servirían, entre otras cosas, para fortalecer la fe en Europa de una mayoría hoy escéptica de españoles.

Dudas sobre la comisión de reconstrucción española

Ha sido noticia que la primera sesión, celebrada la pasada semana, de la comisión de reconstrucción creada en el Congreso para intentar planificar la salida de la crisis económica suscitada por la COVID-19, a la que no ha acudió Vox, se desarrolló “con un inesperado clima de consenso”, y prueba de ello fue que “los grupos no profirieron ni insultos ni ataques, políticos o personales”. Esta información, que proviene de uno de los grandes periódicos estatales, aclara que a esta paz súbita “ayudó mucho la intervención de la portavoz popular, la médica y expresidenta de la Cámara, Ana Pastor, que no lanzó siquiera una sola crítica ni al Gobierno ni a ninguno de sus componentes”. Algunos ya sabemos que Pastor es una extraordinaria excepción en el zoo de criaturas vociferantes que es nuestra política.

En la reunión se decidió que la comisión, presidida por Patxi López, un político pacífico y con mano izquierda, y que deberá concluir a finales de julio, escuchará la opinión de 41 comparecientes, miembros del gobierno y de la sociedad civil. Por el gobierno, depondrán ante la comisión los vicepresidentes Iglesias, Calviño y Ribera, y los ministros Illa, Díaz, González Laya y Montero.

Lo lógico e inteligente no es devolver a la vida lo anestesiado sino aprovechar la coyuntura para promover un salto cuantitativo, para impulsar los procesos de modernización pendientes,

Reconstruir este país después de la COVID-19 es una tarea hercúlea que no debería limitarse a procurar que, en lo posible, al término de la pandemia las cosas vuelvan a ser como eran en enero pasado. Con independencia de que tal designio es imposible —no todo lo que se aletarga puede resucitar, ni tiene sentido que así sea—, lo lógico e inteligente no es devolver a la vida lo anestesiado sino aprovechar la coyuntura para promover un salto cuantitativo, para impulsar los procesos de modernización pendientes, para acelerar proyectos —la lucha contra el cambio climático, la digitalización— que necesitaban un catalizador y un incentivo para ponerse en marcha. Y es muy dudoso que semejante especulación intelectual pueda realizarse en menos de dos meses, en los ratos libres que sus múltiples ocupaciones dejen a un grupo de parlamentarios de segundo nivel.

El plan de trabajo de la comisión que fue planteado inicialmente por los socialistas estaba formado por cuatro bloques: sanidad, reactivación económica, políticas sociales y Unión Europea. En esta arbitraria clasificación, la educación estaba incluida en el bloque de reactivación económica, pero finalmente, en el documento constitutivo, ha pasado al de políticas sociales, cuya tarea se guiará por la siguiente descripción oficial: “Acordar medidas para el refuerzo de nuestro sistema de protección social y de los ciudadanos, de forma que se pueda garantizar la dignidad y el bienestar de las personas que resulten más vulnerables como consecuencia de esta crisis. Se tratarán también las políticas educativas y culturales”… No hace falta aguzar el ingenio para entender que la cuestión educativa queda como un estrambote irrelevante en el soneto de la preocupación social. Sus señorías no han entendido que este país, que apenas dedica a la educación el 4,2% del PIB (está en la parte baja de la UE), sólo saldrá en un tiempo prudencial de la crisis si consigue ganar productividad gracias a la reforma intensa y lo más consensuada posible del modelo educativo y a una inversión creciente en I+D que al menos nos iguale a los países del entorno, que hoy nos doblan en semejante partida estratégica.

Los medios han publicado críticas acerbas a esta ausencia de la educación en la declaración de intenciones que guía a la citada comisión. La exministra Mercedes Cabrera, sin ir más lejos, ha calificado el hecho de “error tremendo” y ha recordado que la educación “es un pilar central del futuro y la planificación del país”. Pero, como es habitual, nadie ha hecho caso.

La realidad es, desgraciadamente, que esta comisión es un señuelo voluntarista para que la opinión pública crea que la clase política siente verdadera inquietud por la recuperación de un futuro que acaba de frustrarse, y que para ello las fuerzas políticas están dispuestas a realizar algún sacrificio y a dar alguna prueba de generosidad. El intento es bueno pero no resulta creíble. Los pactos que se requieren son ejecutivos —deben incluir una serie de presupuestos generales del estado durante un par de legislaturas—, y de bien poco nos servirá la liturgia esmerada de una comisión vulgar en la que ni siquiera están sobreentendidas las buenas intenciones y en un parlamento en que el insulto es la herramienta preferida de sus señorías.

Un ejemplo: la ley de Cambio Climático

El pasado martes, el gobierno aprobó en consejo de ministros el anteproyecto de la ley de Cambio Climático, una norma que en principio nada tiene que ver con la COVID-19 porque su concepción es muy anterior a la pandemia y que, por compromiso electoral, debía haber llegado al parlamento dentro de los cien primeros días del nuevo ejecutivo. Pero el asunto viene al caso porque, como se ha sugerido más arriba, la crisis debería servir para ganar tiempo en la implementación de las grandes reformas.

Es plausible que las instituciones muestren capacidad de diversificar su acción, aunque algún asunto dominante reclame la mayor parte de la atención (la pandemia no ha sido obstáculo para avanzar en este terreno). Y en este caso, la norma en ciernes podría convertirse en uno de los vectores de progreso de la reconstrucción que se avecina. Esto es, de la puesta en marcha del país sobre nuevas bases después de la tragedia, y con ideas más avanzadas y ambiciosas que las que quedaron atrás.

La norma tiene por objeto cumplimentar los compromisos de la cumbre de París y persigue un objetivo central que ya se ha quedado obsoleto: la descarbonización del país en 2050 —¡dentro de 30 años!—, cuando el 100% de la generación de electricidad deberá ser renovable. También en 2050 el parque de automóviles y vehículos comerciales ligeros deberá alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero (0gCO2/km); para conseguir este objetivo, a partir de 2040 todos los vehículos nuevos que se vendan deberán haber abandonado el motor de combustión. Veinte teóricos años faltan para una mudanza que, gracias a la tecnología disponible, podría materializarse en poco tiempo. La norma, que incluye diversas metas intermedias, contempla también un cúmulo de medidas diversas, como el blindaje de las zonas urbanas libres de emisiones, cuya reversión deberá ser aprobada por el Gobierno (es de hecho un blindaje al Madrid Central y otras realizaciones similares).

Una vez que las fuentes de electricidad sean limpias, el principal agente contaminante será el transporte, y dados los avances conseguidos en la implantación del coche eléctrico, no tiene sentido mantener todavía dos décadas la fabricación del motor de explosión, diésel o gasolina, como pretenden los fabricantes, que además intentan que el gobierno subvencione todos los vehículos, y no sólo los limpios, a partir de ahora para promover la renovación del parque.

Lo que el sector debe hacer es concluir la revolución tecnológica que implica la total electrificación —todavía hay problemas en la capacidad de almacenamiento de las baterías— y ponerse a la cabeza de la transformación, llevando a los museos los complejísimos (innecesariamente) automóviles basados en combustibles fósiles. Un coche con motor de explosión tiene más de mil piezas, y uno eléctrico poco más de doscientas. La clientela está a la espera del muevo vehículo eléctrico (y de ahí, en parte, la caída de la demanda del coche convencional), y es inimaginable que las sociedades adelantadas estén dispuestas a convivir tanto tiempo con la contaminación. Habrá que permitir que envejezca el parque actual, obviamente, pero de ningún modo la renovación puede seguir siendo un sórdido manantial de gases contaminantes.

En definitiva, la revisión integral de esta ley, el acortamiento de los plazos que se requieren para que vivamos todos en una atmósfera limpia, debería ser la primera consecuencia de la pandemia, el resultado de la experiencia amarga acumulada durante el confinamiento y de cara a la profunda recesión que nos aguarda. La reconstrucción ha de hacerse con una ambición muy superior a la de antes de la COVID-19 y hacia metas que no podíamos haber imaginado.

Iberia Navidad
Antonio Papell
Director de Analytiks

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