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Las víctimas de las crisis del siglo

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Decía Joaquín Estefanía hace unos días que el problema de la juventud en España no es el de quienes salen abruptamente enfurecidos a las calles de las ciudades a mostrar su irritación y su exasperación con el pretexto del encarcelamiento de un rapero vociferante y desorientado sino el de los otros jóvenes, que son muchos más, que permanecen ociosos, silentes y pasivos ante una postergación sin precedentes en la historia reciente, que se caracteriza por haber recibido una formación manifiestamente mejorable, no haber encontrado un empleo estable y dignamente remunerado acorde con su formación, no estar ni de lejos en condiciones de emanciparse, ni siquiera tener expectativas de hacerlo a medio o largo plazo.

El veterano periodista evidenciaba que una persona nacida en 1992 —que pertenece por tanto a la generación llamada de los millennials o generación Y—, el año de los grandes fastos en que parecía que este país iba a alcanzar gloriosas metas, apenas tenía 15 años cuando comenzó la Gran Recesión 2007-2014 y cumplirá los 30 en plena pandemia de la COVID-19. La llamada generación Z (entre 16 y 23 años actualmente) no está mucho mejor, puesto que sale a la vida en el peor de los momentos de las últimas décadas, cuando todavía no se ha iniciado siquiera el proceso de reconstrucción de lo devastado, que es mucho, después de un año de muerte y parálisis, sobrepuesto a una década de mediocridad y esfuerzo por salir del pozo.

Y mencionaba Estefanía al Papa Francisco, cuya voz ha puesto de relieve el gran sinsentido de nuestra civilización en estos albores del nuevo milenio: “Hemos creado una cultura que, por un lado, idolatra a la juventud queriéndola hacer eterna, pero, paradójicamente, hemos condenado a nuestros jóvenes a no tener un espacio de real inserción, ya que lentamente los hemos ido marginando de la vida pública, obligándoles a emigrar o a mendigar por empleos que no existen o no les permiten proyectarse en un mañana”.

El caso es de una gravedad extrema porque, dejando aparte los cataclismos mundiales del siglo XX, siempre se había cumplido el contrato intergeneracional, vinculado a la ley natural, por el cual cada generación deja a la siguiente un porvenir más boyante que el propio, con nuevas herramientas y nuevas oportunidades. Y actualmente, no sólo estamos inmersos en una secuencia de crisis que ha destruido los grandes valores de la civilización —la solidaridad y la igualdad de oportunidades, la red inferior para que no haya colectivos desintegrados, una mínima seguridad vital para todos—, sino que avanzamos hacia un modelo tecnológico que cambiará radicalmente las nociones del trabajo y de la seguridad, generando una automatización que enviará al desempleo a todos los trabajadores que ejecuten rutinas, incrementará el desempleo estructural que ya padecen algunos países desarrollados como España y relegará el trabajo humano tal como lo conocíamos a categorías subsidiarias.

No es malo en absoluto, sino al contrario, que este país aproveche la pandemia para reformar su modelo de desarrollo. Es preciso que la modernización material —digitalización, descarbonización, industrialización— favorezca la aplicación de nuevas tecnologías a la generación de nuevas actividades de alto valor añadido, a costa de que decaiga en parte nuestro ineficiente sector servicios, gran parte del cual está obsoleto y genera un empleo de pésima calidad. Pero este tránsito, que deberá apoyarse en un especial esfuerzo formativo —la ley Celaá ha de implementarse cuanto antes y con los recursos suficientes, mientras se reforma también la Universidad— generará un vacío en el escenario laboral que tendrá que ser colmado mediante un digno salario de subsistencia (una especia de renta básica universal) a quienes tarden demasiado en acomodarse al engranaje de los tiempos nuevos.

En definitiva, estamos generando una fractura que pronto se hará muy evidente entre los instalados (trabajadores que han sobrevivido laboralmente a las crisis del siglo XX y una minoría que ha conseguido acomodo durante el periodo porque ha acertado al detectar los nichos de empleo) y los desinstalados sin esperanza, que son los jóvenes de hoy y los mayores que han ido cayendo derrotados a lo largo de la travesía. Entre ambos grupos, la desigualdad se ha incrementado según todos los estudios socioeconómicos realizados, y no parece que estemos cerca de regresar ni siquiera a la fase previa de la Gran Crisis, en la que ya se observaban síntomas de descomposición de un sistema económico basado en el ladrillo y el turismo y asentado sobre una gran burbuja inmobiliaria. Por todo ello, la política real debería tener como principal objetivo poner coto a estos saltos generacionales que abren brechas en la convivencia y que pueden producir en cualquier momento un cataclismo.

Resumidamente, el gran reto que han de resolver las generaciones que están en el poder y los sectores sociales ya instalados es la instalación de los flujos generacionales que irrumpen en el mercado laboral en el peor momento de la cuarta revolución industrial (4.0), que es aquella que, en la segunda década del siglo, se caracterizó por la aparición de tecnologías tales como el internet de las cosas (IoT), computación en la nube, realidad aumentada, robótica e impresión 3D. Y, por supuesto, la nueva tecnología 5G.

¡Basta ya! de los empresarios catalanes

Ja n’hi ha prou”, “ya basta” en catalán, fue el lema del manifiesto que más de doscientas entidades, entre ellas (a regañadientes pero obligadas a no quedarse solas) algunas cámaras de comercio en manos de los independentistas, emitieron el jueves pasado en demanda de que se aúnen los esfuerzos en favor de la recuperación y de que se condene la violencia gratuita que ha padecido la ciudad con el pretexto del encarcelamiento de Hasél, ese rapero violento que ha ido a prisión por reincidencia (el reconocimiento de que, en principio, nadie debe ir a prisión por excesos en el uso de la libertad de expresión no evita que la opinión que merezca este sujeto, convertido en protagonista por la CUP y los antisistema, sea más bien negativa para quienes seguramente no apreciamos suficientemente ni su arte ni su ingenio).

El acto de protesta arrancó con la intervención del presidente de Pimec (la patronal más representativa de las pymes y los autónomos), Antoni Cañete, mientras que la clausura correspondió al presidente de Foment del Treball (la principal patronal de Cataluña), Josep Sánchez Llibre. Intervinieron también representantes de los sectores más perjudicados, sobre todo de hostelería y comercio. Y el apoyo al manifiesto congregó una amplia representación de estos sectores, junto con los de la cultura y de las grandes empresas. A las ya conocidas adhesiones del Cerle d’Economia, Femcat, Barcelona Global y el Círculo Ecuestre, se añadieron todas las entidades relacionadas con el comercio, entre ellas Barcelona Comerç, y grandes empresas como Cellnex, Agbar, Mercadona y Cirsa.

El documento arrancaba con este doliente reconocimiento: «Los ciudadanos catalanes, y también los empresarios, estamos agotados. Justo cuando, con grandes esfuerzos y sacrificios en rentas y puestos de trabajo, salíamos de la grave crisis financiera que hemos sufrido durante diez años, hemos sido golpeados por la covid y por las medidas adoptadas por las diversas administraciones públicas para combatirla». Por prudencia, no se hizo en esta ocasión alusión al desgobierno catalán de los últimos años, suscitado por la ineptitud de un ejecutivo nacionalista fracturado y mal avenido internamente y en absoluto preocupado por las cosas de comer de los catalanes.

«La aparente parálisis gubernamental se ha visto agravada por los comportamientos violentos e incívicos de las últimas semanas que contribuyen a hundir, hasta niveles nunca vistos, la imagen de Catalunya y de su capital», seguía diciendo el documento de los congregados. Y a partir de aquí, los firmantes asumían el compromiso de recuperar Barcelona mediante la colaboración público-privada. Tras manifestar su respeto a la libertad de expresión —no era cosa de que fuesen malinterpretados—, pedían «al Govern de la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona y al resto de ayuntamientos de Catalunya que ejerzan su autoridad democrática y sus responsabilidades sin complejos, con el fin de recuperar la convivencia y la paz en nuestras calles», no sin expresar «nuestra enorme preocupación por los disturbios, actos de violencia, destrozos de bienes públicos y privados y saqueos que se han producido y se siguen haciendo por todo el país, y muy especialmente en la ciudad de Barcelona».

Exigían a las instituciones y a los partidos apoyo a las fuerzas de seguridad, y urgían «a formar el nuevo gobierno sin dilaciones: un gobierno estable, cohesionado y activo que tenga como objetivo principal la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia». Y, por si hubiera dudas, expresaron así su voluntad: «Reclamamos un Gobierno que defienda la economía productiva, el empleo y el Estado de bienestar; que sitúe la recuperación económica y la cohesión social como su objetivo principal; que mantenga el orden, es decir, que garantice el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades para todo el mundo, y el normal funcionamiento de las instituciones; y que dé seguridad jurídica». Para ello, sugerían la firma de un Pacto de País que persiga todos estos objetivos. Ni que decir tiene que las fueras nacionalistas están en otra cosa. Porque, paradójicamente, si hubo que recurrir a las urnas porque JxCat, ERC y CUP eran incapaces de gobernar juntas, las elecciones han generado irónicamente la misma correlación de fuerzas. Y si entonces no hubo modo de acordar, tampoco tiene por qué haberlo ahora.

El grito de la sociedad civil catalana es desgarrador, y resulta perfectamente comprensible a la vista de que estamos en la tercera semana posterior a las elecciones y no hay indicio de que se vaya a formar gobierno (la situación real es la misma que antes de las elecciones, o sea la que mostró una clara ingobernabilidad). Y por añadidura, la falta de iniciativa política se superpone a un estallido social auspiciado por los antisistema y por la CUP, que es el partido independentista que debería dar estabilidad a un gobierno nacionalista.  El panorama es muy negro si no cunde cuanto antes el sentido común y la idea de transversalidad que anteponga la reconstrucción al soberanismo.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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